El régimen venezolano respondió con celeridad, negada en tantas ocasiones, la derrota que sufrió en la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional.
La investigación, por tanto, sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país sigue adelante. La estrategia oficial de dilaciones le funciona en el corto y mediano plazo, pero el fondo del asunto continúa intacto: el régimen y sus mandos tendrán que rendir cuentas sobre su proceder en el delicado y doloroso tema de los derechos humanos.
La argumentación es repetida y cínica. Y se resume en: se intenta aplicar la justicia penal internacional con fines políticos; se ha manipulado “un reducido conjunto de delitos”; esos delitos están siendo “debidamente investigados y sancionados”; rechaza la injerencia externa en sus procesos penales; y la “burocracia internacional” no hace nada para impedir el “cruento genocidio” contra el pueblo palestino.
La actuación paciente e imparcial de la CPI en la investigación iniciada en noviembre de 2022 está sujeta a lo dispuesto en el Estatuto de Roma que entró en vigencia el 1 de julio de 2002 y establece en su artículo primero que “estará facultada para ejercer jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional”. No se trata de un “reducido conjunto de delitos”: fueron consignados ante la CPI cerca de 9.000 testimonios de las propias víctimas, de torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y negación de justicia. No hay evidencia, ni para las víctimas ni para la Sala de Asuntos Preliminares de la CPI, de investigaciones y, mucho menos, de sanciones que involucren a la cadena de mandos.
Esgrimir la injerencia externa como una supuesta muestra de violación de la soberanía es desconocer el propio carácter de la CPI, destinada “a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera”, como señala el preámbulo del Estatuto de Roma.
El mayor cinismo del régimen venezolano, que aplaude la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, es cuestionar que la “burocracia internacional” se ocupe de su caso cuando se está cometiendo un “cruento genocidio” contra el pueblo palestino. Algo así como aquellos crímenes exoneran los míos.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk -cuya oficina fue expulsada del país por expresar su preocupación por la detención de Rocío San Miguel-, produjo una declaración, previa a la decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI, en la que pidió el cese de la guerra en Gaza y la necesidad de que se rindan cuentas y se investiguen “las claras violaciones del derecho internacional humanitario y los posibles crímenes de guerra cometidos por ambas partes”.
Türk fue aún más lejos al calificar de “carnicería” los “asesinatos y mutilaciones” de civiles y precisó que 17.000 niños han quedado huérfanos o separados de sus familias en Gaza.
La oficina que comanda Türk ha registrado, según su declaración, muchos incidentes que pueden constituir crímenes de guerra por parte de las fuerzas israelíes porque hay evidencias de que han producido ataques “indiscriminados o desproporcionados”. Además, que el lanzamiento de proyectiles por parte de grupos armados palestinos en todo el sur de Israel, y hasta Tel Aviv, también viola el derecho internacional humanitario.
La doble moral del régimen venezolano siempre queda al descubierto. Es inmune al dolor de las víctimas ocurran en Gaza, en Ucrania o en Venezuela. Solo se trata de números muy grandes o “reducidos” para esconder su interés político, este sí, y dejar en evidencia su cariz indecente.