Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó ayer martes 10 de marzo una actualización oral de su informe sobre Venezuela y entre otros aspectos manifestó que espera que en el país se logren los acuerdos políticos necesarios para que se genere la renovación del CNE. La idea es que estos convenios permitan que se lleven a cabo elecciones inclusivas, transparentes y creíbles.
Propósito deseable que se contrapone con el resto del informe de la acreditada funcionaria de la ONU, cuando denuncia adicionalmente una ristra de 15 puntos suficientemente justificados de reclamos, ante las violaciones contumaces de una tiranía que plantea elegir un nuevo CNE, y simultáneamente confronta policialmente las marchas opositoras y acosa ferozmente a diputados, periodistas, sindicalistas, ONG, manteniendo a centenares de presos políticos civiles y militares en condiciones infrahumanas.
El documento resalta la escalada de tensión política en el país y la continuidad de la crisis que ha impactado en los venezolanos, cuya dimensión es de tal magnitud que no es solucionable solo con la designación de un nuevo CNE, sino que el poder electoral sea designado acorde con la norma constitucional y sea capaz de abordar la crisis política más aguda de nuestra historia republicana que ha derivado en la ruina social y económica de todo un país.
Por lo tanto, no es solo realizar un proceso electoral, sino tomar decisiones políticas para la renovación de los poderes públicos y la legitimación institucional, hoy cuestionada por una población que rechaza en porcentajes contundentes mayores a 80% al régimen gobernante. Si continuara ese nuevo CNE el detestable papel de comparsa del régimen será reducido al muladar de la historia y se agudizará en grado mayor la confrontación política.
De allí la disyuntiva de los nuevos rectores, si optan por arrodillarse ante los partidos que los postularon, o por el contrario escuchan la voz del pueblo calificada también como divina, que les exigirá responsabilidad suprema, ya que tomar las de Villa Diego para subestimar la aspiración popular de superar este apocalipsis sería brindarle oxígeno a un régimen agónico repudiado y execrado como el coronavirus en todo el mundo.
Si sucediera como rumoran los entretelones y paredes del Hemiciclo que el acuerdo político entre el G4 y el régimen se circunscribe a unas elecciones parlamentarias, significará el suicidio político de la autocalificada alternativa democrática, pues permitiría legitimar al régimen de facto hasta 2025. De consumarse esa maniobra palaciega le corresponderá a la sociedad civil asumir posiciones firmes de relevo, ante la incertidumbre generada por la incapacidad opositora.
El mantra propuesto por el presidente interino debe reorientarse a una política que proponga elecciones generales en un contexto de cese de la usurpación. Renovar el Parlamento creyendo ser propietario de 80% de la conciencia de la población que rechaza a la tiranía es una vana ilusión, como lo es la manipulación rastrera de señalar al abstencionismo como el culpable de los desaguisados de 2017 y 2018, cuando se gestó y consumó la actual liquidación del orden constitucional.