En la víspera de la realización del referendo sobre el Esequibo, el gobierno de Maduro rechazó una declaración del Caricom pidiéndole respetar la reciente opinión de la Corte Internacional de Justicia, que insta a Venezuela a abstenerse de adoptar medidas que alteren el control de Guyana sobre el Esequibo.
Esta declaración que no debería sorprender si tenemos en cuenta la histórica identificación de los países del Caribe con Guyana, no puede ser interpretada por el chavismo sino como una ingratitud ¿o traición?, si tenemos en cuenta la inmensa cantidad de recursos otorgados y regalados a sus países integrantes a través de Petrocaribe con el claro propósito de comprar aliados, lo que lograron en gran medida en las votaciones en distintos foros internacionales con el pequeño detalle de que ya no hay dinero y de que en anteriores oportunidades no había estado en juego su incondicionalidad hacia Guyana.
Es bueno recordar que, pese a la sostenida política de cooperación económica -y en ocasiones a causa de esa misma política- las relaciones entre Venezuela y el Caribe no han sido siempre armónicas. Para algunos actores como Eric Williams, ex primer ministro de Trinidad y Tobago, el principal artífice de una definición insular del Caribe, que rechazaba la inclusión de países de origen hispano dentro de los límites de la región caribeña, la cooperación de parte de Venezuela en los años setenta del siglo pasado, tenía una intención imperialista hacia las pequeñas economías del Caribe, postura en la cual se reflejaban también las aspiraciones trinitarias de atender la demanda caribeña de hidrocarburos.
Fue a partir del primer gobierno de Caldera (1969-1974), cuando Venezuela adelantó una política de cooperación económica hacia la cuenca del Caribe en general, y hacia el Caribe anglófono en particular, política de acercamiento que junto a otras prioridades condujo a la decisión de congelar la reclamación del Esequibo.
Ese acercamiento fue fortalecido durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), quien convocó en 1974 a una Cumbre de jefes de Estado de Centroamérica y el Caribe, celebrado en Puerto Ordaz, a partir del cual Venezuela definió el «Primer Programa de Cooperación Financiera con América Central y el Caribe», con el cual institucionalizó su decisión de apoyar financieramente a los países de la región. De esta manera, Pérez procuró un liderazgo regional enmarcado en los discursos tercermundistas que aupaba la cooperación Sur-Sur y exigía el diálogo Norte-Sur. Fue el antecedente de la creación en 1989 de la creación del Acuerdo de San José entre Venezuela y México para el suministro de petróleo a países del área caribeña en condiciones especiales de financiamiento.
En 1990 Venezuela, junto con Colombia y México, como integrantes del Grupo de los Tres (G-3), convinieron una estrategia de aproximación al Caribe, con lo cual la institucionalización de las relaciones venezolanas con el Caribe adquirió un carácter multilateral.
Hago este recuento por considerarlos los antecedentes de la política de Chávez hacia el Caribe. Desde los inicios de su gobierno anunció la posibilidad de extender a todos los países del Caribe los beneficios del Acuerdo de San José, con la intención principal de incluir a Cuba, anuncio que fue ratificado en el segundo viaje oficial de Chávez, en abril de 1999, para atender la II Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe.
En el lapso de los dos primeros años de gobierno «bolivariano», Venezuela ejecutó la política hacia el Caribe dibujada en aquellos pronunciamientos iniciales de 1999. El interés venezolano en la ampliación del Acuerdo de San José estaba en sus deseos de incluir al gobierno de Cuba entre los beneficiarios. La Habana se transformó en aliado internacional de primer orden del gobierno venezolano, y éste, en consecuencia, creó Petrocaribe, una nueva versión de los programas de apoyo económico y financiero hacia el Caribe.
Esta iniciativa fue lanzada en 2005 por el presidente Hugo Chávez en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), una organización internacional fundada un año antes a iniciativa de Cuba y Venezuela.
En virtud del acuerdo, los países compran petróleo a Venezuela pagando 60% del precio en los primeros 90 días y el restante en los siguientes 25 años con un bajo interés. Además, cuando algún país no dispone de liquidez se puede acordar que el pago se haga mediante bienes o servicios. Cuba, por ejemplo, paga parte del petróleo que recibe ofreciendo asistencia médica a Venezuela.
El país más beneficiado como era de preverse fue Cuba, el acuerdo energético de Caracas firmado entre los presidentes de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez, establece que Venezuela venderá 53.000 barriles diarios a Cuba a precios de mercado cuya parte de la factura de hasta 25% será pagada con asistencia y asesoría técnica cubanas en el área de la salud, la construcción de centrales azucareros, deporte y turismo, entre otros servicios para Venezuela. Poco de esto se obtuvo de parte de Cuba, pero el suministro no ha fallado, en menores cantidades por supuesto, aunque nos falte a los venezolanos.
Como era de esperarse, fue mucho lo que perdió Venezuela económicamente, por poner solo algunos ejemplos, en 2022 el gobierno de Maduro perdonó la deuda de 70 millones de dólares de San Vicente y las Granadinas. Después de este primer paso los mandatarios de ambos países acordaron entonces un descuento del 35% en el precio de venta de combustible. Hubo condonaciones del orden del 52% de la deuda a República Dominicana, reducciones de deudas como la de Belice en el orden de 250 millones de dólares. En Haití hubo un escándalo de corrupción nunca resuelto que hizo que se le excluyera del programa.
Si el régimen venezolano justificó la sangría petrolera con la incondicionalidad política de los países del Caribe, ahora, pobres y con un rival integrante de ellos, parece haber perdido todo poder para conseguir aliados caribeños en su conflicto limítrofe, y quién sabe si también en otros.