Varias veces a lo largo de 23 años, Venezuela abrigó expectativas de librarse rápidamente del régimen socialista, lo que sucedió por primera vez en abril de 2002 y por última vez en 2019, cuando la depauperación de las mayorías generaba un enorme descontento social contra el régimen, a la vez que una amplia alianza de países desconocía su legitimidad y algunos muy influyentes le imponían sanciones que estrechaban su espacio de maniobra, a la vez que reconocían a un “gobierno interino” ejercido por la oposición.
Pero hoy, países muy importantes de la alianza internacional de 2019 la han abandonado o no comparten ya la estrategia inicial, mientras en Venezuela se constata un apoyo claro de las Fuerzas Armadas al régimen socialista y un reconocimiento exiguo de la ciudadanía a los partidos y líderes de oposición, todo lo cual ha disipado las expectativas de desplazar prontamente del poder al régimen. Y los sufrimientos de la crisis continúan pesando sobre las mayorías, porque aquella sigue siendo muy grave y no se está superando, a pesar de la narrativa según la cual “Venezuela se está arreglando”, que comparten y difunden el régimen y algunos importadores y miembros del nuevo “jet-set” caraqueño.
Ante la dramática realidad de hoy, muchos actores democráticos favorecen una negociación con el régimen, argumentando que por esa vía podría mejorarse prontamente la situación económica y social de la mayor parte de los venezolanos. En este discurso coinciden actores cuyos intereses políticos no son necesariamente convergentes, algunos de ellos comprometidos con la lucha por recuperar las libertades y otros dispuestos a abandonar la resistencia al régimen por considerarla fútil. De hecho, ya se han iniciado conversaciones preliminares, las cuales, según dejan entrever algunos voceros de la oposición, son preparatorias de una negociación cuya agenda incluye obtener una liberalización política interna a cambio de apoyar una flexibilización de las sanciones internacionales.
Pero seamos francos, si esa es la agenda de la negociación en puertas, aun si la liberalización política deseada mejorase las condiciones de competitividad de la elección de 2024, apoyar la flexibilización de las sanciones no estaría sirviendo a una pronta recuperación económica y social en favor de las mayorías. Eso no bastaría para dinamizar la economía, porque las inversiones requeridas solo se materializarían si se implementan reformas regulatorias concretas que les ofrezcan seguridad, estabilidad e injerencias estatales mínimas; y no todo tipo de crecimiento económico favorecería a quienes más necesitan recuperar su nivel de vida, hacen falta políticas orientadas a lograrlo porque no es verdad que “la mejor política social es el crecimiento económico”.
En fin, que los actores democráticos participantes en las tratativas previstas apoyen la flexibilización de las sanciones, tendría un “valor de transacción” muy alto, que solo correspondería ceder en dos escenarios hipotéticos.
La primera circunstancia que ameritaría ofrecer apoyo a la flexibilización de las sanciones, tal vez ingenua por inalcanzable, sería que el compromiso de liberalización política del régimen tuviese garantías internacionales y comprendiese condiciones perfectas de competitividad y transparencia para las elecciones de 2024, pues el triunfo seguro que obtendría la oposición en esas condiciones podría dar inicio inmediato a la recuperación económica y social.
Y el segundo caso de negociación que justificaría secundar la flexibilización de las sanciones, algo más realista aunque no del todo fácil de construir, sería que el régimen se comprometiese simultáneamente en dos planos, en una liberalización que incluya mejoras políticas y se acompañe de compromisos internacionales supervisados, y en la implementación ―también supervisada― de reformas institucionales y políticas económicas y sociales que sirvan de soporte cierto al inicio de una recuperación económica y social del país.
Que la oposición participe en unas negociaciones con el régimen ofreciendo el apoyo para la flexibilización de las sanciones a cambio de una liberalización que no se acompañe de reformas y políticas dirigidas a mejorar la situación de las mayorías solo generaría frustración general y desprestigio político para cualquier opción futura de negociar.
Si se argumenta en favor de acudir a una negociación porque ella podría abrir las puertas a una mejora cercana de las condiciones económicas y sociales de las mayorías, sería un engaño que solo se negocie en busca de logros electorales en lo inmediato, aunque ellos abran un camino de largo plazo.