A partir de mañana debía iniciarse la visita de una misión enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el examen, en el terreno, de la situación de los derechos humanos en Venezuela.
No hay que había que hilar muy fino para anticipar la negativa oficialista, pero tampoco para reconocer la relevancia de la iniciativa a dieciocho años de la última visita, años durante los cuales el retroceso ha sido abismal. Más allá de la argumentación formal para desconocer la invitación, no es dato menor que la solicitud contara con el respaldo de muy respetables organizaciones sociales venezolanas, como el expresado por más de un centenar de ellas. Lo que, por la legitimidad y la prioridad que le otorga esta exigencia ciudadana, da por sí solo especial significación a la iniciativa.
La invitación, acordada en julio pasado por la Asamblea Nacional y enviada por su Presidente como Presidente interino, fue cursada en julio, poco antes de que circulara el Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. El Grupo de Lima, también en julio, y el Consejo Permanente de la OEA, en agosto, asumieron la visita solicitada como exigencia. En los meses transcurridos desde entonces no ha habido silencio internacional: junto con las constantes y documentadas denuncias y demandas presentadas por organizaciones no gubernamentales, son de destacar tanto las dos actualizaciones del informe de la alta representante Bachelet, en septiembre y diciembre, como la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que creó una Misión Internacional Independiente -cuyos miembros ya fueron designados- para el examen de la situación venezolana, con la previsión de los siguientes pasos de no haber cooperación gubernamental. Esto no resta relevancia ni interés a la petición de la visita in loco, por lo que en todo caso revela e invita a atender.
Desde el ángulo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni el hecho de que desde 2002 el gobierno no hubiera autorizado visitas, ni la decisión de retirar a Venezuela de la OEA ha significado falta de seguimiento, denuncias y respuestas por parte de un cuerpo cuya composición le ha permitido contrarrestar los intentos de politizarlo. La situación venezolana ha sido incluida desde 2002 en el Capítulo IV de los Informes Anuales, sección dedicada por la Comisión a los casos críticos en materia de derechos humanos. Adicionalmente, los informes especiales sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela de 2003, 2009 y particularmente el de 2017, bajo el título “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, llaman la atención sobre lo inseparable de esos tres componentes: la concentración del poder en medio de la pérdida de contrapesos y controles, la profunda erosión del Estado de Derecho y la violación cada vez más sistemática de derechos humanos en todo su amplio espectro. Con esa perspectiva, en octubre pasado fue establecido por la Comisión el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, ante el persistente y creciente agravamiento de la situación, antecedida por el trabajo de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada sobre Venezuela, instalada en 2017.
En suma, las visitas in loco, que se han realizado noventa y ocho veces desde 1961 y que han solido encontrar resistencia precisamente en los casos en los que son más necesarias, son uno de los medios con los que cuenta la Comisión Interamericana para cumplir con sus responsabilidades. Así como la solicitud y franca recepción de esas misiones habla de la voluntad y disposición interior de transparencia, la negación de su ingreso, limitación de sus tareas o descalificación de sus resultados -tanto más el desconocimiento y desvinculación de las competencias de la Comisión-, en lugar de evitar el escrutinio y excusar su evasión, no hace más que llamar la atención sobre la gravedad de las violaciones de derechos humanos.
Es inevitable pensar en todo esto como necesario y oportunísimo recordatorio sobre la importancia de mantener muy a la vista, muy presente en dichos y hechos, lo inseparables que son la recuperación del Estado de Derecho, la institucionalidad y las prácticas democráticas, y la plena garantía de los derechos humanos. Sin eso, conviene insistir en estos días, no hay medidas económicas que traigan prosperidad verdadera, esa que debe reflejarse en la calidad de vida de todos los venezolanos. En ese terreno estamos.