El Tribunal Supremo de Justicia dijo el 13 de mayo que determinó “la ilegítima detención y procesamiento” de Alex Saab, designado “enviado especial para asuntos humanitarios”.
La acción del máximo tribunal parece extemporánea a primera vista, pero más bien resulta reveladora de los crecientes temores que desvelan al régimen por lo que sabe y pueda decir el llamado testaferro de Maduro, procesado en Estados Unidos por lavado de dinero defraudado a través del sistema de control cambiario venezolano.
El gobierno de Nicolás Maduro exigió en abril la liberación del empresario colombiano al cumplirse 18 meses de su extradición de Cabo Verde a Estados Unidos para responder ante la justicia independiente, pilar de la democracia en ambas naciones.
Y no luce casual que menos de un mes después el TSJ se hiciera eco del pedido, aunque por medio de «la acción de amparo ejercida por Camilla Fabri», esposa de Saab, «contra su detención ilegal».
Esto sin reparar en que la modelo italiana -ahora provista de pasaporte diplomático por el régimen- es solicitada en su país por crímenes similares a los de su marido, presumiblemente con origen en el robo y saqueo permanente en Venezuela.
Pero la complicidad orgánica entre el crimen y la justicia de Venezuela no tiene muchos antecedentes en el mundo, probablemente como consecuencia del secuestro de las instituciones por mafias para traficar con drogas y robar.
La medida del Tribunal Supremo de Justicia puede verse incluso como una maniobra para terminar de desvincular al barranquillero de la trama de corrupción en Pdvsa, en otro intento por prolongar su silencio.
Con la exhortación al régimen a seguir gestionando ante Estados Unidos la liberación del “embajador” -pese a que el 23 de diciembre la corte del caso desestimó sus alegaciones de inmunidad diplomática- se le envía un desesperado mensaje de lealtad al testaferro de Maduro. A fin de cuentas, es el TSJ de Alex Saab.