Hace unas semanas el conspicuo operador chavista Pedro Carreño comparó al Tribunal Supremo de Justicia (chavista) con el Titanic que se hunde mientras toca la orquesta. La metáfora escogida por Carreño fue el preámbulo a una escueta crítica a Maikel Moreno y todos los magistrados salientes del tribunal. Lo que pudo ser una denuncia por corrupción no pasó de ser una aseveración sin nombres ni detalles completamente inútil a los efectos de establecer responsabilidades. Las alusiones anónimas que hizo Pedro Carreño tienen su importancia porque nos presentan otra evidencia de las luchas intestinas que se libran dentro del estado chavista.
En un Estado concebido jurídicamente como expresión de los intereses de la nación el Poder Judicial administraría justicia en los conflictos surgidos entre particulares y entre estos y el Estado. Pero no en el Estado chavista que no representa los intereses de la nación sino los de la camarilla gobernante. Para esto las credenciales de ingreso a la carrera judicial hoy en Venezuela no son las acreditaciones académicas sino la filiación perruna al chavismo adornada con títulos piratas como el obsequiado al “abogado” Pedro Carreño sin quizás haber manoseado un libro de Introducción al Derecho.
Para actuar con un mínimo de efectividad este ejército de operadores judiciales, sin aval profesional pero de comprobada fidelidad al “proceso”, tiene atribuciones claramente delimitadas, no por los textos legales sino por los protocolos de facto del Estado chavista. Por ejemplo, todas causas que implican intereses de naturaleza política o militar siempre son asignadas a jueces y fiscales “especiales” cuyas actuaciones son siempre coordinadas con algún alto funcionario del régimen para lograr finalmente sentencias y decisiones que convienen al régimen. Los asuntos “particulares” que no tienen que ver con los político ni lo militar son dejados a la discrecionalidad de estos operadores que en lugar de dictar sentencias las venden en un libre mercado donde participan tribus, clanes, pandillas y pranatos.
Pero hay otra área dentro de ese Poder Judicial que podríamos denominar “justicia especial chavista”. Este vendría a ser un conjunto de funcionarios de diferentes jerarquías y especialidades cuya función sería dirimir los conflictos entre los propios operadores civiles y militares del régimen según su jerarquía. En teoría el papel de esta justicia especial chavista, inexistente según la ley pero reconocida y admitida como una instancia de facto, sería resolver las contradicciones entre operadores para asegurar un mínimo de coherencia en las decisiones administrativas. En la práctica se ha convertido en una forma de ajustar cuentas entre los diferentes grupos y logias que operan dentro del Estado chavista que de vez en cuando nos sorprende enjuiciando a sus propios elementos por narcotráfico o corrupción.
El Tribunal Supremo de Justicia es el órgano por excelencia de esta justicia especial chavista por el mero hecho que dadas ciertas circunstancias podría tomar decisiones políticas relevantes tales como el enjuiciamiento y destitución de Nicolás Maduro o la interpretación de textos legales que soporten a otras instancias del Estado chavista que busquen el mismo resultado. Esto en buena medida explica el retraso de la Asamblea Nacional chavista en designar a los nuevos magistrados.
El ecosistema en el cual opera el Estado chavista alberga en su seno una variedad de grupos e intereses enfrentados permanentemente y cuyo equilibrio, para no perecer, depende de la coordinación y mediación que ejercitan unos factores más fuertes sobre otros más débiles. La selección de los magistrados del TSJ está hoy en el centro de la lucha intestina que se libra dentro del Estado chavista. Nicolás Maduro, Jorge y Delcy Rodríguez tienen que encontrar 20 magistrados (ya no son 32) que sean “patria o muerte” con su grupo. Si ellos quisieran podrían hasta postularse ellos mismos y así solo tendrían que conseguir 17. Pero por estos días no es fácil encontrar ni siquiera 10 candidatos “químicamente puros” que respondan 100% a los intereses de la macolla del régimen. Neutrales no se aceptan porque son los primeros que en un momento de debilidad y bajo presión se aflojarían.
Seleccionar a 20 magistrados chavistas resteados con Nicolás Maduro es tan complicado como encontrarle un sucesor digno de crédito en las Fuerzas Armadas chavistas al cansado y enfermo Vladimir Padrino López. Solo que parece más fácil dejar a uno que encontrar a veinte que no se desvíen en el camino. Lo que está decidiendo en estos momentos el chavismo no es tan solo la selección de unos magistrados del TSJ sino los operadores que podrían tener en sus manos el enjuiciamiento de Nicolás Maduro o su inhabilitación. ¿Por qué? Porque otros grupos habían probado ser más fuertes y habilidosos. Estamos frente a una de esas coyunturas que podrían ser definitivas para el régimen. Hay suficiente en juego que se justifica la demora, el retardo y hasta una prórroga por 6 meses de los actuales magistrados por aquello de “mejor malo conocido que bueno por conocer”.
Y sobre los reclamos de Pedro Carreño solo se puede decir que se prestó para tirarle piedras a su colega chavista Maikel Moreno y despejarle el camino a no se sabe quién. Sin embargo, hay que conceder que Carreño tiene razón en el uso de la metáfora. Con un chavismo ocupado en sus luchas internas, el aparato judicial del estado chavista y todo el poder judicial se hunden como el Titanic mientras las megabandas, a ritmo de metralla, azotan todo el país y ponen la música.- @humbertotweets