Sin lugar a dudas, el hecho político más significativo de la semana pasada fue el anuncio que hizo desde Venezuela el alto mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de reactivar la lucha armada en el vecino país.
La declaración de por lo menos 10 comandantes de esa guerrilla, encabezada por 2 de sus más conspicuos jefes: Iván Márquez y Jesús Santrich, constituye la implosión de un proceso político adelantado en Colombia por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y que no reflejó la voluntad de la mayoría de dicha sociedad.
A lo largo de muchos años, y de diversas formas, la sociedad colombiana ha expresado su voluntad de conseguir la paz en su territorio. Solo que el acuerdo logrado por el gobierno de Santos no satisfizo a la mayoría de organizaciones y ciudadanos, tal como quedó reflejado en el resultado del referéndum aprobatorio, celebrado el 2 de octubre de 2016.
Al establecerse el acuerdo de paz, por encima de la voluntad de la mayoría de los colombianos, era evidente que estaban condenados a su ruptura en cualquier momento y circunstancia.
Fundamentalmente, porque la guerrilla de las FARC, responsable de una inmensa cantidad de crímenes, cometidos a lo largo de su existencia, se empeñó en salir de las montañas con tal cúmulo de privilegios políticos y económicos, que la sociedad colombiana no asimilaba de forma inmediata.
Los temas de la justicia por los crímenes cometidos, el dolor de las víctimas, la protección socioeconómica y la situación política de los líderes guerrilleros convertidos en parlamentarios de forma directa, no convencieron al pueblo colombiano.
A pesar de todas esas observaciones, el presidente Santos siguió adelante con los acuerdos, promovió su aprobación por el Congreso e inició su aplicación.
El triunfo del presidente Iván Duque, quien como parte del partido Centro Democrático había votado No a los acuerdos, generó una expectativa tanto en la comunidad nacional colombiana como en la comunidad internacional respecto de su cumplimiento.
Todos esperaban que fuera el gobierno de Duque el que los rompiera. Por el contrario, el nuevo gobierno no los desconoció y venía dándole cumplimiento en medio de las dificultades que la situación política y economía del vecino país lo permitía. Sin embargo, quienes han declarado su ruptura y han anunciado el regreso a la violencia han sido los dos jefes más importantes de dicha guerrilla.
La declaración efectuada desde nuestro país (ya han identificado claramente, a través de los mecanismos tecnológicos, el origen de la transmisión de dichos videos) constituye una evidente demostración de la naturaleza violenta de un grupo humano, que no puede vivir sin contar con los privilegios del crimen organizado, al que llegaron, luego de que dicha guerrilla dejó de ser un movimiento ideológico para convertirse en una empresa dedicada al narcotráfico y a la violencia.
Iván Márquez y Jesús Santrich, incómodos en su país, aprovechan el santuario que Hugo Chávez les ofreció en el nuestro para reagrupar sus cuadros, apertrecharlos y hacer una declaración política para amenazar al gobierno de Colombia, y de esa forma complicar aún más el escenario geopolítico de la región ya afectado con la política antidemocrática de la dictadura de Maduro.
Nadie duda en América Latina que detrás de esta declaración de guerra, anunciada por Iván Márquez, está la mano siniestra de la dictadura venezolana. La cúpula roja huye hacia adelante, pensando que al complicarle el cuadro interno al gobierno del presidente Duque se diluirá la presión internacional sobre su usurpación del poder.
Maduro ha equivocado su estrategia. Al atizar la confrontación en Colombia, obligarán a la comunidad internacional a buscar mecanismos más eficientes para lograr su salida del poder.
La combinación Maduro-FARC representa un peligroso movimiento desestabilizador de la región. El mundo sabe que desde hace ya largo tiempo el castrochavismo convirtió a nuestro país en un territorio para acoger a toda esa legión de personajes, miembros de la guerrilla colombiana, y de otros grupos terroristas del mundo.
Está documentada la presencia de cuadros de las FARC y del ELN en diversos estados de Venezuela, cumpliendo misiones de seguridad, de hostigamiento a la disidencia democrática o explotando minas y unidades agropecuarias.
Se trata de una alianza del mal. De personajes que para nada respetan los derechos humanos, que no tienen límite alguno para buscar recursos con los cuales sostener su ilegal actividad. Igual les parece lícito traficar con drogas, como destruir nuestros ecosistemas para acceder a tierras y minerales, con los cuales financiar su vida y su actividad delictiva.
Maduro ha dado un paso en falso al alentar a esos siniestros personajes de la guerrilla colombiana a retomar la ruta de la violencia.
El mundo civilizado tendrá que aunar esfuerzos para cooperar en la importante misión de devolver a esta región del continente la paz, la democracia, la seguridad y la estabilidad.