Como si se tratara de un ensayo para salir de su casa a hacer mercado y evitarse las colas que se formarán por la nueva medida del número de cédula, la vicepresidenta del régimen dio el parte médico del miércoles 29 de julio pasada la medianoche.

Algunos pensarán que tenía cosas más importantes que hacer, pero dado el récord de logros de esta administración, esa posibilidad está completamente desechada. Lo que parece es que las cosas no andan muy bien y ya no saben cómo disfrazar el efecto devastador del covid-19 en Venezuela que hasta ahora habían logrado maquillar.

Demasiado tiempo mintiendo, eso hizo que la vicepresidenta se equivocara con la cifra de lamentables fallecimientos, entre los que nunca cuentan a los médicos que van cayendo en los hospitales “centinela”, porque nadie es capaz de asegurarles la debida protección. Simplemente quieren que la población quede en manos de los cubanos.

Ya no tienen camas en los hospitales (por lo menos que sirvan) y tampoco en los hoteles que han ocupado con personas contagiadas. Como es de suponer, las condiciones del parapeto que instalan en el Poliedro no deben ser las ideales.

A todas estas, la solución que se les ocurre es pedirle a la Iglesia que habilite los templos para recibir a los enfermos. Claro, piensan tratarlos como tratan a los retornados en la frontera, sin dotarlos de las facilidades y requerimientos sanitarios como agua corriente y baños, que ya dijo el cardenal que ninguna parroquia puede ofrecer.

Y en medio de este pavoroso escenario, al gobernador de Miranda se le ocurre que debe limitar el acceso a los alimentos. Una medida a todas luces improvisada porque ni siquiera se ocuparon de explicar cómo se aplicará eso de permiso para salir a comprar por el terminal del número de cédula. ¿Lo pedirán en los supermercados o también para transitar?

Lo que es seguro es que volverá el desorden y las colas kilométricas para entrar a los locales. Hay que recordar que la aglomeración de personas es la amiga más importante del virus. Con estas medidas tratan los gobernantes rojitos de que la población les haga caso, porque al parecer la parranda del 7 por 7 que inventaron confundió tanto a la gente que sin ningún miedo se lanza a las calles todos los días.

Sin embargo, lo más probable es que restringir la compra de alimentos afecte a la población más vulnerable en vez de beneficiarla. Una vez más, el que no haya cobrado el día que le toque, el anciano que dependa de terceras personas o el que trabaje y no llegue a tiempo al local, todos esos se quedarán sin comida.

Y mientras tanto, los cientos de personas que no guardan distanciamiento social ni cumplen cuarentena alguna en las zonas más populosas seguirán propagando el virus como si nada. La verdad es que dicen ser gobierno, pero no tienen autoridad, nadie les hace caso.

 


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