El tema central del debate político hoy no puede ser otro que el de elecciones libres, justas, inclusivas, supervisadas, elecciones que en todo caso reflejen la auténtica voluntad popular. Y no se trata de una concesión. Es un derecho inalienable, inderogable. Es un derecho no negociable. Sin embargo, el régimen lo desprecia y sabiéndose minoría, busca por todos los medios impedir el proceso, obstaculizarlo e interferir en su desarrollo para evitar el retorno a la democracia y la recuperación de un país que ha sido criminalmente saqueado durante más de veinte años en nombre de una revolución criminal y sin sentido que lamentablemente, gracias a nuestros recursos, se ha expandido por la región, aunque no para quedarse.
Las “negociaciones” en México, que no son tales sino un encuentro entre representantes de un grupo de partidos opositores, minoritarios por cierto, y el régimen madurista, han girado en torno a varios temas que hábilmente ha presentado el oficialismo para disminuir la importancia del tema principal, el electoral.
El régimen insiste y a veces los “negociadores” lo consienten, inocente o deliberadamente, en que el levantamiento de las sanciones debe ser previo a las “garantías” de un proceso electoral libre y justo o más, bien como dicen ellos y que a veces algunos “opositores” parecen aceptar, con “garantías mínimas” de serlo. Pero la realidad es distinta, como lo hemos dicho siempre. Es más bien todo lo contrario. El levantamiento de las sanciones debe ser la consecuencia de las garantías que en forma clara y definitiva de el régimen, de unas elecciones reales en el país, lo que significa en pocas palabras: un ente electoral verdaderamente independiente, actualización del registro electoral, participación sin restricciones ni trabas de los venezolanos en el exterior, cese de la persecución política y de los intentos de inhabilitaciones para amedrentar a la dirigencia opositora, observación internacional imparcial y acceso a los resultados y su aceptación.
Las sanciones son y eso lo hemos dicho ya muchas veces, legítimas y legales. No se trata de “medidas unilaterales coercitivas” contrarias al Derecho Internacional, como lo pretenden vender los revolucionarios de pacotilla, sino de medidas adoptadas conforme al Derecho Internacional, en contra de quienes han incurrido e incurren en la violación sistemáticas y generalizada de los derechos humanos en el país, en contra de aquellos que han participado en la corrupción más grande que haya conocido el mundo, en contra de aquellos que buscan desestabilizar la región y promover actividades ilícitas transnacionales que ponen en peligro nuestra seguridad y la del mundo.
Las medidas buscan proteger la democracia, los derechos y la vida e integridad física de los ciudadanos, lo que no es más un asunto de la exclusiva preocupación de los venezolanos, si no de la comunidad internacional pues la violación de los derechos humanos y la comisión de crímenes internacionales chocan con la consciencia de la humanidad y con los principios y valores en los que se sostiene la dignidad humana.
La aceptación del levantamiento de sanciones antes de recibir garantías plenas y confiables de que tendremos unas elecciones libres y justas, inclusivas y seguras, es absolutamente inaceptable. Es la herramienta, junto a la justicia internacional penal, que nos permitirá lograr lo que pretendemos: un cambio político y la restauración del orden democrático.
De manera que los “negociadores” por la oposición en el llamado proceso de México con el aliento de París deben insistir, atendiendo el sentimiento de la mayoría de los venezolanos, en que las sanciones sólo podrían ser levantadas cuando obtengamos las garantías que exigimos para asegurar un proceso limpio. Hacerlo antes sería una torpeza política o simplemente expresión de una cohabitación peligrosa que favorecerá solamente al régimen y a su permanencia en 2024 y más allá.
En octubre se llevaría a cabo una reunión para evaluar los resultados de lo acordado durante la reunión que convocara el presidente francés Macron con algunos presidentes de la región y representantes del régimen y de una parte de la oposición, encuentro en el que también estuvo presente el alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell, quien al reconocer que hubo pocos avances en esta oportunidad precisó que las sanciones se levantarían paulatinamente en la medida en que se vean resultados en cuanto a las exigencias de la oposición de unas elecciones libres, democráticas e incluyentes que puedan ser reconocidas por la comunidad internacional.
Unas elecciones libres abrirán sin duda el camino hacia la democracia. Vendrá un período de transición no solamente política, sino económica y social, un desafío para el nuevo gobierno que además deberá, dentro del marco de los procesos de justicia transicional, aplicar la justicia para la alcanzar la paz y la reconciliación de la mejor manera y evitar el retorno a períodos de destrucción tan nefastos como el que hemos vivido estos años.