El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un nuevo informe¹, el segundo en su línea, con resultados de las investigaciones de casos de violaciones de tales derechos en Venezuela llevadas a cabo por la Misión Internacional Independiente que, para ello, se creó el 27 de septiembre de 2019², con un mandato que luego, el 6 de octubre de 2020³, se prorrogó hasta septiembre de 2022.
Este informe da cuenta tanto de la utilización del sistema de justicia venezolano para la persecución política y la protección de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad como de las propias presiones a las que son sometidos jueces, fiscales y otros funcionarios que forman parte de aquel con el propósito de asegurar su cooperación o silencio; aspecto este que en él ilustran presuntos hechos denunciados por algunos de ellos, como los siguientes:
— Varios de los exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se jubilaron antes de la írrita designación de los nuevos miembros de esa instancia llevada a cabo en diciembre de 2015, por la Asamblea Nacional saliente, fueron presionados por su presidente «para que se acogieran a tal jubilación»⁴, y algunos jueces han recibido «regularmente amenazas de destitución, presiones para que renuncien, se acojan a la jubilación anticipada»⁵.
— En septiembre de 2017, los fiscales de un estado del país «que firmaron una carta en la que expresaban su preocupación por la constitucionalidad del proceso de elección de la Asamblea Nacional Constituyente» fueron citados al despacho de su superior inmediato, donde además de este los esperaban efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, para «que entregaran sus credenciales y firmaran una notificación de despido»⁶.
— Exmagistrados del Tribunal Supremo, mientras aún ocupaban sus cargos en esa institución, «eran convocados a reuniones de la Sala Plena en las cuales se les presentaban sentencias ya preparadas para su firma», sin «tiempo para leer la sentencia, ni para reflexionar»⁷.
— A una exsecretaria de la misma instancia, después de redactar una sentencia con la que no estuvo de acuerdo la presidenta, el asistente de esta «le ordenó que preparara una carta solicitando su propia jubilación. Al principio, ella se negó […]. Sin embargo, tras importantes presiones, acabó accediendo»⁸.
— Funcionarios de los órganos judiciales, «en los casos políticos, internamente denominados “casos emblemáticos”, recibían instrucciones o presiones sobre cómo decidir»⁹.
— A partir de enero de 2017 se intensificaron las presiones contra los fiscales que, el año anterior, le dieron un nuevo impulso a investigaciones que «supuestamente revelaron la participación de numerosos funcionarios políticos de alto rango en tramas ilícitas que implicaban muchos millones de dólares», a tal punto que «un exfiscal comparó este período con “una película de terror”»¹⁰.
— Antiguos jueces y fiscales «realizaban su trabajo bajo el temor de sufrir una persecución penal en virtud de demandas maliciosas y espurias», y uno de ellos afirma que el caso de la juez María Lourdes Afiuni «fue un ejemplo para todos»¹¹. El régimen, según un exmagistrado, «tiene casos preparados y a la espera de que se hagan públicos contra ciertos jueces como forma de chantaje para mantenerlos a raya»¹².
— Algunos de ellos, al igual que sus familiares, «han sido objeto de amenazas e intimidaciones, entre ellas escuchas telefónicas, vigilancia y seguimiento»¹³, y otros han sido amenazados «por miembros de los colectivos u otros grupos armados no estatales»¹⁴.
— Un conjunto de casos adicionales de acoso e intimidación incluye el de una exfiscal que tras su despido «empezó a recibir llamadas telefónicas […] de personas anónimas que le decían que habían visto fotos suyas en las protestas contra la Asamblea Nacional Constituyente»¹⁵, así como el de otra exfuncionaria que, mientras se desempeñaba como secretaria del Tribunal Supremo y por «negarse a seguir instrucciones en varios casos, comenzó a sufrir un acoso laboral gradual y creciente», incluso luego de quedar embarazada, lo que la llevó a sufrir un aborto espontáneo y finalmente a renunciar después de un año en el que cada día la obligaban a «sentarse en una oficina vacía todo el día»¹⁶.
— Más allá de las amenazas, en el sistema judicial se recurre al control de diversos aspectos de la vida, tales como el salario o la residencia, para convertirlos en mecanismos coactivos. Un exjuez, verbigracia, señala que «los bajos sueldos crean una especie de “estrangulamiento” sobre los jueces y fiscales, de modo que las personas honestas se van y las que deciden quedarse tienen que sobrevivir por medios deshonestos»¹⁷, y un exmagistrado, al referirse a la situación de aquellos instalados en Fuerte Tiuna, que sus decisiones las toman teniendo en cuenta que deben «dormir “en la boca del lobo”»¹⁸.
Se trata de un sistema en el que, si bien no son pocos los violadores de derechos humanos cuya autónoma actuación criminal deriva de factores como la sociopatía, el odio, la maldad, la ambición unida a la ausencia de escrúpulos u otros de semejante índole, todo empuja a prácticas coactivas a través de la coacción dentro de la estructura de un Estado secuestrado por un grupo delincuencial que, a su vez, es parte de un emporio global del crimen, aunque ello no justifica ni exime de culpas a quienes deciden ayudarlos a sostener su aparato represivo. Y maquinarias de este tipo, que convierten a víctimas en victimarios, no son nuevas.
Los regímenes totalitarios se han caracterizado precisamente por constituirse en gigantescas trampas de variadas presiones en las que las acciones derivadas de estas, dentro del marco de lo que el propio régimen hace creer que es aceptable para (sobre)vivir o «luchar» en él, conducen siempre al mantenimiento del statu quo o, peor, a su deterioro en beneficio de los intereses de los opresores, lo que solo deja dos opciones en lo que a la procura de la libertad respecta: escapar del sistema para poder disfrutar y aprovechar el clima de respeto de los derechos fundamentales en uno democrático o ser parte de un despertar de la mayoría que lleve a ver el ardid, tras las apariencias a cuya creación y perpetuación contribuye esta sin advertirlo, y a actuar entonces fuera del mencionado marco para su total destrucción y el ulterior establecimiento de un Estado de derecho.
La historia, claro, muestra que lo primero ha sido lo más frecuente, para desgracia de muchas naciones, pero, en todo caso, vale la pena insistir con mayor ahínco ahora en la promoción de lo segundo a la luz de aquel conjunto de evidencias que corrobora y expone lo que tanto se han negado algunos a aceptar por poner en peligro la integridad de su sistema de «verdades», esto es, que la encubierta coacción es la argamasa de una estructura en la que la manifiesta violencia se entreteje con una red de sutiles engaños y manipulaciones que hacen actuar a quienes se consideran el culmen mismo de la inteligencia y la «viveza» en favor de esos a los que no quieren dejar de tomar por cuadrumanos de pocos sesos —aunque en realidad no sean estos, también hay que decirlo, el fastigio de aquellas—.
De haber tomado Churchill y sus aliados a los nazis por tales, muy probablemente hoy estaría marchando el mundo con la mirada en el suelo y retazos de alma bajo la bandera con la esvástica.
Sea lo que fuera, es hora ya de entender que la improvisación no es la fuente de las criminales prácticas de los nuevos regímenes totalitarios, como no lo fue en los del siglo XX ni en aquellos de otro género, pero también tiránicos, que los precedieron, por cuanto se han nutrido, como lo hicieron estos, de centurias y centurias de experiencias de torturas, amenazas, chantajes, imposturas y maquinaciones que se han ido refinando a la par del avance de la tecnología.
Las antiguas quemas de multitudes encerradas en graneros u otros edificios, por ejemplo, fueron transformadas por los nazis en gaseados con Zyklon-B dentro de una sofisticada y camuflada maquinaria de exterminio, y la Sippenhaft integrada por estos en su torcido arsenal jurídico ha sido usada, según el citado informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como uno de los tantos resortes del coactivo y manipulativo tinglado del chavismo¹⁹; algo que, de hecho, pudo atisbarse cuando aprisionaron a la madre de los hermanos Tarazona, activistas de FundaRedes, a mediados de julio de 2021²⁰.
No son estas teorías de la conspiración o fantasías producto del desbordamiento de mentes calenturientas. Son recursos de los que echan mano quienes están dispuestos a todo con tal de mantener un sistema en el que puedan afianzar y hasta expandir su emporio delincuencial, y protegerse además de la acción de la justicia internacional, por lo que así como a nadie sorprende el que de las 113 personas que manifestaron haber sido víctimas de tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, durante el período al que se refiere ese informe, 67 comparecieran «ante el tribunal con claras marcas de maltrato» o plantearan denuncias sobre ello «durante las audiencias»²¹, o cualquiera de los otros casos que allí exponen los aspectos más crudos de la violencia del totalitario régimen chavista, tampoco debería hacerlo la revelación de algunas piezas del lado invisible, más oscuro, de su criminal praxis.
El camino hacia la libertad, en el contexto de las luchas contra los regímenes neototalitarios, comienza en su reconocimiento como las trampas que son.
Notas
¹ NACIONES UNIDAS, Consejo de Derechos Humanos. Conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. [Ginebra, Naciones Unidas], 16 de septiembre de 2021 [consultado el 16 de septiembre de 2021]. Nro. A/HRC/48/CRP.5. Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A-HRC-48-CRP.5_SP.pdf
² Resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ginebra, 27 de septiembre de 2019 [consultada el 16 de septiembre de 2021]. Nro. A/HRC/RES/42/25. Disponible en https://digitallibrary.un.org/record/3840226/files/A_HRC_RES_42_25-ES.pdf
³ Resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ginebra, 6 de octubre de 2020 [consultada el 16 de septiembre de 2021]. Nro. A/HRC/RES/45/20. Disponible en https://digitallibrary.un.org/record/3888062/files/A_HRC_RES_45_20-ES.pdf
⁴ NACIONES UNIDAS, Consejo de Derechos Humanos, ref. 1, § 96, p. 40.
⁵ Ibid., § 106, pp. 44-45.
⁶ Ibid., § 129, p. 55.
⁷ Ibid., § 136, p. 57.
⁸ Ibid., § 137, p. 57.
⁹ Ibid., § 138, p. 57.
¹⁰ Ibid., c. 2, § 1, p. 64.
¹¹ Ibid., § 166, p. 70.
¹² Ibid., § 167, p. 71.
¹³ Ibid., § 160, p. 69.
¹⁴ Ibid., § 162, p. 69.
¹⁵ Ibid., § 164, p. 70.
¹⁶ Ibid., § 165, p. 70.
¹⁷ Ibid., § 157, p. 68.
¹⁸ Ibid., § 159, p. 68.
¹⁹ Ibid., § 249, p. 114.
²⁰ Madre de Javier Tarazona fue detenida tras allanamiento en su casa. El Nacional, 14 de julio de 2021 [consultado el 16 de septiembre de 2021]. Disponible en https://www.elnacional.com/venezuela/madre-de-javier-tarazona-fue-detenida-tras-allanamiento-en-su-casa
²¹ NACIONES UNIDAS, Consejo de Derechos Humanos, ref. 1, § 257, pp. 122-123»
@MiguelCardozoM