Muy pacientes han sabido jugar con el tiempo. Una receta bien aprendida de sus mentores y aliados cubanos. Una fórmula que nunca falla, porque tarde o temprano rinde sus frutos convirtiendo a los victimarios Estados parias y violadores de derechos humanos en las pobres e incomprendidas víctimas de una supuesta conspiración internacional. Y así lo hicieron y seguirán haciendo Nicolás y su malvada cúpula.
Desde la puesta en práctica de las sanciones económicas en contra del régimen madurista, y, muy en particular, las dirigidas a la empresa estatal petrolera (Pdvsa), a partir de marzo de 2019, las baterías comunicacionales del gobierno de facto se han concentrado en el objetivo de tratar de imponer una matriz de opinión favorable a la idea de que estas medidas unilaterales son la causa fundamental de la crisis socioeconómica y existencial de Venezuela.
Por supuesto que cualquier ciudadano de a pie, con tres dedos de frente, sabe que la tragedia venezolana tiene sus raíces desde mucho tiempo antes. Lo que ocurre es aquello tan trillado de que una mentira repetida tantas veces puede influir a la larga en la percepción errada de una realidad inventada. Maduro siempre ha estado claro que su narrativa tiene como destinatario principal esa masa tan exigua del 18% que dicen las encuestas todavía conformaría el voto duro del chavismo. Por cierto, mayor, según los mismos sondeos, que el apoyo que estaría recibiendo el factor opositor en su conjunto.
Entonces, aquí vuelve a surgir el tema de la carta que individualidades del sector privado y de la sociedad civil -luego apoyados por algunas agrupaciones partidistas como la Alianza Lápiz, Centrados y el MAS– enviaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el propósito esencial de flexibilizar las sanciones económicas y reimpulsar el diálogo nacional.
Vamos por parte
Los defensores de la propuesta argumentan que,si bien las sanciones impuestas al régimen de Maduro desde 2017 no son el origen de la emergencia económica y humanitaria, no hay duda de que las mismas han agravado las condiciones de vida del venezolano, y que el gobierno de Estados Unidos debe convencerse de que “la política de presión máxima y sanciones contra Venezuela no lograron sus objetivos”.
Todos podemos estar de acuerdo en que los efectos colaterales de las sanciones son una realidad incuestionable. Ahora bien, las razones por las cuales las medidas de presión económica y política en contra del régimen no han dado los resultados esperados son variadas.
Uno de los factores claves ha sido la falta de acompañamiento decisivo de otros socios democráticos internacionales que, movidos por una política de falsa contención basada en la retórica apaciguadora, han dado respiro a un régimen que, siempre tambaleante, logra encontrar de alguna manera las fórmulas para sobrevivir. Allí está la Europa timorata y pacifista que, en la búsqueda de salidas políticas y negociadas con la dictadura, y siempre negada a coordinarse con Washington en materia de sanciones, ha contribuido, por relativa omisión, a darle respiro al aparato estatal chavista.
Hoy día, a raíz de la grave crisis de seguridad generada por la arremetida rusa en Ucrania, Europa pareciera estar aprendiendo la lección, sumándose a un conjunto importante de sanciones en contra del régimen de Vladimir Putin.
Pero, tampoco fueron acompañadas las sanciones de Estados Unidos por acciones similares o complementarias de parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe, ahogados en su retórica y declaraciones de intención. El extinto Grupo de Lima y la alicaída Organización de Estados Americanos (OEA), a pesar del gran empeño frustrado de su secretario general, Luis Almagro, han sido las otras piezas lamentablemente ineficaces. Razones ideológicas, a veces, así como intereses bastardos, sirven de explicación.
No está demás decir que, lejos de flexibilizar las sanciones, una fórmula exitosa consistía más bien en intensificar las mismas, una visión que cobraría mayor fuerza en los días que corren aprovechando las dificultades del régimen de Vladimir Putin.
Una propuesta curiosa
Hay aspectos curiosos de la propuesta que no podemos dejar pasar. Por ejemplo, en el marco de la flexibilización de sanciones solicitadas a Joe Biden, está planteado el regreso de las petroleras occidentales a Venezuela, a fin de “regenerar” la industria, acotando la misiva de manera, no sabemos si catalogarla de inocente, “…que el gobierno venezolano debe permitir que estas compañías manejen sus proyectos y contratistas, así como sus ganancias de exportación”.
Otros firmantes de la carta han ido más lejos al explicar que gran parte de los recursos que se generen del negocio petrolero estarían sujetos a supervisión internacional, aludiendo a experiencias pasadas en otros países como Irak y Libia, en lo que se conoció como el esquema auspiciado por las Naciones Unidas de petróleo por comida y medicinas, para solventar de alguna manera la crisis humanitaria. La verdad resulta difícil creer que algo así pudiera ser digerido por Maduro y su combo.
El otro aspecto básico de la propuesta se refiere a la petición que se hace al gobierno de Estados Unidos para que “…siga impulsando negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana…” Es notable la omisión que hace la carta respecto a la plataforma de negociaciones de México, un escenario que ha sido privilegiado por Washington como lo hiciera ver Juan González, el asesor de seguridad para América Latina de Joe Biden, durante su visita al Palacio de Miraflores, el pasado 5 de marzo, y que reconoce como único interlocutor válido a los representantes de la llamada Plataforma Unitaria de Juan Guaidó.
La misiva, en cambio, identifica a otros partidos políticos de oposición como parte de los actores negociadores, algo que genera cierta suspicacia pues pareciera asociada a la línea seguida por Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez, de “reformatear” un proceso de diálogo con sectores distintos al G4, entre los que se encuentran los llamados alacranes y demás especímenes de la fauna política colaboracionista.
No hay duda de que la carta transmitida a Washington revela una vez más cuán dividido se encuentra el país opositor, sin una brújula que lo guíe por el camino de los consensos necesarios. Existen elementos de la misiva que parecieran coincidir con obvios intereses del gobierno de facto, caso de la añorada flexibilización de las sanciones y, con ello, la reactivación de la producción y exportaciones petroleras, teniendo como fachada la siempre inescrutable ayuda humanitaria, y reservando para ciertos sectores económicos ya entendidos con el régimen, Fedecámaras, entre otros, espacios por mucho tiempo perdidos.
Lamentablemente, el país se sigue encaminando hacia una falsa “normalidad” que favorece y consolida el status quo; un orden de cosas alimentado cada día más –y así lo demuestra la carta– por factores que otrora constituían las bases de mayor oposición a la dictadura, algunos apegados a intereses inconfesos, otros creyendo inocentemente contribuir al bien común.
Lo cierto es que hay principios, valores y derechos que no son transables. No es digno ni conveniente, en aras de la supuesta recuperación económica del país, seguir abonando el terreno a los canallas culpables de nuestra tragedia.
Tal vez como consuelo, un escenario como el dibujado por el grupo de los 25 tendría que pasar por la dura prueba de la determinación, al menos retórica, de los asesores del presidente Biden de circunscribir cualquier relajamiento de las sanciones a compromisos políticos firmes y verificables por parte del régimen, en el marco, siempre cuestionado, del formato de negociaciones de México.