Ante las elecciones del próximo domingo, he pensado en la evolución de las perspectivas políticas fundamentales, un ejercicio hermenéutico que permite identificar seis momentos: 1) la necesidad de fundamentar el ejercicio y la justificación pública mediante principios políticos, la solución de Solón cuando asumió la responsabilidad de instituir la democracia ateniense; 2) el reto de concebir al ente político según la Justicia, que asumió Platón ante la decadencia de la democracia ateniense; 3) el énfasis aristotélico de institucionalizar los procesos políticos de deliberación, decisión y ejecución mediante el ejercicio constante de la prudencia; 4) la profunda iluminación de Duns Scoto cuando reconoce que el eje de lo público es la voluntad (querer y poder hacer) de actores políticos comprometidos con el Bien común; 5) la elaboración realizada por Maquiavelo cuando identifica en las relaciones políticas de los actores clave el eje del devenir del poder personal y el orden público; 6) el énfasis de El Federalista respecto a la ejecución política según un marco constitucional que determine los límites de cada poder público, así como la coordinación necesaria para la realizabilidad pública.
No he visto en nuestro país un debate público sobre estas seis perspectivas constitutivas de la política y, a propósito de las elecciones del domingo, considero mi deber cívico compartirlas. Presentar una candidatura a un cargo de elección pública necesita una justificación respecto a una propuesta integral que exprese por qué aspiramos a recibir el voto de la ciudadanía fundamentado en tres aristas esenciales: a) demostrar que hay una reflexión sobre la historia venezolana y un entendimiento profundo de las problemáticas, sin los sesgos característicos de doctrinas asumidas sin el tamiz del equilibrio reflexivo (Rómulo Betancourt dijo alguna vez que no se podía aspirar a ser presidente del país sin la lectura de la Historia Contemporánea de Venezuela de González Guinán); b) reconocer que, como dice muy bien José Martí en Nuestra América, es necesario comprender la producción de conocimiento relevante de la humanidad, es decir, que no seamos provinciales en la comprensión de la experiencia humana, que entendamos los debates contemporáneos en política y en ciencias sociales (particularmente aquéllos sobre los mecanismos para institucionalizar una sociedad de un modo justo, así como el aporte fundamental de la Economía conductual); c) asumir la importancia de la dimensión reflexiva de la política (la interrogación sobre los supuestos y sesgos de nuestra cultura pública) en contraste con el ámbito transitivo que ha sido el único enfatizado siempre. Somos parte de nuestra situación total, ella no está «allá afuera», sino que su conformación y devenir son una emanación de quiénes somos.
Una postura política se convierte en una doctrina comprensiva razonable cuando, consciente de las tres aristas previas, asume un credo político fundamentado en las siguientes preguntas justificadas mediante la historia, la ponderación de la cultura pública y el respeto a la teoría política-social: ¿cuáles son nuestros principios políticos, los entes públicos que consideramos relevantes, los procesos políticos que implantaremos, los actores políticos intervinientes (tanto gobierno como ciudadanos), las relaciones públicas a ser constituidas, la ejecución política y administrativa tendente a concretar bienes públicos equitativos?
En nuestro país constatamos, en todas las posturas políticas, un problema de ausencia o de poca atención a principios orientadores; una estructura política y administrativa insuficientemente definida en términos públicos; unos procesos públicos no constituidos de manera general y específica; unos actores clave o unas relaciones cuya significación no está concientizada; una ejecución poco comprendida en sus dimensiones y alcance. Por tanto, es necesario recoger esas seis perspectivas para ser capaces de abordar el ángulo adecuado del obrar, en una compresión que torna inseparable el querer-hacer, el saber-hacer y el poder-hacer de actores que, conscientes que la política constituye el espacio público, aborden con equidad su compromiso con una sociedad que aspira a una democracia sostenible y sustentable. Esta aspiración insufla a toda la situación de una dimensión ética sin la cual desaparece la posibilidad de la acción genuinamente democrática: toda posición de relevancia pública se orienta responsablemente cuando coloca a la sociedad política como el límite aceptable y compartido de la acción mancomunada.
De los actores políticos, participantes en el gobierno y ciudadanos, depende el obrar constitutivo que reconoce los principios que direccionan el hacer; identifica la empresa y organización a institucionalizar; define y comunica los procesos decisorios y de ejecución; reconoce y determina las relaciones esenciales para la gestión; constituye los equipos de trabajo capaces de abordar cada problemática, con una conciencia de atención a lo relevante en el ahora, sin perder el sentido de dirección hacia el futuro. El obrar constitutivo queda revelado como la esencia del gobierno democrático en acción.