El flash de la cámara captó la imagen del asesino. Un nervioso Maikel Moreno, funcionario policial adscrito a la Disip era reseñado. Su rostro transpiraba copiosamente en una mañana atestada de comentarios. Temblaba de miedo después haber ultimado a un ciudadano. En una calle en las cercanías del paseo del Orinoco quedó el cuerpo inerte de un hombre bañado en sangre. Las primeras pesquisas hablaron de abuso policial. Prevalido de su poder de fuego disparó repetidas veces contra alguien que no se resistió. En 1987 fue condenado por este vil asesinato. Trató infructuosamente de alegar defensa propia. Un juzgado de Ciudad Bolívar lo condenó al encontrar pruebas suficientes. Sin embargo, las mafias judiciales lograron que su pena fuera reducida. Años después fue señalado como autor del crimen de Rubén Gil Márquez, quien cayó en medio de un tiroteo ocurrido en las afueras del Parque Central de Caracas. Un hombre marcado por dos crímenes siguió su ruta en las profundidades de las almas torcidas.
Las historias de Maikel Moreno son de vieja data. Su pasado oscuro fue su carta de presentación ante la sociedad venezolana, como paladín de una administración que cuenta con estos especímenes para avanzar en la destrucción nacional. Si contáramos con un gobierno medianamente decente, semejante histrión jamás hubiese llegado a conseguir posiciones relevantes, solo que el proceso se sustenta de ellos. Necesita imperiosamente del inescrupuloso en la idea de pervertirlo todo.
Maikel Moreno, quien fue procesado en dos oportunidades por los asesinatos de dos venezolanos, era premiado como la máxima autoridad del órgano rector del Poder Judicial del país. Semejante aberración solo es posible con este régimen. Es lógico suponer que quien ejerza semejante cargo tiene que gozar de una conducta recta. Un funcionario con una hoja de servicios en donde resalte la honorabilidad. Que sus dictámenes gocen del respaldo que genera una personalidad intachable. Con una formación académica de excelencia y comprobada a través de sus magníficos aportes. En el caso de la revolución sus funcionarios son prototipos de dudosa conducta. Por eso no debe extrañar que un expresidiario haya ostentado el cargo.
La Universidad Santa María le abrió una investigación sobre la autenticidad de su profesionalización. Inconsistencias en las notas en materias que jamás cursó. La casa de estudios se vio obligada a tener que actuar después del escándalo que produjo el haberle regalado el título a Blanca Ibáñez años antes. Tenían que contrarrestar el gran desprestigio originado en aquella época, que perjudicó enormemente su imagen académica. No obstante, Maikel Moreno se recibió de abogado. Un manto de silencio cubrió todo el affaire.
El exmagistrado Luis Velásquez Alvaray lo acusó en 2006 de formar parte de la llamada “banda de Los Enanos”, un grupo supuestamente integrado por jueces, fiscales y abogados con vinculaciones políticas que corrompían el sistema judicial venezolano.
La imputación formal del Gran Jurado Federal en Miami contra él, conocida el pasado 26 de enero, calcula que entre 2014 y 2019 el expresidente del TSJ había recibido 10 millones de dólares obtenidos de lavar fondos a través de la extorsión. El texto legal da cuenta de gastos millonarios de propiedades en Italia, Estados Unidos y República Dominicana, obtenidas por un abanico de fórmulas de soborno en materia civil y penal, tal como el cobro por condenar a inocentes con variación de decisiones, así como por salvar en tribunales a sus amigos empresarios para favorecer a contratistas del Estado venezolano. La decisión de autorizar la incautación de una planta automotriz de General Motors valorada en 100 millones de dólares. La investigación sigue su curso ante la aparición de nuevos casos.
Las autoridades italianas acaban de confiscar una propiedad de Maikel Moreno valorada en seis millones de Euros. Una cuenta en Suiza manejada por una empresa atribuida al expresidente del TSJ se encargó de la operación. Esta empresa viene siendo investigada por el lavado de dinero desde hace cuatro años. En la directiva de la misma aparece Maikel Moreno y su consorte, Débora Menicucci, como dueños de la misma. La propiedad está ubicada en las colinas de Lucca en la zona de Capannorese, en la aristocrática región de Toscana. En esta área se ubican varios funcionarios del gobierno venezolano, con grandes inversiones producto de la corrupción.
Un funcionario inmoral que es uno de los principales actores de este bandidaje que tiene su epicentro en Miraflores. Un régimen corrompido que sigue en su tarea de seguir destruyendo a la nación.
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