Sigue siendo la principal exigencia de los sectores democráticos venezolanos, para tratar definitivamente normalizar la situación política de la República y avanzar hacia la recuperación económica, creando así condiciones consistentes hacia la franca superación del inmenso deterioro social en el cual estamos atrapados.
Me resulta incomprensible escuchar la afirmación del ciudadano Nicolás Maduro cuando afirma una y otra vez que su gobierno está dispuesto a negociar la paz de la nación, a cualquier hora y en cualquier momento, y cuando se mueve en esa dirección lo hace desconociendo la Constitución, e ignorando el derecho de los venezolanos a tener voz propia, irrespetando a la oposición y haciendo lo que le viene en gana.
Una vez más tengo que recordarle a la cúpula autoritaria gobernante que desde el comienzo del mandato madurista (2013), estaba en pie de lucha, con una gran influencia en la comunidad, una fuerza diferente a la que apoyaba su gestión, construida a través de todo un prolongado esfuerzo coronado en una fuerza política y electoral suficiente como para disputar el derecho a gobernar.
Y en beneficio de la normalidad del desempeño de la vida económica, social y política de la comunidad, el candidato opositor Capriles Radonski admitió como cierta la estrecha y muy discutible ventaja electoral obtenida por Nicolás, pero pronto la buena voluntad opositora superó el incendio surgido por la explicable disputa sobre la diferencia.
Estaba completamente en las manos del heredero presidencial del chavismo abrirle espacio a las diferencias, asumir los errores de sus antecesor con un profundo y auténtico sentido autocrítico, entender que se trataba de una relación entre iguales, no solo por el derecho al respeto al ciudadano opositor, sino por la fuerza de opinión y movilización acumulada contraria a su cometido.
Lamentablemente nada de lo esperado se produjo, el nuevo gobierno siguió por el camino de los errores y abusos del equipo anterior, profundizando el centralismo, el estatismo, la hegemonía, el castigo a la empresa privada y a la iniciativa individual, diezmando las reservas monetarias mediante el derroche y la corrupción, endeudándonos aún más y rematando la quiebra de las grandes empresas del Estado.
El naufragio económico, catástrofe única en la historia económica del continente, quebró a Pdvsa, Corpoelec, las Empresas Mineras de Guayana, Cantv, terribles daños materiales que muy pronto produjeron una respuesta política de rechazo al gobierno, sobraron las razones cuando en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, una mayoría aplastante voto por la oposición.
Resultó muy evidente que el predominio político del chavismo había concluido, que las torpezas cometidas por su sucesor aceleraron la caída, fenómeno de desprestigio que alcanzó una gran extensión y profundidad con los efectos sociales que la contracción económica produjo, millones de compatriotas se empobrecieron y el desprestigio gubernamental se ha generalizado.
¿Qué era lo esperado en una sociedad democrática? Que el poder facilitara las soluciones a todos los aspectos de la crisis, que el presidente estableciera una auténtica relación entre iguales, entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, para desarrollar un plan de emergencia destinado a derrotar la miseria y la represión, colocando los intereses nacionales por encima de cualquier tipo de acuerdos internacionales elaborados por el gobierno anterior.
Creo que Nicolás y su equipo desconocen la extraordinaria enseñanza política que nos dejó el gobierno de transición que realizó el general López Contreras, “no siguió por la vereda del lobo, se devolvió para proteger a Caperucita”, terrible incomprensión solo explicable por la obnubilación que en esos ciudadanos produce el disolvente efecto de la avaricia, la corrupción y la ignorancia.
Y finalmente Nicolás y sus muchachos frente a la inmensa presión política y social nacional, movilización que ha sido acompañada de un apoyo diplomático democrático también extraordinario, recurrieron a la milenaria enseñanza de la ley del más fuerte, a la razón de las armas, y sin ninguna compasión se ha repartido garrote y peinilla, como en los pasados tiempos del gomecismo o del perezjimenismo.
Hoy, a los amigos liberales e izquierdosos que pretenden a como dé lugar un arreglo pacífico a través de una solución electoral, ¿cómo hacerlo democráticamente? Si el gobierno tiene el control de todos los mecanismos que la Constitución establece para legitimar una consulta, desde el CNE, pasando por el TSJ, la AN alterna, el dinero, los medios y los militares que controlan la organización del proceso.
Es muy importante recordar una y otra vez, que el precio que nuestra sociedad ha pagado durante estos años de deterioro ha sido muy alto, organizar una solución pacífica y electoral es indispensable, pero su éxito radica en que debe ser también democrática.