Entrampado en la tarea de resolver los conflictos intestinos de sus aliados de las FARC, el Cartel de los Soles atribuye los sucesos de Apure al patrocinio del gobierno de Colombia y el asesoramiento del Comando Sur de Estados Unidos para derrocar a Maduro. Pero ese argumento más bien parece dejar al descubierto los tremendos temores del régimen y los generales que lo han acompañado en la represión política y en el acosado negocio de la droga.
Quienes son señalados de usar el poder en Venezuela para hacerse de millones de dólares provenientes de actividades criminales tropiezan ahora con la determinación de Washington y Bogotá de salvaguardar su seguridad frente al narcoterrorismo. Y la vía para ello ha venido siendo cortar la principal fuente de financiamiento de los grupos que se apoderaron de las instituciones del país para permitir la entrada y salida de drogas ilegales.
Estados Unidos, atento al riesgo “muy real” que supone para ese país el tráfico de drogas a través de Venezuela, asomó a finales de 2019 que su estrategia se movía a hacer más despiadado el ataque a “la habilidad del régimen para traficar con drogas, una fuente vital de efectivo”. Por eso, el 26 de marzo de 2020 Washington le puso precio a la cabeza de Maduro por narcoterrorismo y por liderar el Cartel de los Soles –así como a las de otros integrantes del régimen, militares y civiles–, y pocos días después, el primero de abril, anunció el despliegue de barcos destructores y aviones cerca de Venezuela con la mira puesta en esa organización criminal.
Esa acción, que jerarcas del chavismo como el general Padrino López suelen atribuir a conspiraciones de la CIA y la DEA, la iniciaron las autoridades norteamericanas con el apoyo de más de 20 naciones; y un mes después de que la Junta Internacional de Estupefacientes, JIFE, un organismo independiente de la ONU, advirtió en un informe en Viena sobre las operaciones de mafias criminales para inundar de drogas Estados Unidos y Europa con la complicidad de militares y civiles del régimen venezolano agrupados en el Cartel de los Soles. El narcotráfico desde Colombia, dice el documento, cuenta con luz verde de militares en territorio venezolano.
Los efectos de los torpedos del Comando Sur sobre el régimen –con el decomiso de drogas de las que este obtiene financiamiento para mantenerse en el poder–, también parecieron explicar en 2020 por qué el general Padrino López afirmaba que en Venezuela no habrá más gobierno que la revolución, mientras que su jefe convocaba a elecciones parlamentarias con resultado cantado.
Ahora que la FANB fue llevada al difícil escenario de la guerra de guerrillas, el general Padrino López acusa a la DEA de ser el mayor cartel de narcotráfico del mundo y se queja de la reciente creación en Colombia “de una unidad élite de acciones especiales”. Resulta sin embargo improbable que la agencia antidrogas estadounidense olvide que el chavismo la expulsó del país en 2005 para facilitar el narcotráfico en complicidad con las FARC desde 1999. Esto y los preparativos de Bogotá para enfrentar el narcoterrorismo abren un flanco sumamente ingrato al Cartel de los Soles y sirve para entender qué puede estar detrás de las afrentas contra Bogotá y Washington.
Hasta hace muy poco el chavismo atribuía todos los males a “la obsesiva campaña de asedio orquestada por el agónico gobierno saliente de Estados Unidos contra Venezuela”, e incluso apostaba por un cambio de gobierno en Washington para liberar a Alex Saab, el testaferro de Maduro. Pero el presidente Joe Biden, un convencido de la lucha contra el narcoterrorismo, ha hecho saber que no habrá vuelta de página. Esto y las comprometidas operaciones de la FANB en Apure dejan suponer por qué hay algunos tan afectados por los nervios que hasta pretenden amordazar al periodismo. Los propios hechos en Apure, sin embargo, han corrido aún más el velo de la alianza criminal que se ampara en el negocio de la droga.