Es cuestionable la nueva pretensión del Estado de cambiar la denominación de los centros de detenciones para presos políticos por el nombre de centros para procesados y penados, olvidando que «la Tumba» fue creada por funcionarios del Sebin para aplicar a los detenidos todo tipo de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, desaparición forzadas de personas y negación del debido proceso (Artículo 49 de la Constitución). Vulneran todas sus garantías constitucionales y procesales al realizar audiencias sin permitir defensa privada. Olvidan los asesinatos ya hoy día reconocidos por el Ministerio Público del concejal Fernando Albán y Acosta Arévalo por torturas, golpizas, descargas eléctricas y vejaciones al estilo nazi, como lo han catalogado diferentes países. Es imposible borrar tanto horror, tanto dolor y sufrimiento de familiares y víctimas de violaciónes graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte del Estado contra miles de ciudadanos que manifestaron su descontento y la repuesta a la solución fue lanzarle el Plan Zamora con represión, balas y cárcel. Pareciera que los responsables de estos crímenes desconocen los informes actualizados por parte de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, informe de la misión independiente de determinación de los hechos de la ONU y por supuesto lo que actualmente el expediente que procesa la CPI contra el Estado por crímenes de lesa humanidad.
La reforma del sistema judicial, incluidos códigos y leyes, es una oferta engañosa al crear falsas expectativas de una posible liberación de presos políticos. Mientras, los poderes públicos no se rebelan contra la disciplina partidista impuesta por el Ejecutivo, será muy cuesta arriba recuperar su autonomía e independencía, como lo establece nuestra carta magna.
El Sebin y la Dgcim ya se encuentran sembrados en la población venezolana como «cunas de las torturas más horrendas contra los presos políticos» y es imposible olvidar eso, así se les cambie el nombre..