En Estados Unidos, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, causó furor esta semana enviando al hogar de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, autobuses llenos de migrantes venezolanos. Casi simultáneamente Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida, envió un avión con migrantes a Martha’s Vineyard, en Massachussetts, con la intención similar de darle a los demócratas «una muestra» de la crisis migratoria que atraviesan los estados fronterizos y que Biden, supuestamente, se niega a reconocer con sus políticas pro-inmigración.

Lo que más sorprende de esta controversia no es la xenofobia y falta de empatía de los líderes republicanos. Después de todo, no es la primera vez que los migrantes son explotados por republicanos para tratar de debilitar políticamente a sus adversarios. Lo que más sorprende es la distancia que hay entre las posturas de los políticos y la realidad. Porque Biden, al contrario de la caricatura que pintan de él los republicanos, ha mantenido e incluso expandido algunas de las prácticas más cuestionadas de la política migratoria de Donald Trump. Y tanto demócratas como republicanos actúan como si esto no estuviese ocurriendo.

Antes de tocar este tema, un resumen rápido de la situación en la frontera. Este año fiscal, que aún no ha terminado, las autoridades estadounidenses han realizado 1,8 millones de detenciones, un número superior a la cifra récord de 2021. En el pasado la mayoría de los migrantes detenidos eran de México y los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), pero esto ha cambiado recientemente: migrantes de otros países —sobre todo de Venezuela, Cuba y Nicaragua— constituyen un porcentaje cada vez mayor de los detenidos.

¿Qué ha hecho Estados Unidos para lidiar con este flujo creciente de migrantes? Deportar, deportar y deportar. A principios de 2020, recién comenzada la pandemia, Trump invocó una regla sanitaria, Título 42, para expulsar inmediatamente a los migrantes en la frontera en vez de arrestarlos, procesarlos y respetar su derecho a solicitar asilo (con la falaz justificación de evitar la propagación del COVID-19). A través de esta regla Trump y su sucesor, Joe Biden, han expulsado expeditamente a 2 millones de migrantes.

Curiosamente, la inmensa mayoría de los migrantes sujetos a estas deportaciones expeditas son mexicanos, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Muy pocos son venezolanos, cubanos y nicaragüenses. ¿A qué se debe la diferencia? Bajo el Título 42 los migrantes son devueltos inmediatamente al lugar desde donde decidieron cruzar la frontera. Básicamente son arrimados otra vez a territorio mexicano. Y México acordó con Washington que, entre los migrantes expulsados bajo el Título 42, solo recibiría a mexicanos y ciudadanos de los países del Triángulo Norte.

Para Estados Unidos, por supuesto, es más difícil transportar migrantes a Venezuela, Nicaragua y Cuba, en parte por el costo y en parte por la relación complicada con estos países. Por eso un porcentaje alto de venezolanos, cubanos y nicaragüenses no han sido deportados, lo cual probablemente ha sido un incentivo poderoso para que muchos compatriotas de estos migrantes se aventuren a la frontera.

A finales de 2021, cuando ya era evidente el aumento vertiginoso de migrantes venezolanos detenidos, Biden comenzó a tomar medidas para tratar de controlar esta situación. La primera fue convencer a los mexicanos de exigir visa a los venezolanos porque muchos estaban llegando por avión a México para luego desplazarse a la frontera. Luego, en febrero, Biden anunció que había comenzado a deportar a migrantes venezolanos a Colombia bajo el Título 42.

Pero la realidad es que Biden no ha logrado deportar a muchos venezolanos, en parte —cabe suponer— porque es costoso transportar a un gran número de migrantes a Colombia. Por eso ahora, según una nota de Reuters, Biden está silenciosamente presionando a México para que acepte en su territorio a expulsados venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Biden dice oponerse y querer eliminar el Título 42. De hecho, anunció que iba a suspender su uso y un juez federal se lo impidió. Pero ahora quiere aprovechar esa regla para poder expulsar más fácilmente a los migrantes de estos tres países.

En el caso específico de los venezolanos las contradicciones de Biden son aún más notorias. A principios de 2021, Biden aprobó un Estatus de Protección Temporal para los venezolanos, reconociendo que en Venezuela existe una “crisis humanitaria compleja”. Pero al mismo tiempo quiere deportar expeditamente, sin una oportunidad de solicitar asilo, a estos migrantes que él mismo, mediante la aprobación del TPS, reconoció que pueden merecer protección.

En muchos sentidos, los republicanos deberían estar contentos con Biden. Del número total de deportaciones bajo el Título 42, tres cuartos han ocurrido bajo la actual administración demócrata. No solo eso: Biden, al mismo tiempo que se opone en público al Título 42, quiere ahora, tras bastidores, expandir el uso de esta regla para que abarque a más nacionalidades. Considerando el discurso antiinmigrante de los republicanos, ¿no es esto un paso en la dirección correcta?

La distancia entre las posturas y la realidad no puede ser más amplia.


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