“Después de las ocho audiencias del Comité del Congreso que investiga la insurrección del 6 de enero, una cosa está clara: hay suficiente evidencia para procesar a Donald Trump por una variedad de cargos”. Esta es la conclusión de un reporte fechado el pasado 22 de julio de The Brookings Institution, fundada en 1916. La revista británica The Economist describe esta institución como “el más prestigioso think-tank de Estados Unidos de América”.
En lo esencial de esta investigación, sostiene el informe, el problema no es qué es lo que sabían las 10.000 personas que asistieron a la manifestación en Washington D. C. el 6 de enero de 2021 o lo que sabían las 2.000 personas que ingresaron violentamente al Capitolio. La clave es ¿qué sabía el presidente y qué pretendía? ¿Fue una manifestación pública fuera de control? ¿O fue el primer intento de un golpe de Estado orquestado por un presidente en la historia de Estados Unidos?
Para este plan subversivo, Trump hubo de depender de un grupo cercano de asesores como Rudy Giuliani, Jeffrey Clark, un abogado ambientalista del Departamento de Justicia y Mike Lindell, un millonario dueño de una fábrica de almohadas denominada My Pillow. A diferencia de la golpes de Estado de la historia, el de Trump no tenía conexión alguna con ningún segmento o facción de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, un contingente policial o de una agencia de inteligencia.
Intentar un golpe de Estado en una nación que cuenta con un contingente militar de más de un millón de hombres en armas, sin comprometer siquiera una facción de ninguno de sus componentes, más que ignorancia fue una estupidez que va camino a tener el mayor costo político en la historia de Estados Unidos. Henry Kissinger solía decir que “un bluff que se toma en serio es más útil que una verdadera amenaza interpretada como un bluff”. Lo de Trump fue un bluff que el establecimiento político y militar no tomó inicialmente en serio, pero fue sorprendido por su alto grado de audacia y mentecatez. Sólo un grupo de capirotes republicanos creyeron en el éxito esa ridícula asonada y están en lista de pagar un precio muy alto.
Es difícil resumir centenares de horas de testimonios, pero estos solo son algunos de los más comprometedores:
- Además de las acciones de Trump, se han agregado las que se abstuvo de cumplir. En otras palabras, si una persona tiene el deber legal de actuar, pero elige no hacerlo, podrían ser consideradas responsable por el daño resultante y está tipificado como delito de incumplimiento del deber. Todos los altos jefes militares del Pentágono, agencias de inteligencia y policiales de Washington han testimoniado que no fueron llamados por Trump para que actuaran ante el violento asalto al Capitolio.
- Su hija Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner admitieron bajo juramento que le hicieron saber a Trump, por todos los medios, que no hubo fraude electoral y la victoria era de Biden.
- Testimonios demuestran que Trump sabía que parte de la multitud del 6 de enero portaba armas y de todos modos intentó unirse a ellos en el Capitolio. El servicio secreto se lo impidió.
- Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que Trump sabía que sus afirmaciones de fraude electoral eran falsas.
- El Fondo de Defensa Electoral de Trump, después de ser derrotado en las elecciones, bajo el esquema de “robo electoral”, mediante el cual extrajo 250 millones de dólares de militantes y trabajadores republicanos, para la defensa de su “victoria” es considerada una estafa. Ni un dólar de esa suma recolectada entre trabajadores republicanos fue utilizada por Trump para alegatos judiciales. Así lo reconoció en su testimonio el exdirector digital de la campaña de Trump, Gary Coby.
- Cassidy Hutchinson, asistente del director de Gabinete de Trump, Mark Meadows, relató haber presenciado una conversación entre su jefe y Pat Cipollone, Consultor Jurídico de la Casa Blanca, en la cual este le dice: “Mark, tenemos que hacer algo, literalmente están pidiendo que se cuelgue al vicepresidente”. “Tú escuchaste a Trump”, respondió el jefe de Gabinete, “él piensa que Mike Pence se lo merece. Trump no cree que la turba esté haciendo algo malo”.
- El testimonio de Hutchinson ha sido tan contundente que The New Yorker destacó en un titular en estos términos: “Independientemente de los obstáculos legales que surjan para condenar Trump nunca más se le debe permitir acercarse al poder”.
¿Un proceso político o penal?
Los elementos de culpabilidad que encuentre la Comisión Investigadora del Congreso no tienen consecuencia jurídica directa en un juicio a Donald Trump. Sus resultados serán remitidos al Departamento de Justicia y con la recomendación de su enjuiciamiento. Sólo el Departamento de Justicia está en capacidad legal de formularle cargos. El presidente Biden no podría ordenar al Departamento de Justicia su procesamiento o el de abstenerse en formularle cargos. En esta materia el Departamento de Justicia es constitucionalmente independiente. Sólo el secretario de Justicia, Merrick Garland, está en capacidad legal para decidir en base a las resultas de una investigación, a proceder o abstenerse de someter al expresidente Trump a un juicio penal que finalmente decidirá si es culpable o inocente.
El The New York Times y el The Washington Post, revelaron la pasada semana haber recibido de 3 fuentes diferentes que fiscales federales del Departamento de Justicia han interrogado a testigos en los últimos días sobre la participación directa del expresidente Donald J. Trump en sus esfuerzos por revertir su derrota electoral. Un caso raro de revelación de las secretísimas investigaciones del Departamento de Justicia, lo cual sugiere una rara y agresiva actitud.
La pregunta es, dice The Brookings Institution, ¿existe suficiente evidencia para enjuiciar al expresidente Donald Trump por su papel en la insurrección? El fiscal general, que se ha negado a comentar públicamente ha prometido “seguir los hechos a dondequiera que conduzcan”, insistido y persistido en recalcar que “en Estados Unidos nadie está por encima de la ley”. “¿Y un expresidente”? replicó un periodista. “No sé de qué otra forma decirlo, nadie, nadie está por encima de la ley”, contestó el secretario de Justicia Merrick Garland.
Los lectores de The New York Post y el The Wall Street Journal, así como la audiencia de Fox News se encontraron la pasada semana con una revelación, Rupert Murdoch, propietario de esta cadena mediática declaró públicamente, que Donald Trump “no había cumplido su juramento de defender y proteger la Constitución”. Durante estos últimos seis años Rupert Murdoch había defendido a Trump con fanática pasión. De repente se volvió contra el expresidente, con inusitada saña. Los fiscales del Departamento de Justicia están más restringidos por la ley que los congresistas y obligados a mantener sus investigaciones en secreto. Para enjuiciar a Trump los fiscales del Departamento de Justicia deberán convencer a todos los miembros del jurado que Trump cometió uno o varios delitos “más allá de toda duda razonable”.
Si Trump fuera juzgado y absuelto, lo repotencia políticamente. Si fuera condenado no existe impedimento legal para que se postule de nuevo como candidato a presidente desde la prisión, creando una situación política tan extraordinaria, que Trump confía que el gobierno la evitará a toda costa, y él se saldría con la suya.