El miércoles 6 de abril, durante la Cumbre de los Derechos Humanos y la Democracia auspiciada por la ONG internacional United Nations Watch y las 25 organizaciones asociadas entre las que se encuentra la Asociación Iniciativa Por Venezuela, denunciamos, como lo hemos hecho por años, la presencia de Rusia y otros regímenes autocráticos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Foro en el que, según las propias reglas de la ONU, no deberían estar.
El Consejo de Derechos Humanos fue creado en marzo de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos, instancia que se había convertido en un órgano de poca efectividad, justamente por la presencia de dictaduras y autocracias en su seno. El Consejo de Derechos Humanos se constituyó, entonces, en el foro intergubernamental universal donde los Estados miembros de la ONU debaten y acuerdan acciones globales para promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el mundo. Como piedra angular de la diplomacia mundial, su trabajo se cruza con otros desafíos globales, incluidas las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos que pueden constituir crímenes de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, tales como los crímenes que estamos viendo en este momento en Ucrania y que han sido presuntamente perpetrados por el invasor ruso.
Entre las normas adoptadas por la Asamblea General de la ONU en 2006, para que un Estado sea elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos, se estableció que los considerados como candidatos deben observar y contribuir a mantener los niveles más altos de respeto, protección y promoción de lo derechos humanos. Bien sabemos que la Rusia de Putin no ha respetado o promovido estos valores universales. Por el contrario, además de haberse constituido en un Estado policial y represor que persigue a los medios de comunicación, encarcela, tortura, asesina o envenena a disidentes y dirigentes que levanten las banderas de la libertad y la democracia en ese país, también ha tenido una conducta desafiante y contraria al Derecho Internacional, toda vez que ha invadido, hasta ahora impunemente, varios Estados y territorios soberanos.
Debido a esto, al igual que sucede con otros actores internacionales, la presencia de un Estado como Rusia en el Consejo de Derechos Humanos nos hace cuestionarnos la credibilidad y pertinencia de tales instancias multilaterales, así como la ausencia de compromiso internacional de las democracias del mundo, cuyos intereses económicos y comerciales parecen prevalecer por encima de la vida y la libertad de muchos hombres y mujeres sometidos a violaciones sistemáticas y generalizadas de sus derechos más esenciales por parte de quienes detentan el poder. Por tal razón, la suspensión de Rusia ha sido una decisión necesaria y acertada. Era indispensable enviar un mensaje diáfano de respeto al Derecho Internacional y de compromiso por parte de la comunidad internacional.
Llegar a la suspensión de un Estado no es cosa fácil. No sólo se trata de garantizar los votos, se trata de una decisión tomada entre pares. Las normas internacionales permiten a los Estados entenderse de igual a igual, sin jerarquías, y por tal motivo, no existe una figura de “tribunal”, de Poder Judicial al que un Estado pueda llevar a otro. Lo que sí existe, en cambio, es una serie de mecanismos para que, a través de esa arquitectura de acuerdos y tratados internacionales, se establezcan límites.
En el caso del Consejo de Derechos Humanos, la resolución que lo creó en 2006 incluye una disposición mediante la cual se pueden suspender los derechos de membresía de cualquier miembro del Consejo que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Es una disposición que se evita al máximo utilizar, y que sólo se invoca en grados extremos cuando el Estado concernido no acata las recomendaciones hechas por distintos actores de la comunidad internacional, incluyendo otros Estados miembros del Consejo, o cuando la gravedad de la situación lo amerita y se evidencia la imposibilidad de encontrar una solución por la vía diplomática. Por ejemplo, en marzo de 2011 se suspendió a Libia por violaciones sistemáticas y generalizadas, es decir, el uso excesivo de la fuerza contra civiles que protestaban en las calles del país, la persecución y encarcelamiento arbitrario de civiles, torturas, y el cierre de medios de comunicación, entre otros.
Las atrocidades cometidas en Libia, recuerdan las vividas por nuestros estudiantes en Venezuela en 2014 y 2017, cuando se cometieron crímenes similares y que han ameritado que la ONU creara en 2019 una Misión Internacional Independiente de Establecimiento de los Hechos, y que la Corte Penal Internacional iniciara en 2021 una investigación para determinar si pueden ser acusados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad personeros del régimen en el poder.
El día 7 de abril, la Asamblea General de la ONU votó masivamente a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Quedan, sin embargo, muchos Estados miembros que tampoco deberían estar allí, como Bolivia, China, Cuba, Pakistán, Sudán o Venezuela, porque su permanencia en la instancia más alta de promoción y protección de los derechos contenidos en los tratados internacionales firmados por todos estos Estados, da al traste con la efectividad de la medida tomada en contra de Rusia, convirtiéndolo en un acto simbólico más.
Esperamos que la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos contribuya a que sus miembros hagan del respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos una ambición global, y que cierren filas frente a violadores como Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, para tan sólo mencionar a los que se encuentran en la región de las Américas. Las acciones cruentas y desoladoras de las que hemos sido testigos en estos casi dos meses de conflicto deben servir para despertar las conciencias de los gobiernos democráticos y entender que de lo que se trata es de la supervivencia de una forma de gobierno basado en las normas, en valores, en libertades y responsabilidades, frente a otra forma de gobernar basada en la barbarie, en el ejercicio del poder por el poder sin los límites que impone la ley, y que hace de la persecución de todo aquel que piense diferente su leitmotiv.