Preocupa cómo la intolerancia y la violencia irracional está gravitando en el clima político del país. No hay día en que los medios de comunicación no reporten situaciones de esa naturaleza. Los desafueros del gobierno írrito enquistado en Miraflores y el inexplicable empeño en ocultar la verdad sobre el estado de salud de la República conducen a una mayor polarización y tensión social cuyos rasgos fundamentales se evidencian en el endurecimiento del contenido del discurso político que acentúa las diferencias; las acciones violentas e ilegales de los grupos de apoyo al gobierno, que son realizadas con la complicidad de las autoridades y exacerbadas por la dirigencia “madurochavista”.

Asimismo, la disposición de los grupos opositores a realizar acciones con mayor decisión y audacia, compelidos por la actitud gubernamental de no dar espacios para el debate y el entendimiento respecto al futuro del país y sobre la importante transición política que debe producirse en breve, habida cuenta que difícilmente Maduro y su régimen tengan la capacidad para asumir las correcciones que demanda la necesidad de dotar al país de importantes ajustes en la economía, en la forma de gobernar, en la ética que debe observar un gobernante, en el respeto a los derechos humanos y políticos de los ciudadanos, en el orden público, en la seguridad tanto personal como en la aplicación de la justicia, en la autolimitación del gobierno a sus abusos y desmanes.

Los tiempos que se avecinan estarán signados por la violencia, la intransigencia y la confrontación. Así lo indica el contenido del discurso gubernamental. El irresponsable aprovechamiento por parte del gobierno del comportamiento irracional de las masas fundamentado en la intolerancia y en el odio de clases es una de las estrategias que ha venido siendo utilizada para tratar de amedrentar y acorralar a los grupos opositores.

La violencia institucional del gobierno al pretender gobernar sin haber dado cumplimiento a las exigencias constitucionales y sin la apertura de espacios para el diálogo y la concertación, imponiendo, por cualquier medio, un modelo de sociedad autoritario, excluyente y antidemocrático, y el cierre deliberado de las instancias a las que se podría acudir en demanda de justicia y control a tales exabruptos, son factores engendradores de violencia. A pesar de los llamados pacifistas de la oposición, podría desatarse en el seno de los desafectos al gobierno acciones de legítima defensa ante el arrinconamiento y las provocaciones de las que son objeto.

La sociedad venezolana no puede permitir que sean la violencia, la confrontación y la subversión social la única salida política que le queda a la oposición frente a las inaceptables pretensiones de conculcar los derechos básicos a la vida, la libertad y la dignidad. No se debe tolerar que el gobierno acose a la oposición y prosiga en el descabellado empeño de imponer un modelo de sociedad concebido para hacer a todos los ciudadanos vasallos del Estado.

La oposición transita una ruta pacífica, respeta las normas democráticas, ha formulado planteamientos que no han sido respetados por los poderes públicos y el aquelarre madurista. Es deber y responsabilidad del régimen usurpador, tomar las medidas necesarias que eviten llevar al país por un sendero de inútiles enfrentamientos fratricidas.