La gira de Guaidó toca a su fin. A la hora de escribir estas líneas solo falta saber si el presidente Trump –que tampoco vive su mejor hora– atiende en audiencia al dirigente al que su gobierno fue el primero en reconocer como presidente (e) de Venezuela. Queda también por determinar cuál será el éxito de la movilización que se está organizando en Miami, donde reside la mayor comunidad de connacionales fuera de las naciones suramericanas. Si la Puerta del Sol el sábado pasado fue memorable, la plaza de Doral debe ser al menos igual.
Se calcula que un número que varía entre 200.000 y 300.000 es una estimación prudente de la diáspora en la zona del sur de Florida, teniendo también en cuenta que cuando el firmazo del 16J de 2017 (en el que no podían participar menores de edad) se obtuvieron 118.000 firmas, el más numeroso resultado en todo el mundo. El éxito de la convocatoria debe ser proporcionalmente mayor que en Venezuela, donde la capacidad de reunir militantes de la oposición se ha visto reducida por lamentables factores que no es momento de analizar aquí.
En Miami existe libertad de expresión, seguridad jurídica y personal, más la novedad de la presencia de quien hoy encarna la esperanza de un número determinante de los venezolanos. No existen colectivos, ni Guardia Nacional ni Policía Nacional Bolivariana, que representen riesgo para concurrir a un acto político. A ello agréguese la consideración de que el acto programado es acto político de una comunidad extranjera, debidamente permisado por la autoridad local, sin que ello desate expresiones xenófobas ni acusaciones de injerencia en la vida política norteamericana. ¡Democracia en pleno funcionamiento!
Transcurrida esta actividad queda pendiente la incógnita de cómo se tramitará el regreso de Guaidó a Venezuela, donde la usurpación tendrá que decidir si echa mano de argumentos jurídicos tales como la violación de la prohibición de salida del país en que incurrió en presidente (e) o algún otro recurso legal formal. La otra alternativa es un regreso normal y sin novedades, como el acaecido en febrero de 2019. Entendemos que hacer preso o causar algún daño a quien viene de ser recibido con honores por toda la crema democrática mundial tendría un costo político que quienes aún ocupan Miraflores no están en condición razonable de afrontar. Pero uno nunca sabe… en una situación en la que se van agotando las opciones pueden cocinarse desenlaces teñidos de la desesperación del manotazo del ahogado.
A lo anterior hay que contraponer las expectativas que puedan albergar Maduro & Cía., quienes en su delirio están soñando con la privatización de Pdvsa que atraería la llegada de recursos y personal de contratistas extranjeros de alto calibre para rescatar a nuestra empresa bandera, que está en terapia intensiva.
Imagínese usted, apreciado lector, el escenario que analizará un alto ejecutivo transnacional al estudiar un aporte de fondos o tecnología en el marco de una situación política y sobre todo constitucional en la que el futuro de su inversión viene desconocido y puesto en tela de juicio de antemano por carecer de las aprobaciones necesarias. Ello, además de la incidencia de las sanciones norteamericanas, cuya existencia y eficiencia vienen estrangulando a todo aquel que haya preferido ignorarlas.
No es cuestión de especular ahora acerca de la justicia o justificación de tales sanciones, pero la terca realidad desaconseja hacer caso omiso de ellas “por ahora”.
Así, pues, nos esperan horas emocionantes que pueden tener el potencial de precipitar acontecimientos y resoluciones decisivas para el desarrollo de una situación que ya parece acercarse a su desenlace final.