El régimen venezolano ha logrado un acuerdo con sectores de la oposición para celebrar elecciones parlamentarias haciendo abstracción de las elecciones presidenciales mediante un proceso dirigido por nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral.
Este proceso está dirigido a la estrategia muy clara de elegir un Parlamento bajo su control compartiendo con la oposición que le convenga, realmente no le importa si obtiene mayoría o no, porque de esa manera se legitima jurídica, política y estratégicamente usando el poder monopólico comunicacional basado en “que han permitido elecciones democráticas, que han complacido peticiones nacionales e internacionales, que respetan la Constitución, y que son democráticas”. Por lo tanto, su gobierno se declarará legítimo y terminará el periodo presidencial sin tomar en cuenta sus desmanes, corrupción, violación de derechos humanos, depauperación de su población y de esta manera evadirse hábilmente de las exigencias de cesar la usurpación de elecciones que serán declaradas transparentes.
La crisis económica traza incontrolables efectos; primero, directas de carácter social, económico, e internacional producto de la desestabilización geopolítica y produce consecuencias tan graves que operan como un catalizador para el cambio, pero que lamentablemente será frustrado como consecuencia de llevar a cabo elecciones parlamentarias y no presidenciales sin considerar los planteamientos fundamentales de que el régimen es ilegítimo y que la usurpación debe cesar, por tanto, y como consecuencia del acuerdo: ir a elecciones parlamentarias y confirmar otro ciclo político profundizando el desastre, anclando el régimen al poder dictatorial, el cual continuará inducido sus perversas políticas oficiales.
Se está creando una matriz de opinión de ir solo a elecciones parlamentarias excluyendo la elección presidencial, entre otros argumentos, se basan en la opinión de que la mayoría abrumadora de la población iría a las elecciones parlamentarias y derrotaría al sistema. Obviamente, olvidan los obstáculos para participar con un sistema corrompido, donde 3 millones de votantes desparramados por medio mundo no tienen opciones de votar, las migraciones internas que desestabilizan los circuitos electorales y las falsas identidades ubicadas en más de 2.000 centros claves controlados directamente por el régimen y que bastaría la designación de una directiva del CNE y la presencia testimonial internacional de sus defensores antidemocráticos para resolver el problema, ignorando que el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo anuló el sistema electoral, que sugirió oportunamente el desmantelamiento integral del Consejo Nacional Electoral desde su directiva hasta los funcionarios a nivel regional, que sentenció sobre la elección manual general, y declaró usurpador a quien encabeza el régimen con la consiguiente condena penal.
No se pueden hacer elecciones sin desplazar al régimen, de reformular el sistema electoral y designar una digna directiva del CNE que permita resolver los asuntos que han permitido el fraude continuado basado en un registro electoral hipertrofiado, no confiable, donde existen cientos de miles de votantes virtuales o falsos, donde la población masivamente abandonó al país o simple y llanamente se movió significativamente de sus lugares de residencia a centros poblados con relativos mejores servicios, donde el registro electoral fraudulento fue construido para favorecerlo, donde se integraron circuitos electorales críticos, donde miles de ellos están bajo control total de régimen mayoritariamente ubicados en centros oficiales incluyendo los cuarteles, organizados y vigilados.
El régimen dictatorial pretendió en el año 2018 legitimar sus actuaciones al sustituir anticonstitucionalmente al Poder Ejecutivo y apoyarse como lo hizo en una nueva elección fraudulenta. Recordemos que para aquel año la elección no pudo convencer a la comunidad venezolana, y mucho menos, a las organizaciones y gobiernos democráticos foráneos que lo rechazaron antes de la celebración de tal proceso electoral de manera absoluta y manifestaron por todos los medios oficiales y públicos, afirmando que “no reconocerán dicha simulación electoral y al propio gobierno por antidemocrático”.
Es necesario y vital recordar y reafirmar en primer lugar, la necesidad de rescatar al país del secuestro basada en una posición de fuerza coaligada en defensa de la democracia no solo de Venezuela, sino del continente contra un régimen que no reconoce que es usurpador, que se mantiene a como de lugar en el poder, que hace abstracción de su ilegalidad apoyado en una alianza antidemocrática en poder de un invasor que gobierna al estilo de un protectorado y a la preservación de los intereses expansionistas y militares de Rusia-China, del islán y de gobiernos antidemocráticos ansiosos de preservar su influencia explotando los recursos naturales, protegiendo el comercio ilícito de bienes y servicios, preservando los objetivos de penetrar y defenestrar los gobiernos democráticos del continente para extender sus objetivos geopolíticos.
En segundo lugar, restaurar la democracia con el apoyo de la población y de las instituciones sobrevivientes mediante la aspiración generalizada de celebrar elecciones generales, es decir, presidenciales y parlamentarias, condicionadas a la salida del régimen dictatorial, y la instrumentación de un gobierno de transición con poder de decisión.
El compromiso es con el pueblo, especialmente con los más afectados, único protagonista del cambio, necesario ante un régimen que compra sin rubor conciencias con dádivas, falsas promesas y coarta el desarrollo de nuevos liderazgos. Es necesario que ese pueblo más allá de los deseos y estrategias de dirigentes nacionales e internacionales opine y apruebe tan temida decisión, que decida por sí mismo expresando su voluntad inequívoca y soberana mediante una consulta popular plebiscitaria vinculante y demostrar su firme voluntad, a la cual tiene todo el derecho de ser oído y aspirar a la libertad de un país sometido por el crimen nacional e internacional…
Tomando en cuenta los antecedentes judiciales, denuncias públicas y la situación crítica inducida por el régimen, la Asamblea Nacional aplicó las medidas constitucionales del caso y el presidente de la AN asumió de manera transitoria el cargo de presidente encargado para poner cese a la usurpación, presidir un gobierno transitorio y hacer lo necesario para celebrar ten rápido como sea posible elecciones libres. Para esta decisión la AN norma dicho acto mediante el Estatuto que rige la Transición a la Democracia y el Restablecimiento de Vigencia de la Constitución, y declara que el gobierno de Maduro es de facto, usurpa el poder, y ordena crear un Consejo Nacional para la Transición. Así mismo acuerda la realización de elecciones libres y transparentes y hace una declaratoria de Estado fallido, el cual está afectado por organizaciones criminales.
Frente a toda esta circunstancia, ¿quién toma la decisión de ir solo a elecciones parlamentarias? y ¿quién les dio ese derecho?”. Ya andan en campaña y negociando los puestos burocráticos y los personajes de siempre se ponen por delante para asegurar seguir en lo mismo. No podemos tolerar más abusos, hay un compromiso de elecciones libres, presidenciales y parlamentarias sin la presencia del usurpador, nadie puede imponer posiciones a los potenciales votantes por tanto:
“Exigimos un referéndum para decidir, si queremos o no elecciones parlamentarias o presidenciales y parlamentarias, decidir: ¿si seguimos con este régimen o no? y cuantificar la verdadera opinión del pueblo soberano”.
Un mecanismo clave de movilización popular es aquella producto de una consulta popular que permitiría múltiples objetivos, entre ellos calificar de manera objetiva el rechazo popular al régimen y su salida; en segundo lugar, disponer de información verdadera sobre la necesidad de apoyo internacional fuerte para desplazar al régimen ante la imposibilidad interna de sacarlo por la vía institucional frente a su responsabilidad de generalizada corrupción, de permitir de manera traidora la invasión de países antidemocráticos correlacionados con sus intereses expansionistas, explotadores de recursos y obediente de líneas políticas antidemocráticas destinadas a usar al país ya no solo como fuente de recursos, de ejercer un protectorado odioso, sino de apoderarse desde su posición de los gobiernos democráticos de América Latina.