La corrupción es un arma letal contra los derechos humanos, un delito que ha cometido el Estado desde el inicio de la revolución bolivariana que hunde cada vez más a los menos pudientes en la pobreza.
Es inaceptable que ahora intente minimizar el desfalco a Pdvsa prometiendo una investigación cuando para nadie es un secreto que el actual sistema de justicia no tiene autonomía ni independencia, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Los actos de corrupción son un crimen contra el derecho a la salud, que afecta a la mayoría de la población y en especial a los pacientes crónicos, a quienes se les hace imposible cumplir con tratamientos como las quimioterapias y las diálisis por las condiciones pésimas en que se encuentran los hospitales para prestar un buen servicio al no contar con los recursos económicos. También atentan contra el derecho laboral, el bienestar social y la calidad de vida de los trabajadores.
Los docentes y empleados públicos tienen meses manifestando por un salario digno para poder adquirir varios productos de la canasta básica y la respuesta del Estado es que no hay dinero por el bloqueo. Una excusa con la que también han querido justificar la pésima calidad de los servicios básicos.
La corrupción que se ha vuelto una práctica constante se une a la política del Estado que lo identifica como violador de los derechos humanos.
Exijo al Estado permitir a la justicia penal investigar y procesar penalmente a los responsables de estos crímenes sin solidaridad automática, para dar al traste con la conseja de que «gobierno no se investiga a sí mismo».