Después de más de una década sin acudir a las urnas, la UCV se dispone a renovar sus autoridades en todos los niveles. Es una buena noticia, que trae expectativas de que se inicie un proceso de recuperación progresiva de la autonomía y de los espacios institucionales alicaídos o incluso desvanecidos, así como la retoma de la misión y los fines principales de la universidad, apocados en los últimos años como consecuencia del desdén que ha privado en el Estado por su destino y desarrollo, cuando no por su intromisión paralizante.
La autonomía, en efecto, así como el pluralismo, la consulta y la deliberación abierta, se han convertido en valores fundamentales de la universidad moderna, sin los cuales el saber y la ciencia estarían sujetos a amarras que más temprano que tarde asfixiarán su creatividad y fertilidad, condenándonos al atraso y la ignorancia. Esto no es un simple aserto o un dogma que tome cuerpo a partir de la Ilustración: incluso en otras épocas y civilizaciones distintas a la occidental el progreso en el conocimiento -y las artes y las ciencias en general- se ha producido, aún en sistemas de carácter imperial, en climas de significativa tolerancia y propensión a la discusión, como fueron los casos de la China antigua en distintos períodos, de la mano del cultivo intelectual propio del confucianismo y el espíritu de conciliación y no discriminación aportada por el budismo; del Califato de Córdoba, donde, no en balde, se rescataron del ostracismo medieval a los pensadores griegos y latinos; y de distintos períodos de la Turquía Otomana y del Imperio mogol de la India, por mencionar algunos ejemplos. En la Europa occidental, puede decirse que fue específicamente a partir del escolasticismo que las universidades medievales, armadas con una razón de tintes humanistas, van a recuperar el esplendor de la ciencia y a catapultar el avance de Occidente, que se había quedado ostensiblemente atrasado con respecto a otros pueblos y civilizaciones.
Toda esta excursión histórica la consideramos pertinente ya que lo que está en juego, en el fondo, en estas elecciones, son esos puntos vitales: el inicio de la recuperación de la autonomía y de los mencionados valores y fines, así como -indispensable, también- la reinstitucionalización y aggiornamento de la universidad. Al igual que todas las demás casas de estudio públicas, la UCV está cercada y semi intervenida desde hace años: ya no maneja su nómina -que forma parte ahora del Sistema Patria- y a esto se le agrega que carece virtualmente de presupuesto -algo que parece increíble en un estado petrolero, pero que es la cruda y dura realidad- lo cual ha golpeado de manera devastadora a todos los ámbitos del quehacer universitario (docencia, investigación, extensión, publicaciones, etc.), junto a la virtual desaparición del salario y la seguridad social de los profesores, empleados y obreros, e, igualmente, de los diversos servicios estudiantiles en general.
No les tocará una tarea fácil a las nuevas autoridades, porque tendrán que tratar con un régimen con las propensiones autoritarias que conocemos. En este contexto país, esa recuperación de la autonomía y valores fundamentales tendrá que buscarse a pulso, planteándose conquistar espacios de manera progresiva y estableciendo alianzas tanto con sectores públicos diversos -gobernaciones, alcaldías, etc.- como con sectores de la sociedad civil, del mundo empresarial y social e incluso allende nuestras fronteras. Para afrontar este orden de cosas será decisivo tener una capacidad de entendimiento tanto hacia afuera como hacia adentro, pero con una firme defensa de los principios y de la integridad de la universidad, de manera de no caer en la trampa de la condescendencia fácil y la complicidad con prácticas malsanas que tomó cuerpo en no pocas autoridades tanto de la UCV como de las otras grandes universidades públicas.
Por otra parte, todo esto pasa por reconocer que el gobierno, ciertamente, moderó o cambió en algunos escasos puntos específicos su política de desconfianza e imposición hacia el sector universitario, como se deduce del hecho mismo de darle paso -al menos hasta el momento- a las elecciones, después que el Consejo Universitario presentó un nuevo reglamento electoral donde se da cabida en los comicios a todos los sectores que hacen vida en la comunidad.
El régimen, al parecer, también engavetó el proyecto de ley de educación universitaria doctrinario de hace años, y a través de la Asamblea Nacional realizó el 2022 una serie de consultas para cambiarlo introduciendo otros puntos de vista. Y aunque -para variar- todo se ha paralizado, el hecho de que esto ha tenido cierta coincidencia con el desarrollo del proceso de negociaciones en México, conduce a pensar que en este terreno el régimen tiene cierta apertura, o al menos tiene dudas de las periclitadas certezas doctrinarias que lo habían guiado en el terreno de la educación superior.
Constituye también un gran reto emprender la reinstitucionalización de la universidad, pues en estos años no solo se han deteriorado la infraestructura y los salarios, sino también las formalidades administrativas y el respeto a los reglamentos y procedimientos, en ocasiones incluso con mecanismos paralelos, reproduciendo de manera lamentable las prácticas que se impusieron en las dos últimas décadas en la conducción del Estado. El hecho de estar las universidades tan huérfanas de recursos y tan dependientes de la discrecionalidad gubernamental, han facilitado este estado de cosas, por lo que ha de esperarse que con la efectiva renovación de autoridades comience ya ese indispensable proceso de reinstitucionalización.
Simultáneamente, habrá que avanzar en la actualización y modernización, buscando y creando fórmulas que allanen el camino hacia una universidad menos dependiente del sector gubernamental, con estructuras más ágiles, abiertas y flexibles, y con una interrelación más fecunda y continua con la sociedad.
@fidelcanelon