La Federación Internacional de Periodistas asegura que América Latina es la región más peligrosa para ejercer la profesión del periodismo. Además de la terrible noticia de más de 40 profesionales muertos en 2020, la organización llama la atención sobre 235 que han sido encarcelados en 34 países.
Es una terrible realidad que al final afecta a toda la sociedad, pues el papel del periodista es fundamental para el ciudadano. Las lamentables muertes de reporteros a manos del narcotráfico y la delincuencia organizada son noticias muy tristes para todos los que ejercen la profesión, pero también para la gente.
La principal herramienta del periodismo es el ejercicio de libertades de expresión y de información. Está visto que en el cumplimiento de su deber el periodista arriesga su bienestar y hasta su vida, no solo porque se enfrenta directamente con criminales que no quieren que sus andanzas sean conocidas, sino porque a veces el enemigo tiene un disfraz de legalidad. Hay regímenes que se comportan como delincuentes y no les gusta que los periodistas husmeen en sus asuntos.
Las dictaduras, los regímenes totalitarios, no pueden soportar que el ciudadano esté informado sobre lo que acontece y lo que le afecta. Por eso se empeñan en cerrar los medios, perseguir a sus editores y amenazar a los periodistas. Quizás no se atrevan a quitarles la vida, pero hacen lo imposible por silenciarlos.
En Venezuela tenemos muchos casos que son claro ejemplo de la persecución del régimen contra los periodistas. El último de ellos es el de Roland Carreño, encarcelado por su proximidad con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.
El mundo entero sabe que los derechos humanos de Carreño han sido violados desde que se lo llevaron y lo mantienen secuestrado en alguna de las mazmorras que el régimen utiliza para torturar. Este caso ha dado la vuelta al mundo porque los rojitos no se han molestado en disimular.
Pero el caso de Carreño, así como los de todos los presos políticos, no debe olvidarse. Los venezolanos deben insistir en su liberación porque no han cometido delito alguno. Tener afinidades políticas, decir lo que se piensa, no es delito. Y mucho menos lo es querer un cambio en el país, pensar diferente a la cúpula del régimen.
No dejemos que el caso de Carreño y de los demás presos políticos desaparezca de nuestra lista de prioridades, pues ellos han sacrificado su libertad para contribuir con la recuperación del país.