Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra «voto», entre sus diferentes significados, se define como la «Expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción«, es decir, como la manifestación que una persona realiza ya sea de forma abierta y conocida por otros, o de manera reservada y secreta.
En el ámbito político de una elección, la expresión pública sería cuando alguien declara abiertamente su preferencia de voto, la comparte con otros por cualquier medio o la comunica en conversaciones; mientras que la secreta sería cuando alguien emite su voto sin revelar su elección a otras personas. Ambas formas son válidas y protegidas, ya que cada individuo tiene derecho a revelar su opinión de la manera que prefiera o mantenerla reservada.
Dentro de este orden de ideas, el voto abarca variados significados y formas. Desde la elección por votación popular de los representantes políticos hasta la aprobación de normas legislativas, el voto es un acto de participación cívica que refleja el compromiso de los ciudadanos con su sociedad y su país, y, en su protección, los Estados han ratificado diversos tratados internacionales que reconocen y resguardan ese derecho como un componente esencial de la democracia y los DDHH.
Entre estos tratados se encuentran la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José -en el sistema interamericano- y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, ambos instrumentos fundamentales del derecho internacional. Ellos reflejan el compromiso global con los principios democráticos y garantizan a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a participar en procesos electorales para elegir a sus gobernantes; y en el contexto venezolano, la Constitución de 1999 también consagra el derecho al voto como uno de los pilares fundamentales de la democracia y establece las condiciones para su ejercicio.
Junto al voto como un derecho y una manifestación de la soberanía popular, existe una variante importante conocida como voto castigo, que consiste en que los electores utilizan su voto para castigar a un partido político, candidato o gobierno por su descontento con su desempeño, políticas o acciones. En lugar de votar por una opción que se consideraría habitual, eligen otra como forma de protesta o rechazo hacia la gestión actual, lo que puede observarse en elecciones locales, regionales o nacionales, alterando significativamente los resultados electorales al modificar el equilibrio de poder en un país o región.
En distintos países, y en años recientes, se han dado casos en los cuales los electores han adoptado el voto castigo. En Argentina, en las elecciones presidenciales de 2019, se dio un evidente caso de voto castigo contra el gobierno presidido por Mauricio Macri, quien se postulaba a la reelección. Los votantes patentizaron su descontento con la gestión gubernamental favoreciendo masivamente la fórmula que encabezaba Alberto Fernández; y en las elecciones de 2023, Javier Milei, liderando el partido «La Libertad Avanza», representó una opción contraria a las políticas tradicionales y al establishment político: 55,5% de los electores dio el triunfo al ganador en la segunda vuelta, dejando reducido al candidato oficialista a un lejano segundo lugar con 44% de los votos, lo que se ha considerado como la expresión de una mayoría que, descontenta con los partidos políticos tradicionales y con la situación económica del país, decidieron apoyar a Milei como una forma de expresar su descontento con el viejo y desgastado status quo político que representaba el peronismo.
En Venezuela, durante las elecciones parlamentarias de 2015 se observó un claro caso de voto castigo: los electores, descontentos con el oficialismo, votaron en masa por la oposición, lo que produjo un cambio significativo en la integración de la Asamblea Nacional, institución que recuperó una legitimidad venida a menos por más de una década en la que el Poder Legislativo estuvo sometido a la voluntad de los gobernantes de turno.
Estos ejemplos ilustran cómo el voto castigo puede influir en los resultados electorales y servir como una poderosa herramienta para responsabilizar a los líderes políticos por sus acciones y decisiones. Utilizando el voto castigo, los ciudadanos conscientemente pueden enviar un mensaje claro de desaprobación y exigir un cambio en la dirección del país que se traduzca en una transición hacia la reinstitucionalización del Estado de Derecho y la democracia.
Ahora bien, para que ese voto castigo alcance los objetivos, se requiere, por un lado, la unidad alrededor de uno de los candidatos opositores que presente al electorado las mejores expectativas; y por la otra parte, que la asistencia de los votantes a las urnas sea de una magnitud contundente, que no deje dudas del deseo de cambio de la mayoría de los ciudadanos. Así, cuando se trata de unas elecciones controladas por una dictadura y por su árbitro electoral, el candidato debe aglutinar a su alrededor a la mayoría de los votantes, mantener un mensaje claro que señale el camino hacia la transición democrática e invitar a los electores a que, masivamente, depositen su voto castigo y lo defiendan disciplinada y pacíficamente.