Esta semana la protesta laboral se acentúa en todo el territorio nacional al cumplirse el segundo aniversario del apocalipsis del salario de los trabajadores venezolanos, ya que en realidad el “Programa de recuperación de la estabilidad monetaria, fiscal, de la estabilidad del sistema de precios, de la senda de la producción y del crecimiento sostenido, sustentable de las fuerzas productivas, con el que se recuperaría el poder adquisitivo” impuesto unilateralmente el 19/08/2018 por el autodenominado “presidente obrero”, fulminó el pasado, presente y futuro del trabajo en nuestro país.
El poder adquisitivo de cualquier trabajador quedó en el inframundo de la miseria al representar 400.000 bolívares soberanos tan solo 1,2 dólares mensuales, lo que sitúa a nuestro país en el último escalón de las remuneraciones a nivel global. Si lo comparamos en América Latina encontramos que en Cuba, referencia ideológica del régimen, el salario mínimo es de 20 dólares mensuales; en Nicaragua 100 dólares y Haití 30 dólares; y en el caso de Nigeria y Yemen, los países más pobres de África y Asia, el ingreso diario es de 1,9 dólares diarios.
Ahora bien, veamos la distribución de la remuneración al trabajo en nuestro país, que reafirma lo planteado por el valioso informe Encovi 2019-2020 de la UCAB en materia de pobreza: 96,3% a nivel nacional. Podemos entonces hablar de explotación histórica de los trabajadores, comparado con la época de la esclavitud, ya que el ingreso percibido no alcanza siquiera para la sobrevivencia, al requerirse 200 salarios mínimos para adquirir la canasta básica constitucional (art. 91), cuyo valor actual es de 110 millones de bolívares soberanos.
Comencemos por los trabajadores del sector público (obreros, empleados, profesionales y profesores universitarios, trabajadores de empresas básicas),que son los más depauperados. Sus remuneraciones se encuentran entre 1,3 y 20 dólares mensuales, con el agravante de que en octubre 2018 el Ejecutivo Nacional publicó un memorando, el 2792, a través del Mintra, que engavetó indefinidamente todas las negociaciones colectivas en las instituciones públicas, para una población laboral aproximada de 2.5 millones de trabajadores, que ha ido disminuyendo paulatinamente con la diáspora.
En el sector privado de la economía, que registra una cantidad aproximada de 3 millones de trabajadores, se ha mantenido la contratación colectiva, aun cuando conocemos que la tasa de sindicalización es de 1/3 de la del sector público. Acá la remuneración ha sido más dinámica porque el empleador privado supera con creces el salario mínimo. Se podrá encontrar a un vigilante de un centro comercial devengando la misma cantidad que un profesor titular de una universidad pública. Aun cuando la remuneración al trabajo todavía es distante de los 230 dólares de la cesta alimentaria y de la cesta básica de bienes y servicios de 330 dólares, los ingresos son disimiles y a titulo discrecional del empleador, al ser la remuneración mixta, en bolívares, divisas y bolsas de comida.
Entre tanto, el sector informal, el más afectado con la pandemia, oferta sus servicios en divisa extranjera ante un bolívar soberano desaparecido. La moneda circulante es el dólar para toda transacción de venta de productos, alimentos, lo que genera una especulación general que disuelve aún más el poder adquisitivo del trabajador formal.
El sector de los jubilados y pensionados que agrupa a 4 millones de extrabajadores que reciben pensión del IVSS, o de planes de jubilación contractuales del sector público y de la pensión Amor Mayor, sobreviven en condiciones infrahumanas con ingresos similares al salario mínimo sin pago de ticket alimentación.
Finalmente, los desempleados, alrededor de 4 millones de personas que deambulan entre la economía informal por trabajos eventuales y la precariedad absoluta, solo sobreviven a la espera de los bonos limosnas del Estado, los cuales son distribuidos también a la dislocada estructura salarial indicada anteriormente. Estos subsisten en la penuria más abyecta que se grafica en gente comiendo de la basura en calles y avenidas del territorio nacional.
Ante esta calamidad que afecta a la población venezolana, la única explicación que publicita el Estado gendarme es el bloqueo económico y las agresiones de las potencias imperiales, relato injustificable de una gestión que condujo a la población al destino más miserable.
Una de las tareas esenciales al restablecer el Estado de Derecho es promover políticas económicas que recuperen la adecuada remuneración al trabajo digno, en equilibrio frente a la remuneración del capital que permitirá reconstruir el empleo formal y los servicios públicos: agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, transporte, Internet, salud, educación, infraestructura vial, competencias de un Estado con poderes públicos autónomos y de un gobierno ciudadano y democrático.