Recientemente la Corte Penal Internacional (CPI) ha declarado por unanimidad rechazar los alegatos que había presentado el gobierno de Venezuela para que se detuviera la investigación que lleva a cabo esta institución internacional establecida para investigar y perseguir a todas aquellas personas que hayan cometido delitos graves de trascendencia internacional por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Su tratado, conocido como el Estatuto de Roma, fue adoptado en julio de 1998 aunque el funcionamiento práctico de la Corte comenzó en el año 2003 reconociendo e investigando inicialmente los crímenes atroces cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.
“Aquellos que creen que pueden cometer un crimen durante el día y dormir bien por la noche, quizá deberían mirar la historia”, dijo el fiscal de la CPI, Karim Ahmad Khan.
Estas declaraciones del fiscal Khan aplican igualmente para los presidentes que están bajo la lupa de este organismo internacional, el ruso Vladimir Putin y su homólogo venezolano Nicolás Maduro, quienes tienen sendos procesos abiertos en la actualidad por la Corte Penal Internacional.
Ambos líderes con regímenes autoritarios y dictatoriales tienen antecedentes de persecución a disidentes, secuestros, asesinatos y denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la población civil en sus países.
Tanto Putin como Maduro deben tener como referencia a 3 líderes que nunca imaginaron acabarían sentados frente al tribunal con sede en La Haya quienes fueron juzgados por la Corte Penal Internacional.
Slobodan Milosevic se convertiría en el primer jefe del Estado europeo acusado de crímenes de guerra y genocidio por los que tuvo que enfrentar 3 acusaciones por las atrocidades cometidas en Kosovo, otra por crímenes en Croacia y una tercera acusación por genocidio en Bosnia durante los años 1992 y 1995.
Se estima que el ejército de Milosevic es responsable de más de 200.000 muertos en Bosnia y 2 millones de personas sin hogar, además de realizar una limpieza étnica de ciudadanos albaneses en Kosovo.
Milosevic fue hallado muerto en su celda en La Haya en marzo de 2006 antes de concluir su juicio por los crímenes cometidos ordenados por él.
Charles Taylor expresidente de Liberia igualmente investigado, recibió una sentencia de 50 años de prisión en un juicio que llevó a cabo un tribunal de crímenes de guerra de La Haya y que fue respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quienes consideraron que Taylor era culpable de ayudar, armar y promover en los rebeldes de Sierra de Leona la persecución, violación y asesinato de decenas de miles de civiles en dicho país africano.
A Taylor se le atribuyeron 11 cargos entre los que destacan terror, asesinato, violación y el uso de niños soldados por los que fue sentenciado a cumplir dicha condena; convirtiéndose así en el primer exjefe de Estado declarado culpable por crímenes de guerra en una corte internacional desde los juicios llevados a cabo en Nuremberg contra los nazis.
Actualmente Charles Taylor cumple su pena en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido.
Félicien Kabuga es un empresario de Ruanda acusado por el Tribunal Penal Internacional de genocidio y limpieza étnica en este país africano contra la población de la tribu de los tutsis por parte de sectores civiles que fueron instigados utilizando una emisora de radio para incitar y promover dicha matanza entre enero de 1993 y marzo de 1994.
Se calcula que 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en el genocidio de Ruanda; siempre bajo la colaboración y promoción de Kabuga, quien utilizó según lo que los fiscales describieron como el arma más poderosa en la ejecución de un genocidio: una emisora de radio desde donde organizaron y movilizaron a ciertos miembros del grupo étnico, los hutus, para atacar y matar a los tutsis.
Parte de los mensajes de odio emitidos desde la emisora de radio era catalogar a los tutsis como “cucarachas”, igualmente se señala a Félicien Kabuga como principal financista en la compra y distribución de machetes para proporcionárselos a los escuadrones de la muerte quienes se encargaron de una de las más terribles limpiezas étnicas del siglo XX.
Kabuga fue capturado luego de burlar la justicia internacional por más de 20 años cuando fue detenido en mayo de 2020 en París, ciudad donde se escondía utilizando uno de sus 28 alias. Durante más de dos décadas pudo burlar la orden de captura gracias a sus poderosas conexiones en el continente europeo y africano.
Actualmente Félicien Kabuga, de 91 años edad, se encuentra detenido mientras su juicio ha sido suspendido porque los fiscales han alegado demencia por la edad del acusado; situación que preocupa a más de 50 testigos que están siendo llamados a declarar ante el Tribunal y que esgrimen que el empresario puede morir con la presunción de inocencia.
Actualmente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es reconocido por 123 Estados miembros; sin embargo, hay algunos Estados que no reconocen dicho Estatuto entre los que destacan Estados Unidos, China e India y otros 41 Estados que nunca lo firmaron. Venezuela lo ratificó el 7 de junio de 2000.
Otro caso de sentencia dictada por la CPI es Thomas Lubanga Dylio, expresidente de la República Democrática del Congo quien fue declarado culpable de crímenes de guerra, de reclutar y alistar a niños menores de 15 años y utilizarlos para que participaran de manera activa en las hostilidades llevadas a cabo contra ciudadanos inocentes de aquella nación africana.
Desde su fundación la CPI ha abierto más de 30 casos, de los cuales 10 se han resuelto en condenas, 4 han sido absueltos mientras que 18 sospechosos e investigados siguen en libertad.
Uno de ellos es Vladimir Putin, quien permanece investigado desde marzo de 2023 por la presunta deportación de niños durante la invasión a territorio ucraniano a campos de trabajo forzado de la Federación Rusa. Por lo que la CPI ha dictado orden de captura contra el presidente ruso y la misma medida fue solicitada contra María Alekseyevna Lvova-Belova quien funge como comisionada presidencial rusa para los derechos del niño.
El fiscal Khan ha declarado que “Ucrania es un escenario de crímenes en el que presuntamente se comete una amplia y compleja gama de delitos internacionales” por lo que no dudan que se emitan otras disposiciones de captura contra funcionarios del gobierno ruso.
Nicolás Maduro no está muy lejos de emular a su homólogo ruso luego de que la CPI decidiera continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad lo que ha convertido a Venezuela como el primer país de América Latina en ser investigado por la Corte.
Las declaraciones del fiscal Khan refuerzan la tesis de que el gobierno de Maduro y sus funcionarios gubernamentales y militares han perpetrado desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas a ciudadanos durante las protestas del año 2017, en donde fueron asesinadas más de 125 personas y se llevaron a cabo centenares de detenciones arbitrarias donde se denuncian tratos crueles, inhumanos y degradantes así como desapariciones forzadas durante los meses que duraron las protestas en el país.
Es así como lo declarado por el fiscal de la CPI, Karim Ahmad Khan: “Aquellos que creen que pueden cometer un crimen durante el día y dormir bien por la noche, quizá deberían mirar a la historia”, probablemente y a pesar de que Maduro diga lo contrario, debe ser la causa de sus desvelos sabiendo que la justicia internacional tiene su ritmo y su velocidad, pero sigue adelante.