Avanzada la presente centuria, con el agotamiento de la amplia alianza política y social que lo llevó al triunfo electoral de 1998, evadiendo una contundente definición ideológica,  gracias al programa constituyente, Chávez Frías allanó el camino hacia la reforma constitucional de 2007, sincerando su profesión de fe marxista, o, mejor, castrista; no obstante, como lo refirió, por ejemplo, en un programa radiotelevisivo del 13 de agosto de 2005, celebrándolo litúrgicamente al calor de la experiencia cubana, en el marco del XVI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, el llamado socialismo del siglo XXI – advirtió– ha de depender de las “reestructuraciones permanentes que hay en el proceso bolivariano”.  Más allá de la consigna, una versión tan tercamente acomodaticia del socialismo, suscitó un hondo y significativo impacto en el ámbito militar, pues, dejando constancia de su afiliación, el general Raúl Isaías Baduel, al cumplir su tránsito ministerial, en fecha 18 de julio de 2007, incurrió en el muy quizá ingenuo llamado a su actualización, implicando “la necesidad imperiosa y urgente de formalizar un modelo teórico propio y autóctono”, agregando: “Hay que admitir, que este modelo teórico —hasta los momentos—, ni existe, ni ha sido formulado y estimo que mientras esto sea así, persistirá la incertidumbre en algunos de nuestros grupos sociales. Como he dicho, en otro lado, debemos inventar el socialismo del siglo XXI, sí, pero no de manera desordenada y caótica, sino valiéndonos de las herramientas y el marco de referencia que nos da la ciencia”, invocando  más tarde el “mandato claro” del artículo 328 de la Constitución y los principios del Código de Bushido, la “guía moral de la mayoría de los samuráis”.

Herencia celebrada por Maduro Moros, añadiendo el martirio del general que lo salvó junto a todo un régimen por 2002, la ausencia de políticas públicas, imposible de sustituir por las llamadas misiones cuales campamentos militares puntuales y provisorios, deriva en respuestas cortoplacistas, sobrevenidas, provisionales y meramente operativas, con relación a los problemas fundamentales que los prohombres del poder por siempre denunciaron (y denuncian), impuestas por la fuerza, sin mediar jamás una adecuada rendición de cuentas, frecuentemente explicadas por la coyuntura electoral. Tienen por ventaja la conveniente abstracción de la promesa socialista, dependiente de las tácticas políticas marcadas por las meras circunstancias, difícil de concederle una definición no sólo a la luz del bolivarianismo, sino desde la propia perspectiva de la denominada militaridad que trata de una suma de elementos simbólicos, inherentes al Estado, auspiciando la sumisión al exagerar las condiciones en las que heroicamente deben intervenir la Fuerza Armada Nacional para la salvación de todos.

Luego, el socialismo campamental, el del irreductible esfuerzo de la improvisación, agitación y provocación, al que ya se le hace difícil el financiamiento de la movilización de masas, tiene por única solución el acto militar y militarizador que trasciende la simple metaforización del empleo de la fuerza bruta. No importa cuán insensato sea, e, incluso, que no se sepa de su empleo en su más exacta dimensión, como ha ocurrido a finales de octubre del presente año con la militarización de Tumeremo, con la consiguiente denuncia de allanamientos ilegales y atropellos, afectando a los trabajadores de la localidad de Imataca, pidiendo explicaciones los voceros de las juntas comunales por el feroz ataque contra los mineros bajo un espectacular despliegue armamentístico, como lo ha reseñado Fundaredes (https://twitter.com/FundaREDES_/status/1586098001205919747), en el marco de una generalizada censura de prensa.

Los habitantes de Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar, protestan el ataque y la presencia militar para el desalojo y huida de más de mil mineros de Imataca que incluyó la quema de la Iglesia, aislando a la entidad, bajo el argumento de un desempeño ilegal de grupos considerados como “armados y terroristas”, aunque –negando la calificación– los trabajadores refieren una actividad legal que tributa a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) por concepto de extracción. Los comerciantes del lugar elevaron sus protestas por un operativo de tamaño calibre que afectó a toda la municipalidad, al congregarse valientemente en la calle en demanda de un pronunciamiento del alcalde,  según a las escasas fuentes noticiosas.

Es demasiado evidente que el socialismo da para todo, justificando cualesquiera decisiones que afecten a las personas más inocentes, sin que haya una instancia administrativa y, mucho menos, judicial que pueda poner un mínimo de orden y sosiego en el territorio nacional, como bien lo ejemplifica lo acaecido recientemente en tan importante localidad guayanesa que se explica en el contexto de toda una irresponsabilidad: la del Arco Minero, como espacio de la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales, urdido un enjambre de intereses que en tiempos de la prensa y del parlamento libres, no hubiese sobrevivido. Apenas, las autoridades militares solamente refieren al desalojo de los mineros ilegales, pero no dan cuenta de los excesos y las violaciones de los derechos humanos y tampoco podrían darla en torno a una política pública ausente que no les compete concebir, ejecutar ni evaluar en relación a la minería.

Respecto al terrorismo, el territorio nacional está infestado de grupos y fuerzas irregulares que lo definen, impidiendo –además– el derecho constitucional al libre tránsito de los venezolanos en suelo propio, de acuerdo con las noticias lamentables y ya viejas que se han recibido de estados como Apure, tan desafortunadamente emblemático. El municipio Sifontes, de acaudalados problemas de supervivencia (de seguridad personal, alimentarios, sanitarios, educativos, etc.), es el escenario dramático de una intervención bélica, como la califican los propios tumeremenses, y, a la vez, testigo de un importante campamento militar que, cumplida la misión, será levantado más temprano que tarde para que todo siga igual, o peor, caracterizando y adjetivando al socialismo mismo del siglo que nos ha robado.

El socialismo campamental, únicamente se apega a las formalidades legales, apelando a una básica racionalidad, cuando pugnan intereses muy bien representados en las altas esferas del poder establecido, recurriendo a los tribunales que pacíficamente puedan dirimirlos, preservando el status quo, pero que, en nada, responden al resto de la sociedad por más urgida que se encuentre de solventar sus problemas y conflictos. Para esta sociedad, e, igualmente, para aquellos obscuros intereses que se les salga la rueda de la carreta con pretensiones de un predominio no pactado con antelación, está la fuerza bruta, los símbolos del Estado y el lenguaje cuartelario.

@Luisbarraganj


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