La denuncia que presentó Fundaredes el 30 de junio acerca de los negocios en Venezuela entre la narcoguerrilla del ELN y figuras del régimen ofrece pistas sobre los verdaderos motivos del arresto de Javier Tarazona, director de la ONG, y otros dos activistas de derechos humanos poco después. Sirve también para explicar por qué, tras 100 días en prisión –que se cumplieron este sábado– los detenidos no han tenido audiencia preliminar ni se les ha permitido designar abogados.
Todo parece indicar que el documento que Tarazona y sus colaboradores entregaron a finales de junio al Ministerio Público planteó una potencialmente explosiva situación para el régimen. Tanto así que ante datos precisos y hasta evidencias fotográficas en el texto de la ONG, el fiscal general respondió con una escueta abstracción: “Difamaciones”. Sin embargo, en un país pervertido por la complicidad orgánica entre el régimen y la justicia, a los tres detenidos los acusaron luego de terrorismo, incitación al odio y “traición a la patria”.
Tarazona, que mostró la evidencia fotográfica, dijo entonces a periodistas: “Le estamos pidiendo al Ministerio Público que investigue la relación de, por ejemplo, (Ramón) Rodríguez Chacín, de Carola de Chacín, con estos cabecillas del comando central del ELN; la participación de ellos en casas de resguardo, por ejemplo, en Barinas, la quinta El Vendaval, el hato El Guayabal”.
El director de Fundaredes recordó que semanas antes la ONG denunció también ante la Fiscalía en Caracas la existencia de “casas seguras” para la operatividad de los cabecillas del ELN y los disidentes de las FARC, que cuentan con protección de funcionarios de seguridad del Estado. Algunas de esas casas, señaló, pertenecen a Rodríguez Chacín.
Tarazona, que afirmó que el ELN tiene presencia en 21 entidades federales del país, agregó otra precisión que contrasta con las “difamaciones” del fiscal del régimen: “Investiguen qué hace la organización mercantil Agropecuaria Don Pío, cuáles son sus operaciones financieras en Venezuela, a qué se dedican, porque precisamente pertenecen a estos personajes que mostramos en la fotografía”. Añadió que también pedían que se investigara la función de la empresa Blindaje Seguridad y Protección C. A.
No hay que olvidar que a Tarazona y su ONG siguen cobrándole, además, haber contribuido a conocer que el régimen de Maduro arrastró a la FANB a la guerra de guerrillas para defender a sus aliados de las FARC en el brevísimo conflicto que estalló en marzo en Apure, donde mandos débiles capitularon aproximadamente dos meses después frente a los rivales de Iván Márquez en el negocio de la droga.
En esa guerra de guerrillas ansiosamente buscada por los mismos que llevaron a la rendición incondicional, y a la cesión de territorio nacional al Frente Décimo de las FARC para el tráfico de drogas, hay que contextualizar para entender por qué el régimen llama “delincuente y rata” a Javier Tarazona, el encarcelado director de Fundaredes.
Documentos de la ONG, que ha denunciado el desprecio del Alto Mando Militar madurista por los miembros de la FANB en la desastrosa y frustrante aventura bélica en Apure, apuntan: “Los heridos debieron intentar preservar sus vidas sin contar con provisión de comida o un kit de primeros auxilios digno, pues al ser enviados al terreno de combate sin las provisiones y elementos mínimos de supervivencia les esperaba el peor de los escenarios”.
Fundaredes exigió este sábado la liberación de su director, Javier Tarazona, y los activistas Rafael Tarazona y Omar García al cumplirse 100 días de su detención arbitraria. Y lo hizo con el argumento inapelable de que “defender derechos humanos no es delito”. Pero el régimen de Maduro, incurso en crímenes de lesa humanidad, hasta eso le cobra a Tarazona.