El Consejo de RTVE aprobó esta semana en reunión extraordinaria el fichaje del presentador y humorista David Broncano con un contrato de 28 millones de euros por dos años. La polémica gestión de esta contratación ha desencadenado una colección de ceses y ha requerido sustituir a la presidenta del organismo público, lo que da cuenta del alto grado de fractura que el movimiento ha generado tanto en el Consejo como entre los trabajadores de RTVE. En los últimos años, el gobierno de Sánchez ha demostrado una desacomplejada trayectoria en la intervención de instituciones públicas. La designación de una militante socialista como máxima responsable de la radio y televisión públicas o la elección de un antiguo secretario de Estado como Miguel Ángel Oliver al frente de EFE dan cuenta de hasta qué punto desde La Moncloa están dispuestos a subvertir la debida neutralidad de las empresas informativas públicas. En esta ocasión se da un paso más y no sólo interviene el plantel ejecutivo o jerárquico de una entidad, como ocurre con el CIS, el TC, el INE o la Fiscalía General del Estado, sino que la injerencia alcanza a la selección de un presentador específico para un programa, lo que entraña una intervención directa del Ejecutivo en los contenidos a los que accederán los espectadores. Un mecanismo de control civil demasiado clásico y, por ende, demasiado burdo.
Esta contratación resulta singularmente dolosa por cuanto reproduce con indignante fidelidad el habitual proceder de Pedro Sánchez. Para poder aprobar la incorporación del humorista, tras tres intentos fallidos, la Abogacía del Estado ha tenido que elaborar un informe «ad hoc» que permitiera emitir a Concepción Cascajosa (presidenta y militante del PSOE) un voto de calidad, aunque no concurriera una circunstancia técnica de empate. Una vez más, el gobierno realiza una maniobra jurídica para poder desactivar garantías institucionales.
La incorporación de Broncano no sólo es competencia deseleal, sino que la misión del organismo público no tiene que ser competir con otras entidades privadas que sí dependen del número de espectadores. En una obsesiva y poco realista estrategia ideológica, los de Sánchez asumen que la televisión pública debería contraprogramar contenidos de otras televisiones que consideran hostiles a los intereses privados del gobierno, como El Hormiguero, de Pablo Motos. Es decir, con el fichaje de Broncano se estarían movilizando fondos públicos para atender a intereses concretos del PSOE, lo que podría llegar a suponer una forma de administración desleal. La televisión pública debe tener como misión proteger el derecho a la información que consigna nuestra Constitución, un propósito no ya alejado, sino contrario al objetivo que busca esta indecorosa (y está por ver si ilegal) estrategia. Una prueba de lo poco que le importa al Ejecutivo la información veraz es que el nuevo espacio para el que se ficha a este presentador requeriría acortar la duración del telediario de la noche, un recorte que absurdamente se ha intentado justificar puesto que el horario del telediario del mediodía sí se mantiene inalterado.
El nombramiento de Cascajosa se realizó con un propósito muy concreto y la presidenta de RTVE ha necesitado muy pocas semanas para demostrar su sometimiento a los intereses de quienes decidieron su designación. En los próximos días, el Consejo puede y debe impugnar un nombramiento que, de no revertirse, acabará convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de las maneras sanchistas y de cómo el PSOE decidió someter los intereses de todos los españoles a su agenda propia.
Editorial publicado en el diario ABC de España