“Es una manía miserable el querer mandar a todo trance”
Simón Bolívar, Carta al General Santander, 15 de abril de 1823.
El país se enfrenta a una inminente negociación política y el referéndum revocatorio adquiere progresivamente relevancia y sentido de oportunidad. Su fortaleza está en que se trata de una institución consagrada en la Constitución, que además responde a un espíritu genuinamente democrático-participativo, expresión de un derecho humano fundamental, el derecho a la participación política que nos pertenece como ciudadanos, una posibilidad que activa la ciudadanía y decide la ciudadanía. Ningún otro mecanismo que se presente en la negociación cumple con las virtudes que reviste el revocatorio; además no es en absoluto incompatible con las elecciones regionales en puertas, más bien cabe la posibilidad perfectamente de que pueden realizarse conjuntamente, como ha sucedido en situaciones parecidas en otras naciones.
Desde el sector democrático promotor del RR, con el cual me siento identificado, hacemos un llamado a la dirigencia política,tanto de la oposición como del gobierno, que sopesen seriamente la posibilidad de activarlo. Vacilar es perderse nos recuerda el Libertador. Guaidó como dirigente de la oposición debe atender este llamado e impulsarlo sin vacilaciones, al igual que el régimen de Maduro, pues a ambos les conviene, y principalmente al país, agobiado por una descomunal crisis que atenaza sin contemplaciones la vida de los venezolanos.
Tengo que ser muy franco con mis convicciones. Vivimos una pavorosa crisis de legitimidad, ausente en todas las instituciones políticas, sean del gobierno, sean de la oposición. Del gobierno pues su fuente, la legitimidad de origen que reposa en las elecciones libres y democráticas, está fuertemente cuestionada, tanto por una parte considerable en relevancia de la comunidad internacional, como por la mayoría de los venezolanos, tal lo indican sostenidamente los sondeos de opinión; de la oposición, pues su expresión central, la asamblea nacional, cesó constitucionalmente su período y hoy no pasa de ser una entelequia sin ningún asidero legítimo que la sostenga.
La negociación política es un juego suma variable, donde los actores ganan algo y también pierden algo. Con ella no hay victorias ni derrotas absolutas, sino victorias y derrotas relativas. El RR debe inscribirse en un proceso de transición política donde caben muchas posibilidades de desarrollo. Por supuesto, debe incluirse la justicia transicional, garantías para los perdedores y la definición de una hoja de ruta que no termina, sino más bien recién continua si la opción triunfadora conduce a una nueva elección presidencial en un plazo perentorio. Por cierto, la experiencia de países hermanos debe ser objeto de nuestra atención, independientemente de la unicidad de los fenómenos históricos y la gravedad de la crisis venezolana. El factor humano, el liderazgo en este punto es crucial. La veteranía política, el manejo de la mano zurda, la capacidad dialogal y la confianza que genera, serán atributos indispensables del hombre o mujer que hipotéticamente pase a ocupar tan importante rol. Pienso en hombres como Alwyn en Chile, Paniagua en Perú y Alfonsín en Argentina, presidentes exitosos en transiciones nada fáciles en sus respectivos países.
Venezuela experimenta una situación paradójica, pues todas las fuerzas políticas se aferran a la Constitución, cuando ninguna de ellas se rige por la Constitución. Debemos luchar por el régimen constitucional, sin complejos en utilizar caminos racionales que actualmente no se prescriben en la Constitución. Me explico; en una situación paraconstitucional como la actual la negociación debe diseñar imaginativamente los caminos que conducen a la Constitución. Se trata de regirse por lo que el eminente jurista Georg Jellinek definió en su momento como “el poder normativo de lo fáctico”. Inventamos o erramos. A los negociadores le toca definir esas reglas, inventarlas si se quiere, siempre que la meta esté clara, que no es otra que regresar a la desde hace mucho tiempo perdida fuerza normativa de la Constitución.