Resulta inconcebible que, habiendo la Asamblea Nacional declarado la usurpación de la ocupación que de facto mantiene en la presidencia Maduro, en un instrumento normativo con fuerza de ley, como lo es el Estatuto que rige la Transición a la Democracia (del 05/02/2019), se piense no solo que es posible votar, sino que, si en el supuesto negado de que el régimen no pusiera en juego las mismas cartas que utilizó en las elecciones fraudulentas del 20 de mayo de 2018, ese acto civil será por él fielmente respetado.
Quienes así piensan, tienen cifradas sus esperanzas en que es mentira aquello de que “el lobo es sanguinario en cualquier generación” y que en este caso, penetrado por profundas aflicciones democráticas, el lobo se arrepentirá de 21 años de sanguinaria cacería ciudadana y casi por acto de magia se convertirá en un manso cordero que acatara el mandato del soberano.
Insisten en ignorar los empedernidos “electoralistas”, los contundentes efectos políticos constitucionales que sobre todas las estructuras públicas causó la declaratoria formal de la usurpación de Maduro, pretendiendo que los ciudadanos observemos al Parlamento como una instancia política aislada del resto del Poder Público.
Los ciudadanos que desconocemos al régimen como gobierno democrático, asumimos –y junto a nosotros más de 50 países de la comunidad democrática internacional– al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente temporal de Venezuela. Igualmente entendimos que, si bien dicha asunción a la Presidencia la hizo con ocasión de lo previsto en el artículo 233 constitucional, justificamos que él no podía hacer el llamado a elecciones generales en los 30 días previstos en la Constitución porque no existe la institucionalidad requerida para la realización de ese acto electoral. Para nosotros es comprensible que se detuvo la normalidad institucional del Parlamento y que entramos en una situación excepcional, en la cual nuestra Asamblea Nacional, la de Guaidó no la de Parra, puede exigirle –tal como se hizo- a todos los ciudadanos –con o sin autoridad– que desobedezcan los mandatos de la autoridad usurpada e igualmente advertirles a los funcionarios que, en caso de continuar respetando la usurpación presidencial, tienen comprometida su responsabilidad, tal como lo establecen los artículos 25 y 139 de la Constitución.
Entonces, ¿cómo comprender este esfuerzo inusitado dentro del mismo Parlamento nacional, por montar conjuntamente con las propias fuerzas del chavismo, con quienes dejaron de ser diputados por abandono de sus funciones, el Comité de Postulaciones Electorales para las elecciones de la Asamblea, en tiempos de usurpación presidencial? ¿Cómo podemos asimilar que quienes han sido víctimas del régimen en sus 4 años y 3 meses de funcionamiento, puedan pretender que juntos a sus verdugos, ahora convertidos en mansos corderos, hagan unas elecciones limpias?
¿Quién le garantiza a los ciudadanos que el TSJ ilegítimo presidido por Maikel Moreno no ratificará el inexistente desacato que hoy pesa indebidamente sobre el Parlamento Nacional, desde que tan solo a un día hábil de su instalación, soberanamente este órgano legislativo –de conformidad con sus exclusivas competencias constitucionales– decidió calificar la condición de diputados a tres indígenas que resultaron legítimamente electos en el estado Amazonas? y ¿quién garantiza que la FANB –no la inexistente Fuerza Armada Nacional prevista en el artículo 328 constitucional, sino la “Bolivariana” caprichosamente creada por Chávez, a su imagen y semejanza, mediante un irregular decreto habilitante totalitario– que impidió, el pasado 5 de enero, el libre acceso a su sede natural a los 100 diputados que desde ese día sesionan en la calle; que el pasado 29 de febrero permitió que bandas de paramilitares civiles dispararan 10 proyectiles al vehículo donde se trasladaba Juan Guaidó, paradójicamente, en el barrio La Paz, en Barquisimeto; sea la misma que, mediante el Plan República, resguarde nuestros votos y vele por el respeto a nuestra decisión electoral? Y me pregunto, ¿no son todas estas circunstancias fácticas y vandálicas, las que sumadas a la decisión política constitucional de declarar a nuestro país y sus instituciones en emergencia por la configuración de una situación de excepcionalidad, provocada por la usurpación, las que impiden que tengamos actos civiles y políticos propios de una normalidad?
Es obvio lo que está buscando el régimen con las elecciones parlamentarias: conseguir, sin costos políticos, ni sociales ni ideológicos, ganar, interna e internacionalmente, lo único que no tiene: legitimidad. Con ello, plantearía una mutación política de nueva dominación hacia una tercera década de sometimiento al ciudadano. Mostrando una cara un poco más amable que le permita la permanencia en el poder, cohabitando con un pequeño sector de la aparente “oposición”.
Para alcanzar ese propósito puede llegar incluso al extremo de permitirse perder cuantitativamente el evento. Total, cualitativamente ha demostrado, con la implementación del ilegítimo cerco institucional, que, posterior a la usurpación presidencial de Nicolás Maduro, pervive al servicio del régimen, que puede someter y anular el desempeño de la Asamblea Nacional. Y lo más grave: aun perdiéndola, pudiera negociar con los diputados potencialmente alacranes que todavía habiten en el Parlamento, la definitiva defenestración de Juan Guaidó.
Lo anterior me hace recordar la idea perversa que desde la Segunda Guerra Mundial tiene la “trampa cazabobos”. Esta es un término técnico militar, con el que se identifica a aquellos dispositivos explosivos que camuflados como objetos inocentes sirven para atraer la atención de civiles y soldados, eliminándolos cuando manipulaban el dispositivo. El retrato de un líder nacional depuesto, por la costumbre de los soldados triunfadores de disparar contra ellos, que tienen ocultos por detrás explosivos; el abandono de un vehículo en buen estado, un morral, un animal doméstico llamativo o un cadáver a los que se les adhiere un mecanismo con explosivo, eran empleados como “trampas cazabobos”. Unas elecciones parlamentarias, “que constitucionalmente tocan”, lo son.
@PerkinsRocha