Un sector que ha sido blanco de los más variados y feroces ataques, de todo tipo, en Venezuela, ha sido el de los medios de comunicación. Así, en general. Nadie ha estado libre de la asechanza: editores, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, personal en general que labora en periódicos, televisoras, radios, portales, revistas, etc.
En estos 23 años la historia de trabajadores de la prensa que han sido golpeados, robados, amenazados, detenidos y hasta asesinados, es larga. A esos capítulos es justo incorporar el hostigamiento que le hacen a los empresarios que invierten en esas empresas comunicacionales, incluidas las de larga trayectoria, como es el caso del diario El Nacional, cuyo editor, Miguel Henrique Otero, se vio forzado a tomar la senda del destierro para escapar de una persecución implacable por parte de los más encumbrados jefes políticos y militares del régimen, uno de ellos Diosdado Cabello, quien ha interpuesto una denuncia contra ese medio, maniobra judicial que prosperó en los tribunales en los que esos capos de la dictadura “se despachan y se dan el vuelto”.
Pero ese caso, más el asalto a RCTV, a la cadena de radios CNB y a RCR, son apenas unos entre miles. Por eso la importancia de la denuncia que hace pública el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), organización que en su trabajo de seguimiento de esos atropellos indica que se registraron no menos de 325 barrabasadas contra trabajadores de la prensa en el transcurso del año 2020. La prensa internacional ha tomado debida nota y le ha asignado una marcada significación a estos desafueros, tal como los cubre la agencia AFP, en crónica rubricada por Cristian Hernández, fechada 2 de marzo de 2021. En el parte se indica que en el primer trimestre del pasado año las agresiones físicas y verbales contra los periodistas ocurrieron, sobremanera, mientras trataban de darle cobertura informativa a las actividades que se desarrollaban en el Palacio Legislativo y en otros eventos relacionados con la agenda que cumplía Juan Guaidó, siendo notoria la agresividad conque los funcionarios y activistas afectos al régimen intimidaban y hostigaban a los trabajadores de la prensa. En total se suman “338 tropelías contra trabajadores de medios de comunicación. Detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, ataques, amenazas y agresiones contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, señalados en el informe anual de IPYS Venezuela, detallados de la siguiente manera:
“Los hechos registrados por la organización comprendieron 338 violaciones en la categoría de agresiones y ataques, 102 por abuso del poder estatal, 63 por limitaciones de acceso a la información pública, 29 acciones legales administrativas, 13 casos de censura previa, 12 casos de censura interna y un caso de impunidad.La emergencia sanitaria por el covid-19 complicó aún más el cuadro clínico de la labor informativa, la cual sigue sin ser inmune a las restricciones impuestas fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo”.
No faltan en este memorial de atropellos los medios que son afectados en las interferencias por la eliminación de registros periodísticos, otros 9 por cierres, suspensiones, incautaciones de medios de comunicación, 7 por persecuciones, 5 por acoso, 3 por desapariciones forzadas e inclusive se registraron hechos de más alta gravedad como 2 asesinatos y 1 intento de homicidio. En este último renglón destacan los casos acontecidos en el mes de agosto de 2020, que se citan en el informe, como “hechos de excesiva violencia los casos de José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, 2 trabajadores de medios de comunicación asesinados bajo causas que aún se desconocen”. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela confirmó que:
“A Bislick lo hallaron muerto en Güiria, municipio Valdez del estado Sucre, mientras que Nieves Zacarías perdió la vida por una ejecución extrajudicial perpetrada por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, quienes les dispararon a quemarropa en Cabimas, estado Zulia”. Es clara la manera continua como se persigue a los medios al plasmar en este informe que “hubo restricciones contra 122 medios privados, 36 independientes, 24 extranjeros, 12 estatales y 5 medios comunitarios. Pero las limitaciones también alcanzaron los espacios digitales: 85 los medios digitales que resultaron afectados por la censura, más regulaciones y ataques hacia las estaciones de radio fueron igualmente frecuentes y perjudicaron a 49 emisoras. Después estuvieron las televisoras (28), las agencias de noticias (6), las organizaciones no gubernamentales (6) y las instituciones (3)”.
La furia del régimen madurista no se detiene ni se reduce sino que se recrudece, una demostración fue la embestida contra la emisora Selecta 1027, ubicada en el estado Zulia, cuyos equipos fueron confiscados el día 5 de marzo, por parte de funcionarios identificados como personal de Conatel (Comunicación Nacional de Telecomunicaciones), quienes procedieron a llevar adelante semejante agresión a la libertad de expresión una semana después de que el diputado Juan Pablo Guanipa se hiciera presente en dicho medio de comunicación para ofrecer una entrevista. La denuncia la hizo pública el director de la estación radial afectada, Pedro Enrique Márquez, confirmando que “Conatel ingresó a las instalaciones, la comisión se llevó varios materiales que permiten el pleno desarrollo del trabajo en Machiques de Perijá, estado Zulia”.
Otra información que deja traslucir el riesgo que representa ejercer la profesión de periodista en Venezuela están registrados en las conclusiones de la evaluación llevada adelante por la ONG Reporteros Sin Fronteras, al precisar que “Venezuela se ubica entre los países más peligrosos del mundo para las mujeres que ejercen la labor del periodismo”.
Para explicar esa deplorable realidad la Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas emitió, el 3 de mayo de 2021, el siguiente comunicado para describir la situación de esta en Venezuela:
“Nunca antes en la historia de la prensa venezolana esta se ha visto tan invisibilizada, tan constreñida, tan golpeada como ahora. Desde hace varios años, ya sea por fuerza de la censura, la crisis, la pandemia o la falta de libertades económicas, así como el ahorcamiento que sufren los medios independientes para poder trabajar ante la falta crónica de insumos para la impresión o para la renovación de los equipos, o bien por los descarados ataques a los medios electrónicos, a los que se les condena a solo ser vistos mediante VPN que no están a la mano del público general, la prensa venezolana se halla prácticamente al borde de la extinción».
Sobre los medios radioeléctricos se conoce el caso de al menos ocho emisoras cerradas en el último año, según cifras de la SIP. Las emisoras de radio que permanecen al aire son presionadas constantemente por organismos oficialistas como Conatel los instrumentos denominados «Ley Resorte-Me» y «Ley contra el odio», regulan constantemente sus contenidos informativos y de opinión para que las noticias u pensamientos que puedan resultar incómodos al oficialismo no se transmitan. En cuanto a los medios digitales independientes, existe la amenaza velada de bloqueos intermitentes o permanentes de estos portales. Resalta el caso en los últimos días del portal de El Nacional, el cual debe pagar una suma mil millonaria por una demanda de Diosdado Cabello. Hay que destacar que en la mira del oficialismo por esta misma demanda está el portal de Tal Cual y La Patilla.
Sobre las amenazas a los periodistas, camarógrafos, fotógrafos y trabajadores de la prensa que cubren las noticias en las calles, existe el acoso constante con reportes de agresiones, detenciones y hasta robo de los equipos, tal como ocurrió en días pasados con un equipo del canal colombiano NTN24, cuyos corresponsales fueros detenidos y se procedió a «decomisar» sus equipos de trabajo. Según el informe presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solo en enero se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación de sedes de medios de comunicación. Con relación a las publicaciones de informaciones y opiniones por medio de las redes sociales existe la amenaza de la Asamblea Nacional ilegítima, elegida en el año 2020, de llevar a cabo la discusión de una ley que regule aun más las redes sociales en Venezuela a discreción del oficialismo.
Es indudable que está en marcha en Venezuela un “radicidio” que comenzó en 2009, año en el que uno de los jefes del chavomadurismo, Diosdado Cabello, impone la clausura simultánea de 34 estaciones en distintos puntos del país. Las denuncias indican que “la política de silenciar voces independientes o críticas se ha recrudecido en este año 2022: a la fecha han sido cerradas 100 emisoras, según gremios de prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha contabilizado estos cierres. Entre el 1 de enero y el 3 de noviembre de este 2002 un total de 100 emisoras de radio, por lo general locales y de propiedad privada, han sido cerradas por instrucciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), un ente en teoría de carácter técnico, pero en la práctica abiertamente controlado por el chavismo en el poder”.
Mi llamado a los dirigentes que dialogan en México, en representación de los demócratas, es que tengan en cuenta que esa agenda no puede reducirse a soluciones sociales, por aquello que reza el proverbio: “No solo de pan vive el hombre”, dicho de otra manera, sin libertad, sin democracia, el pan seguirá siendo escaso en Venezuela.
@alcaldeledezma