Al régimen la libertad le da piquiña. Y si se trata de libertad de expresión es como una piedrita en el zapato. ¿Qué es eso de que la gente tiene derecho de decir lo que piensa? ¿Por qué tenemos que aguantar que cada quien exprese su descontento? En eso andan desde hace años, tratando de ponerle la mano a las redes sociales.
Han hecho lo posible porque cada vez sean menos los venezolanos que tengan acceso a Internet o incluso a una línea telefónica fija. Con eso han reducido enormemente la posibilidad de conexión. Ni hablar de cómo han hecho desaparecer emisoras de radio, sobre todo en el interior del país. Les han quitado el financiamiento a los grandes periódicos o les han puesto un sustancioso bozal de arepas.
Esa reducida porción de la población que aún cuenta con Internet y que mal que bien puede pagar los servicios de telefonía móvil se ha volcado como nunca antes a las redes sociales. Y eso molesta mucho al jefe del régimen, porque por allí se dice de todo. No han surtido los efectos esperados la herramienta de aterrorizar con la cárcel a algún que otro tuitero ni ha podido reducir el impacto de ciertos mensajes a pesar de pagar millones a hackers e invertir (no de sus bolsillos) para crear bots que posicionen su propaganda.
Desde el año 2017 tienen la idea de ponerle una mordaza a las redes sociales. En aquella oportunidad la funcionaria que ejercía como presidenta de la asamblea nacional constituyente anunciaba que esa instancia ilegítima crearía normas para regularlas porque eran las responsables de transmitir mensajes de odio en contra de, por ejemplo, su hermano, para entonces alcalde de Caracas.
Como era de esperarse, no hicieron nada. No solo por ineptitud, puede ser que hasta por miedo, porque en aquel año no se sentían tan seguros de poder llevar a cabo una medida que retrata a las peores dictaduras del mundo.
Pero ahora sí. Al jefe del régimen le fastidia que por las redes actúe una “oligarquía invisible” no muy amistosa con los rojitos. Como ya está acostumbrado a que lo llamen dictador, pues se prepara para darle la estocada a Twitter y Facebook, ya no le importa el qué dirán. Y prueba de ello es que se atreve a ordenarle a la nueva Asamblea Nacional que será “electa” el 6 de diciembre a que se pongan a la tarea.
Como dirían los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. El que dude de que el Parlamento electo bailará al son que toque el mandante, que se vaya bajando de esa nube y deje de hacer campaña electoral, que para nada sirve. El régimen tiene todo listo para que en 2021 arrecie la persecución no solo a periodistas, sino a cualquier ciudadano que se atreva a expresar su opinión por las redes. Último golpe a la libertad de expresión.