La dinámica natural de cualquier institución democrática entre otras cosas está en la celebración periódica, confiable y transparente de sus elecciones. En Venezuela tuvimos una suerte de hábito o ritual en el que cada cinco años los venezolanos en la primera semana del mes de diciembre acudíamos a las elecciones, con lo cual no sólo ratificábamos el funcionamiento de la democracia, sino además las elecciones y especialmente el voto se convertía en el arma más poderosa del ciudadano que permitía premiar, ratificar, castigar a un candidato o partido político.
Nadie desconoce los tropiezos y por supuesto distorsiones en las que en lo últimos años se incurrieron, y de allí la emergencia de ese discurso seductor, enardecido, populista y profundamente antipolítico (sobre todo antipartido) de Caldera con el hambre del pueblo y su chiripero y luego Chávez con su mensaje de acaba la corrupción y su polo patriótico. La democracia se construye y mejora con más y mejor democracia y eso no lo entendimos en aquella época. Y pareciera que después de estos años de desmanes, situaciones horrendas y regresivas para el venezolano no hemos aprendido.
Las elecciones no son una gracia, una carantoña o una mera formalidad. Son sencillamente vitales, son un requisito sine qua non de la institucionalidad democrática. En el pasado cercano, repito, más allá de cualquier crítica que se pueda formular al Consejo Supremo Electoral, las elecciones se dieron con normalidad.
Hoy tenemos un Poder Electoral que dista mucho de eso. No sólo se nos conculcó un “referéndum revocatorio” con argumentos inexcusables, sino que tuvimos elecciones y resultados con inconsistencias y opacidad, noches interminables pendientes de un balcón en la sede del hoy consejo nacional electoral a la espera de resultados y de esa frase “la tendencia es irreversible”. Irreversible fue la enfermedad terminal del presidente Chávez y de los muertos no se habla, sólo lo traigo a colación estimado lector para recordar lo referente a la autonomía de los poderes públicos y el rol que cada uno cumple. Ese Consejo Electoral nunca debió recibirle la postulación a Chávez, precisamente por padecer de una enfermedad terminal, tanto fue así que no pudo juramentarse y no debió recibírsele la postulación justamente porque estábamos hablando de la primera magistratura y la estabilidad de la nación y sin embargo ocurrió.
El país esta ávido de elecciones en todas sus instituciones, sindicatos, gremios, colegios profesionales, seccionales diversas, cajas de ahorro y por supuesto en las universidades autónomas para escoger autoridades rectorales, decanos, órganos de gobierno y cogobierno. Por las razones que sean justificadas o no, es inadmisible que las autoridades universitarias tengan prácticamente cuadriplicado sus mandatos y periodos, incluso dándose caso de fallecimientos en el transcurso del tiempo.
No es la intención de este columnista fungir como juez o tener la razón. Lo expreso en el entendido de que las fallas son compartidas. La primera responsabilidad la tiene el gobierno por intervenir en todo, por asfixiar y no sólo en la manera de maltratar a las casas de estudio superiores al no darles presupuesto, reposición de cargos, dotación elemental de bibliotecas, laboratorios, equipos y demás por el normal desenvolvimiento, sino paralizar cualquier intento de elecciones (en todas las universidades autónomas el chavismo no ha podido obtener triunfo alguno). La segunda responsabilidad ha sido el rezago de nuestras casas de estudio al no salirle al paso al gobierno y su reiterado “intervencionismo” y dentro del marco autonómico que la propia constitución nos otorga, dictarse un reglamento electoral y llamar a elecciones.
No pretendo en este espacio que el diario El Nacional nos concede los miércoles señalar responsabilidades o establecer juicios de valor. Lo que es obvio es que no podemos seguir postergando la celebración de elecciones en nuestras casas de estudio superiores, y nos tropezamos con dos visiones o concepciones. Si no aferramos al 109 Constitucional y la propia Ley de Universidades de 1970 vigentes ambas, deberían convocarse a las elecciones de nuestras universidades ya con la participación sólo de profesores, estudiantes y egresados.
Otra visión y concepción que algunos pudiesen calificar de no ortodoxa o si se quiere reformista, ampliaría o modificaría la fórmula electoral clásica de participación exclusiva de profesores, estudiantes y egresados, e incorporaría a personal administrativo, técnico y obrero. Esta última concepción se incorporó en la Ley de Educación Superior del Ecuador del 2010 hace más de una década bajo la presidencia de Rafael Correa.
Por tanto, tenemos dos concepciones en términos de quienes tienen derecho a voto y por ende participar no sólo en las elecciones universitarias sino en términos porcentuales. Algo si debe quedar claro las elecciones universitarias para escoger autoridades y los respectivos órganos de gobierno y cogobierno no son elecciones universales donde todos participan. Lo otro tiene que ver con el peso o fórmula electoral que no debe ser paritaria, partiendo que la esencia de la universidad es la relación profesor–estudiante.
Los universitarios ética y moralmente estamos obligados a preservar a la universidad y eso tiene que ver con nuestras conductas y decisiones. El activo más importante que tiene Venezuela son sus universidades, semilleros de talento, albaceas de excelencia. Nunca a las universidades y universitarios nos fue tan mal con un gobierno como ahora. El mejor espejo que tenemos los universitarios es el propio gobierno con sus ejecutorias. Que la miopía, los fanatismos y miserias no priven en estos días aciagos que vive nuestra Venezuela. Felicitaciones a la Universidad Central de Venezuela y todas las autoridades electas por ese estoicismo y ejemplo.