El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó el 30 de abril su Informe Anual 2023, su número 35 desde su creación el 15 de octubre de 1988 como una organización no gubernamental con énfasis en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El documento puede ser descargado aquí.
Esta es Venezuela en números después de 10 años de mandato de Nicolás Maduro Moros:
16% (solo) de los hogares consume una cantidad suficiente de alimentos.
50,6% dedica todo su presupuesto a alimentación.
45,2% de la población está en inseguridad alimentaria.
15,5% es el aporte calórico de una caja CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción).
4,5% es lo que representa la caja CLAP en el costo de la canasta alimentaria.
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69% de la población enfrenta severas restricciones para el acceso a agua potable.
61,9% de la población enfrenta graves fallas de electricidad.
49,4% de la población tiene escaso acceso a servicios de transporte.
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51% de la población de 3 a 17 años asiste irregularmente a la escuela.
56,6% de los que asisten a la escuela no recibe el Programa de Alimentación Escolar.
18% de los niños no asiste a la escuela.
7,5 puntos sobre 20 es el promedio de desempeño en matemática.
9,11 puntos sobre 20 es el promedio de desempeño en habilidad verbal.
74,6% de los planteles educativos presentarían una situación de precariedad en su infraestructura.
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69,6% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional.
102,5 dólares es el promedio de ingreso mensual por familia, que representa 12,8% de los bienes y servicios básicos.
39 puestos cayó Venezuela entre 2015 y 2022 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH).
119 es el lugar que ocupa el país en el ranking de IDH sobre 193 países analizados.
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70% de la caída de los servicios hospitalarios durante 2023,
80% de caída en los ambulatorios.
90% de caída en los centros de atención primaria,
103.300 denuncias registró Provea sobre el empeoramiento de las garantías del derecho a la salud en 2023.
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43.003 personas fueron víctimas entre 2013 y 2023 de violación de su integridad personal.
1.652 personas han sido víctimas de torturas.
7.309 personas han sido víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
10.085 personas fueron asesinadas entre 2013 y 2023 por agentes de seguridad.
28 personas murieron en 2023 como consecuencia de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Todas en centros penitenciarios y comisarías como consecuencia del precario -y a veces inexistente- acceso a alimentos, medicinas y condiciones de salubridad mínimas.
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96,3% es el índice de impunidad del Ministerio Público (MP).
1.842 acusaciones realizó el MP entre 2018 y 2022 sobre 50.855 investigaciones ingresadas.
1.691 imputaciones de femicidios sobre un total de 2.750 casos ingresados desde 2016 hasta octubre de 2023.