Hasta hace poco los países miembros de la UE, con algunas excepciones, habían mantenido políticas en el caso Venezuela con marcadas diferencias a las asumidas por Estados Unidos. Es tan proverbial  como inexplicable su pretensión de mostrarse refractarios a los norteamericanos. Querían tratar la situación venezolana en términos convencionales, asumiendo tal vez que en nuestro país todavía había condiciones mínimas para una salida institucional.

Muchos de esos países no entendían que al seguir manteniendo relaciones con esta dictadura se nos complicaba aún más una posible salida. No bastaba con que tuviese el gobierno interino unos representantes a manera de embajadores o agentes diplomáticos, si a la par se mantenían los embajadores del régimen ejerciendo sus funciones y con sus respectivas misiones diplomáticas cumpliendo las suyas ante Maduro. Creemos que con la reciente decisión del usurpador de aventar la representación diplomática de toda la UE, deben esos países europeos adoptar una posición más cónsona con nuestra realidad. En sintonía con su europarlamento, que pareciera tener más claro el papel de esta corporación criminal en el caso venezolano y en la región.

Definitivamente, esta dictadura cree que, aún sin esas 60 naciones que han reconocido a Guaidó, puede mantener el poder con un férreo control endógeno y sus fuertes lazos con muchos otros de los 130 países restantes que controlan a la ONU, tienen derecho de veto en su Consejo de Seguridad y controlan la mayoría de sus organismos subalternos, entre los cuales se encuentran los indeseables del mundo que le brindan toda clase de apoyo. Emulando así al régimen cubano, que por cierto aún mantiene entre sus admiradores a muchos de esos países europeos, que ven como la gran hazaña americana del siglo XX a la revolución castrista.

Las recientes sanciones anunciadas por la UE develaron la triste realidad de que los cubanos no eran tan admirables. El crudo hecho de ver su coto amenazado impuso ese deslinde que, sin duda, llevará  a los europeos a adoptar una política más categórica, sin ambages, frente a estos malhechores.

La convergencia de países y organismos en procurarle a Venezuela una salida de la gran crisis humanitaria que atraviesa, tiene que ir mucho más allá de sanciones puntuales, no se trata de castigar a individualidades. De lo que se trata es de acabar con un criminal sistema diseñado para mantener secuestradas todas las instituciones del país, para ejercer un poder absoluto bajo un ropaje supuestamente democrático.

También se trata de la real influencia y penetración que en la región tienen países y organizaciones terroristas teniendo como base a nuestro país. Esta última consideración tiene que ser determinante, como denominador común, para que se desencadene la más crucial ofensiva contra aquellos a quienes hoy les resbala que les tengan como narcotraficantes o corruptos, les nieguen las visas o le congelen bienes en alguna parte del mundo. El rol de Irán con Hezbolá, el ELN, el residuo de las FARC y el modelo sirio aplicado por Rusia, que hoy tiene mayor sustento tras la grave denuncia de enclaves armamentísticos formulada recientemente por Ledezma, merecen toda atención y reacción.

En una entrega anterior abordamos el tema. Es un grueso planteamiento que no pasará inadvertido para la gran mayoría de países americanos y europeos que se han visto afectados por este flagelo. No hay cabida a la mezquindad cuando se trata de una amenaza  global. El valor agregado para los aliados parece obvio, cuando se ha constatado que esa es la verdadera naturaleza de esta dictadura que ha incorporado al terrorismo como política de Estado,  constituyendo un grave peligro en el país, la región y en buena parte del resto del mundo.

Vale la pena replantearlo dentro y fuera del país, tiene que asumirse como un objetivo por las fuerzas democráticas: el camino a la transición requiere la calificación del régimen como patrocinador del terrorismo. Es ese el detonante, no otro.


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