Estados Unidos todavía transita los efectos del COVID-19, así como también se muestra fraccionado por sus diferencias raciales de mayor o menor entidad, por la recesión económica producto del cierre sobrevenido o reducción de actividades durante buena parte del año transcurrido –aunque ya se anuncian resultados positivos para el tercer trimestre del año en curso, mayormente impulsados por el consumo, la inversión inmobiliaria y la reactivación de los negocios–, además por una campaña política que ha polarizado a la sociedad y hasta ahora no ha sacado a relucir en el liderazgo lo mejor de sus tradiciones y valores republicanos. Dos candidatos se enfrentan en sus posturas divergentes, en sus predecibles alianzas y programas de gobierno que proponen aproximaciones alternativas a la gestión fiscal, al papel del Estado en la economía, al cambio climático, a la geopolítica, a la desigualdad social, a la salud pública y a otros temas de actualidad.
El próximo 3 de noviembre se celebrarán elecciones generales –las número 59 en secuencia histórica para la vetusta democracia que tanto admiramos–. Los electores votarán a sus representantes en los Colegios Electorales, quienes a su vez deberán designar al nuevo presidente y vicepresidente. Algunos estiman un posible incremento en el número de votantes pertenecientes a minorías étnicas, tanto como de población blanca profesional que corresponden a las nuevas generaciones. Pudiera plantearse un escenario en el cual quien gane el voto popular, pierda en los Colegios Electorales por un margen aún mayor que aquel registrado en 2016. Y no se trata de una anomalía del sistema, antes bien, son las reglas de juego hasta ahora aceptadas por todos.
Para esta elección, se anticipan tropiezos al momento de procesar el voto por correo, cuya magnitud puede ser importante a consecuencia de las medidas de distanciamiento social que se vienen aplicando en los últimos meses. La tasa de rechazo podría resultar más o menos significativa en función de la capacidad disponible para afrontar la delicada tarea de validar el fallo de los electores. Se afirma que no existe riesgo de fraude, aunque sí puede haber retrasos en el escrutinio por razones predominantemente logísticas. Si bien nada parece indicar que habrá un triunfo arrollador de ninguna de las opciones, solo ello aseguraría un razonable nivel de sosiego social de cara a los resultados. Esperemos que las posturas extremas no se traduzcan en manifestaciones violentas al estilo de los radicales de cualquier tendencia.
El presidente de Estados Unidos extiende su influjo más allá de sus fronteras territoriales; de allí el ratificado interés por la elección presidencial en todos los rincones del mundo actual –por algo se le percibe como el hombre más influyente del planeta–. En el caso del presidente Trump, la percepción y evaluación de su presencia en la Casa Blanca tiende a ser más negativa que afirmativa, sobre todo en países europeos donde se anota en los niveles más bajos de aceptación en lo que va de siglo. Consideraciones de estilo antes que doctrinarias, se inscriben entre los motivos de distanciamiento observados incluso en grupos conservadores no solo en Europa, sino también en el ámbito estadounidense.
El tema del cambio climático ha dado mucho de qué hablar desde que Trump sorprendió a la comunidad científica con el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París –el compromiso que aglutinó a numerosos países dispuestos a mantener a raya los incrementos de temperatura en el planeta Tierra–. Tratándose del segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, la continuidad de las políticas ambientales de Trump se convierte en motivo de preocupación para quienes advierten la imposibilidad de controlar el calentamiento global. Para ellos, cuatro años más de fomento a la utilización de combustibles fósiles terminarían proyectándose en las próximas décadas; se trata de quienes proponen iniciar desde ya el desmontaje gradual de la industria de los hidrocarburos y la utilización de sus derivados. Una advertencia necesaria en el contexto actual, aunque el mundo seguirá haciendo uso masivo de las fuentes convencionales de energía con Trump o sin Trump en la Casa Blanca –he allí la aproximación demagógica de los demócratas en campaña–.
La cuestión migratoria aviva la histórica confrontación con grupos hispanoamericanos que por años han seguido la senda de quienes cruzan la frontera en busca de mejores oportunidades, a lo cual se añade el perceptible endurecimiento de los procesos para la obtención de visados. Cerca del problema migratorio, se sitúa la tensión racial provocada según algunos por las políticas de Trump; la ola de protestas contra las supuestas injusticias de carácter racial se ha visto exacerbada por la brutalidad policial –un tema que sin duda debe revisarse con la debida objetividad–. ¿Quién puede asegurar que dichas protestas cesarán bajo un gobierno de los demócratas?
Biden para muchos se presenta como deslucido adepto del “establishment”, como posible continuador de achacosas políticas de su partido, últimamente infiltrado por radicalismos de izquierdas –aquellos que, entre otras cosas, proponen la inmediata reapertura de relaciones con la Cuba castrista, el mayor foco de inestabilidad regional en el último siglo–. La posible llegada de los demócratas a la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso podría en principio mejorar la confianza de los agentes económicos, aunque de manera poco trascendente ante el anunciado incremento de los impuestos y del déficit fiscal para atender programas sociales. Biden tampoco lo hará mejor que Trump en materia de salud pública; es fácil cuestionar política e ideológicamente el tratamiento dado hasta ahora al COVID-19, difícil seguirá siendo devolver la serenidad a la población mientras no se obtenga y se aplique masivamente la tan esperada vacuna.
A nuestro parecer y ya para concluir, sea cual fuere el resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos, no ocurrirá tal cosa como el triunfo de unas ideologías radicales sobre otras formas moderadas de pensamiento y acción política. Si algo ha quedado claro en estos cuatro años de gobierno de Trump, es que las instituciones norteamericanas funcionan a la hora de preservar lo esencial de la democracia, las garantías de libertad y dignidad del individuo frente al poder del Estado. Cada cual tiene derecho a expresar sus preferencias al momento de ejercer su derecho al voto; y tiene igualmente el deber de respetar a los demás en sus determinaciones políticas, tanto como acatar la decisión de la mayoría. La intolerancia de los extremistas no se debe combatir con la intransigencia de quienes se dicen más comedidos. Quiera Dios que Estados Unidos renueve su compromiso en favor de la democracia y la civilidad, tal como lo viene haciendo sin pausa desde la Convención de Filadelfia de 1787.