«Siempre hubo en la historia venezolana, a pesar de la prédica derrotista y desengañada de los sembradores de cenizas, un impulso de ascenso social y espiritual» (Mariano Picón Salas: https://gregoryzambrano.com/wp-content/uploads/2011/12/el-bien-del-intelecto0001.pdf)
En Venezuela, presumo que en el curso del siglo XXI, todos los claustros académicos de las universidades autónomas están [conforme a leyes de la naturaleza] bajo la responsabilidad de mujeres y hombres cuyas edades no sobrepasan los sesenta años, lo cual no significa que los mayores tengan prohibido impartir clases, investigar o sean excluibles cuando se trata de buscar quien ejerza importantes cargos de conducción institucional: porque, los proyectos siempre dictarán sentencia [excepto que sean inhábiles a causa de interdicciones o enfermedades como la senilidad].
En nuestras casas de estudios superiores son cuatro las autoridades más notorias, empero no han desaparecido [ni lo serán] representantes de «consejos de facultades» y el gran Consejo Universitario. Pese a lo cual, es indiscutible que en ellas no se aplica el principio del «voto universal» para elegir a quienes reciben mandatos académicos-administrativos. Si los «preceptos constitucionales» poseen la cualidad de prominente sobre las leyes, sin menoscabo de la «Autonomía Universitaria» que igual consagrada en la carta magna de 1999 en Venezuela, hace años que las autoridades académicas-administrativas debieron permitir que toda la comunidad universitaria ejerciera el derecho a votar para elegirlas o revocarlas, tras reconocer que ello forma parte de nuestros derechos humanos. Cierto: el Artículo 109 de la Constitución Nacional Bolivariana destaca que «[…] las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y administración eficiente de su patrimonio bajo el control o vigilancia que a tales efectos establezca la ley […]» Sin embargo, el opúsculo «[…] se darán sus normas de gobierno […]» no significa que sean omniscientes para redactarlas o no hacerlo, de tal forma que prosigan desconociendo que todos los ciudadanos de la república tenemos los mismos deberes y derechos. Desde hace décadas, los sucesivos «jefaturales» de las universidades caricaturescamente autónomas se impusieron la costumbre [especie de absurdo «derecho adquirido»] de permanecer impenitentes en cuanto a la aplicación general de los derechos humanos, y no sólo en materia electoral. No es secreto de claustro superior la importancia principista que tiene «ver, oír y callar» asuntos de indudable trascendencia, relacionados con los quehaceres institucionales-universitarios.
La «extraterritorialidad» de las entre comidillas y comillas «universidades autónomas» es fantasiosa, estupidez de engreídos. Nuestra muy venerable Universidad de los Andes, por ejemplo, no es «una casa de estudios con una ciudad por dentro» (http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/21517/025documento4.pdf?sequence=2&isAllowed=y) sino organismo del Estado venezolano con más o menos virtudes y defectos que los demás, cuya supervivencia está sujeta a envíos de situados constitucionales. En ella, «ver, oír y callar» establece la diferencia entre: inamovilidad en funciones laborales, ser execrado, subvalorado, degradado, destituido, excluido. Los conocimientos y las habilidades de un obrero, funcionario administrativo, investigador o profesor están por debajo de la lealtad hacia determinado jerarca. El trato «digno» es reservado a quienes creen formar parte de la Plutocracia Académica-Administrativa en funciones de un gobierno «extraterritorial».
Aun cuando, sin violencia, el poder académico que representaron los «clérigos fundacionistas» fue gradualmente sustituido por el actual de plutócratas caricaturescos o imitación, que sólo admiten por democracia una forma de gobierno instaurado fuera de los claustros universitarios, porque ellos, en campus donde se imparte la docencia e investiga, están extraterritorialmente exentos de cumplir y hacer cumplir la cartas magnas. Los plutócratas de la Antigüedad poseían heredadas fortunas, los de nuestro tiempo urden para obtenerla del Erario Público mientras sus comportamientos son ostentosos y soberbios. No intenten refutar lo que experimenté. Me consta, soy testigo en palco de coliseo: en las casas que no vencen sombras hay admirables excepciones. Mariano Picón Salas fue un docente cuyo prestigio no le impidió equivocarse. Las universidades autónomas se suicidaron al tomar decisiones que las distanciaron lesivamente de quienes representan al Estado de Justicia y Derecho.
Les confirieron potestad para darse normas de gobierno. Pero, deberían entender que no conforman tropas extraterritoriales de ocupación en instalaciones académicas: con humildad y aceptación de la justicia, tienen la expedita obligación de redactar estatutos que promuevan y fortalezcan la participación [mediante el voto universal] de todos los ciudadanos a los cuales concierna la escogencia de autoridades.