Gracias a estos artículos y a la generosidad de quienes los publican, hemos ido desarrollando las instituciones, que a nuestro juicio, conforman ese Estado de apellido Ciudadano: Sociedad, Régimen y Sistema Político y Gobierno. Ya hicimos lo propio con la la primera de las mencionadas, en otras entregas, a la que consideramos la principal nutriente del todo.
Ahora corresponde al régimen político. A ese al que se hace alusión cuando hablan de gobiernos tiránicos y dictatoriales y dicen que “no es un gobierno, es un régimen”, pero que al revisar la doctrina podemos entender con mayor claridad lo que significa. Para Bobbio es el conjunto de instituciones que regulan la lucha, el ejercicio del poder y los valores que animan al Estado. En armonía con ese concepto, Duverger hace un símil de ese marco general con las constelaciones cuyas instituciones políticas son las estrellas, para suplantar la denominación de derecho constitucional que ha estado ligado a la aparición de los regímenes liberales.
Es un marco general que engloba el orden social de una nación, que podemos tener más claro en el concepto que nos dio Pedro Medellín en sus clases de Teoría Política: “(…) es el ordenamiento que le confiere corporeidad e identidad (propia y particular) a la idea abstracta de Estado. Bajo la forma de aparato estadal. El régimen político imprime los rasgos de estabilidad a unas instituciones por encima de otras y define el sistema objetivo y los contenidos que las diferencia de los demás (…)”.
El régimen oolítico contiene el orden social, el pacto primitivo que unifica, el contrato social, que para que sea de obligatorio cumplimiento debe pasar por un proceso de consulta y aprobación legal, con lo que llega a ser, al mismo tiempo, el orden jurídico; vinculando los poderes públicos a los objetivos, valores y fines del Estado. Unidos por una identidad, una historia y un patrimonio, que se debe preservar y mantener, que en definitiva es lo que conocemos como Constitución. Como el conjunto de normas programáticas que se desarrollan en las leyes, reglamentos, decretos y órdenes ejecutivas.
Sin embargo, nuestra historia política da cuenta de cómo en Venezuela lo que dice la Constitución no es lo que se hace en la realidad. Hemos vivido en una permanente dicotomía Orden legal vs Orden real, que siempre se justifica sacando un artículo o una interpretación de bajo de la manga, que permite ¡lo que sea! Así desde la Colonia, con el “acátese pero no se cumpla”, la ley era la que imponía el caudillo de turno; una república federal sin federalismo, excesivamente centralizada; una democracia con ropaje federal, como expresaba Brewer Carías, que nunca se ha materializado; una democracia participativa, descentralizada, plural… bajo el yugo del poder central.
En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), instrumento creado a través de un proceso constituyente aprobado en elecciones, concibe una democracia participativa y protagónica, en el marco de los principios de pluralidad política, igualdad, libertad, solidaridad, inclusión, cooperación… un Estado descentralizado cuya columna vertebral es el sistema nacional de planificación, lo que implica una articulación entre todos los niveles de gobierno: Nacional, Estatal y Municipal, que involucra a las comunidades organizadas.
Quedó de lado a partir del año 2005, cuando el presidente Chávez en el Foro de Sao Paulo confrontó el socialismo vs capitalismo, divulgado como el socialismo del siglo XXI, con un modo de producción socialista que desdibuja el sistema nacional de planificación, la articulación entre los diferentes poderes públicos e instituye una comunicación directa del Poder Ejecutivo con las estructuras comunitarias de base, derivando en la forma de Estado Comunal (2012) a través de los consejos comunales o comunas, para lo cual se crea todo un andamiaje legal que crea un Poder Público, el Poder Popular, profundizando así el alejamiento de la Constitución.
A pesar de que en el año 2007, en lo que el mismo presidente Chávez llamó “Ahora la batalla es por el sí”, ese esquema se sometió a consulta y fue rechazada por la mayoría de los venezolanos.
Con lo cual quiero significar que al gobierno la sociedad le dijo NO, pero es SÍ, jugando a vivo, gracias a una mayoría parlamentaria, aprobó ese paquete legislativo.
Pero eso lo sabe todo el mundo. Lo que realmente quiero significar es el desorden que ello ha generado. La gente no sabe si hay socialismo porque ve tanta desigualdad cuando las grandes empresas, privadas y públicas, explotan a la masa trabajadora con sueldos miserables. Si hay libertad de expresión porque sienten temor al hacerlo para no molestar al gobierno. En una actitud tan complaciente y contemplativa, como impotente. Lo peor es que la Constitución ha quedado para mencionarla, invocarla… según la conveniencia; pero lo que se hace realmente es lo que ordena el presidente, que cumplen, sin chistar. Utilizando el miedo, el empobrecimiento, la desesperanza… de quienes necesitan un cargo, una ayuda pública, hasta una medicina o tratamiento; con ello acallar y controlar a la sociedad, lo cual crea un desequilibrio que se traduce en incertidumbre.
En el próximo artículo haremos una relación de los diferentes regímenes políticos para significar la importancia de la sinceridad de su ejecución. Entendiendo como plantea Lechner “orden es estabilidad, desorden es caos”.
@carlotasalazar