La libertad de prensa y el derecho a la información son dos pilares fundamentales en cualquier sociedad democrática. Por este motivo, resulta intolerable que desde el poder político se intente coaccionar o señalar a medios de comunicación y a profesionales concretos. El capítulo protagonizado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, intentando intimidar a una periodista de elDiario.es o manipulando un supuesto acoso al domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un precedente funesto que da cuenta de hasta qué extremo se han normalizado las presiones a los medios. Este hecho supone un punto de inflexión, aunque desafortunadamente no se trata de un caso aislado ya que estas prácticas se vienen asimilando con irresponsable tolerancia desde hace demasiado tiempo.
Hace pocas semanas volvimos a ver cómo el ministro de Transportes, Óscar Puente, coaccionaba a periodistas de El Mundo y de ABC, algo que se ha convertido en costumbre. En nuestra redacción conocemos bien las maneras intimidatorias de Puente, ya que varios compañeros han vivido en primera persona amenazas y agresiones verbales muy semejantes a las protagonizadas por Miguel Ángel Rodríguez. La interpelación violenta o la amenaza expresa son las formas más groseras y evidentes del acoso que sufre la prensa, pero existen mecanismos mucho más sutiles con los que el poder político ha intentado quebrar el equilibrio informativo en nuestro país.
Que el presidente del gobierno hable despectivamente de la derecha mediática o que se sirva de términos tan peyorativos como «fachosfera» evidencia su intento de deslegitimar a los medios de comunicación que no le resultan afines. Ese mismo señalamiento lo han practicado personas como Ion Antolín, jefe de comunicación del PSOE, quien ha señalado y amedrentado a compañeros que simplemente han ejercido una crítica legítima. La llegada de Podemos a la política inauguró formas populistas que pronto fueron imitadas por otros. Vox, sin ir más lejos, ha vetado en numerosas ocasiones a medios de comunicación de indiscutible relevancia como pueden ser la Cadena Ser o El País. Ese mismo veto es el que persistentemente sufre ABC, que durante más de un año fue excluido de los viajes de Pedro Sánchez. Ningún partido está a salvo, sin embargo, de estas prácticas tan sumamente erosivas para la calidad democrática. En ocasiones se trata de una intimidación verbal, pero en otros momentos, como hiciera el ministerio de Cristóbal Montoro con nuestro compañero Javier Chicote, se han llegado a emplear recursos públicos como la Agencia Tributaria para realizar investigaciones fiscales prospectivas e injustificadas. El poder político debe reconsiderar de forma urgente su trato con los medios. Es inadmisible que las ruedas de prensa tras los Consejos de Ministros se salden con un número escaso de preguntas (este martes volvió a reducirse el cupo) en las que el gobierno intenta privilegiar a los medios que le son afectos. Del mismo modo, no podemos asimilar con naturalidad que el presidente Sánchez o partidos con representación parlamentaria como Sumar se nieguen persistentemente a dar entrevistas a un periódico como ABC.
Nuestro diario lideró en pandemia la iniciativa «La libertad de preguntar» en la que más de seiscientos profesionales de la comunicación de distinto signo suscribieron una demanda a la Secretaría de Estado de Comunicación para que dejaran de filtrarse las preguntas en un tiempo especialmente crítico para el derecho a la información. Aquel gesto compartido por periodistas de numerosos medios dio la voz de alarma sobre un control y una intimidación que el poder político no ha dejado de ejercer.
Los propios medios no debemos dejar de asumir también nuestra cuota de responsabilidad. La creciente polarización y la construcción de bandos ideológicos han favorecido una sensibilidad asimétrica y no siempre hemos reaccionado ni con la celeridad ni con la vehemencia debidas. Esta crítica debe hacerse también extensiva a las asociaciones de prensa que deberían haber respondido con mucha más rotundidad y con una absoluta independencia con respecto a sesgos ideológicos o partidistas. España, como cualquier democracia, necesita contar con un ecosistema mediático libre en el que los distintos medios, tengan la ideología que tengan, puedan servir lealmente al derecho a la información que asiste a todos los ciudadanos. Por este motivo, exigimos al poder político que aprenda a respetar el trabajo de una prensa crítica, plural, libre e independiente.
Editorial publicado en el diario ABC de España