En la sociedad contemporánea, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social, el cumplimiento de las leyes y el buen funcionamiento del sistema judicial y la economía son principios básicos que deben ser observados para consolidar la paz y la gobernabilidad en democracia.

En el mundo actual se ha venido construyendo un sólido cuerpo de principios éticos para la observancia de los derechos humanos, institucionalizado a través de instancias como son, entre otros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Corte Penal Internacional, tratados y protocolos  internacionales, las convenciones de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Igualmente, el fortalecimiento del respeto a la ley y el buen funcionamiento del Poder Judicial es la respuesta que el mundo contemporáneo está tratando de dar a las amenazas que se vislumbran sobre la gobernabilidad.

El desarrollo de programas para promover la democracia como forma de gobierno, asegurar la vigencia de los derechos humanos y crear más legitimidad a través de adecuados y bien focalizados programas sociales son los aspectos más destacados que la comunidad internacional ha venido asumiendo multilateralmente. Democracias representativas, economías de libre mercado, gobiernos relativamente poco intervencionistas y protección de libertades fundamentales, son los  temas que conforman la estabilidad internacional necesaria para el progreso y el desarrollo. Se trata de una fuerte acción multilateral para garantizar elecciones limpias y transparentes, fortalecer los sistemas políticos y el establecimiento de una agenda para la lucha contra la pobreza.

Son esos los temas internacionales del futuro que irresponsablemente la dictadura  venezolana desdeña y que le está significando la profundización de su aislamiento creciente de los centros del poder mundial.

En efecto, los más recientes planteamientos de la comunidad internacional sobre la situación de Venezuela, particularmente, al conocer el contenido del informe de la Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el comunicado del Grupo de Lima, se ha producido una suerte de realineamiento, reacomodo y alejamiento paulatino de la actitud de apoyo irrestricto que habían venido sosteniendo, hasta hace poco, algunos países, otrora aliados al régimen de Maduro. Ello hace evidente que el régimen de Maduro ocupa el peor posicionamiento internacional que ha tenido  durante  los  años que lleva en el poder  y se profundiza el aislamiento de un régimen cuyas acciones están reñidas con las reglas multilaterales que observan las naciones para la convivencia pacífica.

Cabe destacar que el comunicado del Grupo de Lima va más allá de la retórica convencional de este tipo de documentos. A tal efecto, veamos algunos de sus planteamientos:

–Apoyo y reconocimiento de Juan Guaidó como la autoridad legítima de Venezuela.

–Enviar el Informe Bachelet  a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional como apoyo a la solicitud de enjuiciamiento a Maduro, formulada por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.

–Realización de elecciones presidenciales, con todas las garantías del caso, a la brevedad posible.

–Apoyo a las investigaciones sobre corrupción, narcotráfico, lavado de dinero que se adelantan internacionalmente contra  funcionarios y testaferros del régimen de Maduro.

–Rechazo a la presencia en Venezuela de agentes militares, de seguridad y de inteligencia de países extranjeros.

–Coinciden en que la recuperación de la democracia en Venezuela es una condición necesaria para la estabilidad institucional de América Latina.