El trágico accidente ocurrido en México en días pasados, en el que murieron mas de 50 migrantes provenientes de países centroamericanos en su mayoría, obliga de nuevo a reflexionar sobre el enorme problema que enfrenta hoy la comunidad internacional: el desplazamiento de personas en el mundo por razones políticas, económicas o humanitarias.
El problema migratorio es un problema de la comunidad internacional y no sólo de los países involucrados en este proceso, en el que están en juego, como sabemos, los derechos de las personas que son víctimas de la violencia y de las malas políticas y prácticas oficiales, cuya solución reposa no solamente en los países de origen, si no en los otros países involucrados en el proceso migratorio, es decir, en los de tránsito y los receptores o de acogida.
La causa principal de las migraciones está en los países de origen, en los países emisores. Violencia política, persecución, violación de derechos humanos, pobreza, crisis humanitaria. Mientras persistan las circunstancias políticas contrarias al orden democrático y a los derechos humanos y la situación económica de pobreza, la gente seguirá huyendo para salvar sus vidas o para encontrar una nueva, en dignidad.
Las personas desplazadas buscan un destino final en donde puedan estar seguros y vivir con dignidad, para lo cual abandonan sus países y atraviesan otros en medio de dificultades en donde son muchas veces víctimas de poderosas organizaciones criminales que trafican con sus vidas y sus esperanzas y en donde, además, las autoridades no son muchas veces eficientes, formando parte lamentablemente en algunos casos de la maquinaria criminal del tráfico ilegal de personas.
Los desplazados adquieren la condición de migrantes o de solicitantes de asilo e incluso de refugiados cuando se dan ciertas condiciones. Ningún Estado está obligado a conceder un estatuto particular, cualquiera que sea el nivel de gravedad de la situación que origina el desplazamiento, lo que no significa que no deba actuar solidariamente para proteger y garantizar los derechos humanos de esas personas.
Todos estamos claros en cuanto a los derechos de esas personas, a sus responsabilidades, a los derechos y también obligaciones de los Estados involucrados en el proceso: los de origen, los de tránsito y los receptores. Sin embargo, las personas siguen sufriendo el abandono forzado de sus lugares de origen por una u otra razón; el menoscabo de sus derechos y los riesgos que corren ante los grupos delictivos, muchas veces ante ausencia de políticas públicas contundentes para manejar la problemática que se plantea con los desplazamientos masivos de personas.
La responsabilidad para enfrentar y solucionar los problemas migratorios es de todos. La responsabilidad primordial corresponde al Estado de origen cuyos gobiernos se han alejado del orden democrático y del respeto pleno del Estado de Derecho que violan los derechos civiles y políticos de los ciudadanos; y, a la vez, gobiernos que no garantizan por una u otra razón, el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Esa responsabilidad es sin embargo necesariamente compartida, es decir, que cuando ese Estado no pueda garantizar el Estado de Derecho o el disfrute de los derechos humanos en general, la comunidad internacional debe asistirlo y cooperar para superar las deficiencias.
Los países de tránsito tienen también responsabilidades. Ellos deben asegurar los derechos de las personas en tránsito sin desconsiderar soluciones equilibradas que permitan a esos países que sufren un impacto político y económico importante por el arribo de esos flujos, manejar de la mejor manera el problema migratorio. Los países de tránsito deben garantizar no solamente el disfrute mínimo de los derechos de las personas sino garantizarle su seguridad personal lo que supone combatir la delincuencia organizada que trafica con sus vidas y su dignidad. Un problema muy complejo que hasta ahora, pese a un relativo desarrollo normativo, no ha sido combatido con la eficacia y eficiencia debidas.
Para enfrentar el reto migratorio deben elaborarse políticas públicas adecuadas que permitan conocer los derechos y las obligaciones de todos, las limitaciones y las necesidades, las responsabilidades de quienes huyen o se desplazan hacia el exterior, de los que manejan las políticas públicas y de las sociedades de acogida que muchas veces reaccionan desfavorablemente adoptando, incluso, prácticas discriminarías y xenófobas que alteran el orden social.
Un problema que llama a la solidaridad tan difícil de encontrar la mayoría de las veces en las relaciones humanas de nuestros tiempos.