El país se prepara para dos eventos que representan una nueva fase en la lucha que libran las fuerzas democráticas contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro. El 6 de diciembre se realizarán las elecciones para nombrar una Asamblea Nacional paralela a la legítima presidida por Juan Guaidó, y al día siguiente se iniciará una consulta popular convocada por este para rechazar los comicios, la cual se extenderá hasta el 12 de diciembre.
De buenas a primeras, lo primero que resalta es la diferencia abismal de recursos, promoción y logística de ambos eventos: las elecciones cuentan con todo el oscuro músculo financiero del gobierno, quien no solo ha utilizado los dineros y órganos públicos para la campaña de sus candidatos, sino que al parecer ha financiado incluso a los partidos alacranes que participan lastimosamente en el evento. Gasto que resulta sencillamente obsceno cuando observamos las difíciles condiciones de vida que atraviesan los venezolanos, y sobre todo la crítica situación de los hospitales en medio de la pandemia del covid-19. La consulta popular, en cambio, por ser básicamente virtual, no demandará mayores recursos, y solo el día 12 necesitará una logística y gastos para atender el voto de los ciudadanos que quieran votar presencialmente.
Lo que le falta a un evento le sobra al otro. Mientras la consulta popular está blindada legal y constitucionalmente porque la convoca el legítimo parlamento nacional, basándose en el artículo 70 de la carta magna -donde se establece como uno de los mecanismos de participación y protagonismo del pueblo- la convocatoria a las elecciones es claramente inconstitucional, pues no fue aprobada por la AN sino por la también írrita Asamblea Constituyente. Además de eso, Maduro y su claque tuvieron la desfachatez de violar el artículo 186 de la Constitución al aumentar el número de diputados de 166 a 267, además de eliminar la representación indígena de 3 diputados establecida en el mismo.
No puede dejar de hacerse un análisis sosegado del balance eventual de estas dos jugadas que mueven el escenario político nacional, y las ventajas y riesgos que implican. Puede observarse que el gobierno ha mantenido total coherencia con su política de los últimos años: huir hacia adelante ante las amenazas que se le presentan tanto interna como internacionalmente, tal como sucedió en 2018, con las elecciones presidenciales del mes de mayo. Los que aducen que el objetivo del gobierno es algo tan pragmático y utilitario como tener un barniz legal para solicitar nuevos préstamos a sus aliados principales (Rusia, China e Irán) olvidan que estos amigos del régimen cesaron su financiamiento en razón del deterioro profundo de la economía venezolana, que ha llevado a incumplir casi todos los acuerdos de pago, de manera que esta no parece ser la razón. La reciente aprobación de ese bodrio que es la Ley Antibloqueo confirma que la búsqueda de recursos por parte del régimen no pasa ya por la obtención de préstamos sino por los convenios de asociación leoninos y la entrega de los activos de la nación. De manera que la lógica de los comicios parlamentarios parece ser enteramente política: profundizar la deriva autoritaria, apropiándose del único órgano del poder público que le faltaba controlar y clausurar los resquicios de libertad y democracia que aún quedan.
En este camino, el gobierno ha tenido un rédito adicional con las elecciones: logró dividir un poco más a la oposición, captando con su operación alacrán a líderes y círculos completos de los partidos opositores, quitándole a la vez sus nombres y símbolos a estos. Pero, simultáneamente, los comicios han tenido un costo que posiblemente no estaba en sus cálculos: el deslinde de pequeñas pero significativas organizaciones del Polo Patriótico, como el PCV, los Tupamaros y los seguidores de Lina Ron, cansados de ser segregados por el PSUV, y descontentos con la situación social del país y las políticas económicas antipopulares del gobierno.
La consulta, por su parte, ha salido adelante pese a las dudas que genera en cuanto a sus objetivos y eficacia. Son muchas las voces que sostienen que es innecesaria porque ya el país respondió lo que tenía que responder en la consulta que se hizo el 16 de julio de 2017. Es indiscutible, en este sentido, que comporta un riesgo si recordamos la frustración que se generó aquella vez, al no lograrse a la postre los propósitos del movimiento de protesta. Pero la verdad es que el momento, los motivos y las circunstancias son distintos, y la gente también necesita -asumida la decisión de no participar en el evento fraudulento del 6 de diciembre– un medio de desahogarse y de expresar a los cuatro vientos su descontento contra el desesperante cuadro de cosas que vive el país.
Este fue precisamente el espíritu que recogió el polémico comunicado de la Conferencia Episcopal y es posible que el G4 haya recogido, al aprobar la consulta, esa inquietud de la dirigencia católica. Aunque también es probable que haya sido una sugerencia o sutil exigencia de algunos de nuestros aliados internacionales, preocupados por el efecto propagandístico que tendrá eventualmente la elección de una AN írrita, y la necesidad de poner en evidencia el apoyo popular de la AN legítima, fenecido su período. De cualquier forma, hay que admitir que tanto la fecha y el modo de realizar la consulta parecen acertados, pues, al realizarse justo después del evento comicial, da un margen para aumentar los ánimos de los alicaídos círculos opositores. Y al brindar la opción del voto virtual abre la posibilidad de que se expresen muchos opositores que por las limitaciones que conocemos no puedan trasladarse a los puntos de votación, así como permite la importante participación de los millones de venezolanos que están afuera, marginados y segregados por el régimen.
Las cartas están luchadas. No es poco lo que se juega. El régimen pretende dar un paso más en dirección a su proyecto con no pocas connotaciones totalitarias, sin poner cuidado en la condena de la comunidad internacional, que ya provocó el comienzo de su aislamiento en mayo de 2018. Está por verse si las fuerzas democráticas tanto del país como de afuera tienen la capacidad y la inteligencia para dar las respuestas adecuadas.