Debilita la lucha contra la dictadura
Cuando leí en La Gran Aldea (ver: https://lagranaldea.com/2024/04/13/el-largo-brazo-de-los-analistas-y-el-lobby/) la reseña de una reunión en la Universidad Católica Andrés Bello dudé de su veracidad. No era fácil creer en un reunión en el seno de una universidad de prestigio y de decididas luchas por la democracia, cuyos objetivos fuesen los de tratar de impedir sanciones externas a la dictadura venezolana y promover la candidatura presidencial de Manuel Rosales. Aunque reconozco el pleno derecho que asiste a un grupo de compatriotas de reunirse para establecer una posición en torno a un asunto de interés nacional, me pareció extraña su orientación, pues los asistentes mencionados incluían a varios quienes hacen mucho énfasis en la unidad de la oposición mientras la reunión parecía estar dirigida a erosionar la candidatura de unidad de María Corina Machado y a pedirle a Estados Unidos que no reanudara las sanciones petroleras a Venezuela, oxigenando al régimen de Nicolás Maduro.
La existencia de un comunicado por parte de los asistentes a esta reunión y de más de 600 otros firmantes en señal de acuerdo con lo allí discutido, despejó todas las dudas que había tenido sobre su existencia.
¿Dónde se llevó a cabo y quienes asistieron?
La reunión se efectuó en una oficina de la Universidad Católica Andrés Bello, aparentemente convocada por el rector Arturo Peraza S.J. Dada la postura que prevaleció en esa reunión, en aparentemente clara discrepancia con la candidatura de María Corina Machado y para pedirle a Estados Unidos que no impusiera de nuevo las sanciones petroleras a la dictadura de Nicolás Maduro, somos de la opinión que la sede elegida para la reunión fue infortunada, dado que solíamos asociar a la UCAB con un apoyo total a los resultados de la elección primaria de octubre de 2023, favorables a María Corina Machado. La nota de La Gran Aldea nos dice que en la reunión el rector Peraza promovió la candidatura de Manuel Rosales.
Los nombres de los asistentes mencionados en la nota de La Gran Aldea incluyen, cito textualmente: “Jesús, Alfredo Infante, muy activo en la convocatoria. Abrió el encuentro el propio Infante, luego hablaron Luis Vicente León, seguido por el profesor Michael Penfold y después el dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, Stalin González. También asistieron personas vinculadas con Fedecámaras como Jorge Botti, Jorge Roig y Tiziana Polesel; miembros del partido Fuerza Vecinal como el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, y David Uzcátegui. Por el Foro Cívico estuvo Mariela Ramírez; por Primero Justicia (PJ), Henrique Capriles, Tomás Guanipa, María Beatriz Martínez y el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez; de otros espacios de la sociedad civil participaron la psicóloga Colette Capriles, quien ayudó en la organización de la reunión; la abogada Claudia Nikken, miembro de la delegación opositora de Barbados; el director de teatro Héctor Manrique; y un par de sacerdotes más vinculados al Centro Gumilla. Hubo intervenciones de distinto tenor. Una de las que más impactó fue la del rector Peraza, quien sostuvo que no entendía cómo la Plataforma Unitaria (PU) aún no apoya a Manuel Rosales. ‘¿Cómo es posible que sigan sin tomar una decisión? Lo que corresponde es apoyar a Rosales y después ver cómo se entienden con la señora’, sentenció. La señora es María Corina Machado”.
Si este párrafo es correcto, es indudable que allí se produjo un ataque fuerte en contra de la unidad de la oposición. Ese es el caso, entre otros, de Capriles, de León, del padre Peraza, de Roig, de Stalin González, de Botti. La nota agregaba, al final:
“Una fuente en Washington, relacionada con estos temas, explicó que petroleras y gasíferas internacionales, bonistas, figuras de la boliburguesía y parte del empresariado están impulsando y financiando la agenda antisanciones. Para ese fin, se indica, es clave que el candidato opositor participe y dé tinte de legitimidad a las próximas elecciones presidenciales”.
Hago notar: yo estoy en Washington, pero no soy la fuente mencionada.
La Universidad Católica Andrés Bello muestra serias contradicciones internas.
Parecen existir serias contradicciones en el seno de la UCAB, pues mientras el rector tiene una posición francamente melcochosa y complaciente con relación al régimen de Maduro, el director de su Centro de Análisis Político, Benigno Alarcón, sostiene una posición principista muy clara en sus análisis, como puede verse aquí: https://politikaucab.net/2024/04/08/hora-de-definir-posiciones-dentro-y-fuera-de-venezuela-con-maduro-o-con-la-democracia/, donde dice: “Se vienen desarrollando dos estrategias de lobbying paralelas, en las que participan actores internos y externos. Una aboga por que se eliminen las sanciones como mecanismo de presión, un cabildeo que ha perdido fuerza ante los acontecimientos de restricciones electorales y actos de represión y otra que considera que las sanciones siguen siendo una herramienta que genera impacto en determinados sectores del gobierno y que pudieran marcar la diferencia en momentos clave en estos meses electorales”.
Alarcón parece estar pensando en su propio rector cuando agrega: “La situación en Venezuela no admite medias tintas ni existen posiciones intermedias y acomodaticias y que reaccionarán acusándonos de maniqueísmo: es hora de definir posiciones tanto para los actores internacionales como para los actores internos: ¿Estamos con Maduro o estamos con la democracia?”.
El comunicado generado por los asistentes a la reunión de la UCAB
A la versión dada por La Gran Aldea sobre lo acontecido y dicho durante la reunión, de tono favorable a Rosales y a la eliminación de las sanciones, agregamos el texto del comunicado, el cual está redactado con mucho cuidado, pero formula claramente un pedido de eliminación de las sanciones y carece de un claro apoyo a la candidatura unitaria de María Corina Machado o su designada. El comunicado, firmado por 647 compatriotas, dice:
“Atendiendo al hecho de que la mayoría manifiesta hoy el deseo de votar en la elección presidencial del 28 de julio de 2024, a pesar de las dificultades presentes, como vía para la transformación del conflicto y superación de la crisis, que mantiene a la mayoría de nuestra población en condiciones de vida inaceptables, diversos ciudadanos, ciudadanas y sectores de la sociedad civil, de sectores empresariales, la academia y universidades, las iglesias y comunidades de fe y de organizaciones sociales, comprometidos con la libertad, la democracia y la necesidad de independencia e integridad de las instituciones del Estado valoramos como indispensable, tras un proceso de consultas y diálogo social, hacer públicas las siguientes consideraciones:
1) Las ciudadanas y ciudadanos venezolanos estamos llamados a defender el derecho constitucional a establecer libremente nuestra voluntad política y procurarnos el desarrollo económico, social y cultural, como condición esencial para el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, su promoción y fortalecimiento. La garantía de estos derechos depende en esencia de la lucha cívica por el respeto y ejecución de procesos constitucionales y políticos que los hagan vigentes en la práctica.
2) El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, como parte en el proceso de negociación México-Barbados, tiene la obligación de cumplir con lo acordado en materia de derechos políticos y garantías electorales con relación a la elección presidencial. En especial, debe garantizar a los venezolanos y venezolanas que se encuentren en el país o en el exterior que puedan ejercer su derecho a elegir, para lo cual es necesario, entre otras acciones, ampliar el lapso y las capacidades para el registro o actualización de datos de los electores; que los candidatos, candidatas y partidos puedan concluir el proceso de postulaciones a la elección sin más restricciones que las que establece la Constitución y las leyes; que se desplieguen las misiones calificadas de observación electoral, nacionales e internacionales; que el sistema electoral sea debida y oportunamente auditado, con la participación de todos los actores y en compañía de la observación electoral calificada; que los candidatos inscritos y la diversidad de actores políticos y sociales puedan llevar adelante, en seguridad, la campaña electoral; que desde el Estado se respete la normativa electoral.
3) La Plataforma Unitaria de Venezuela, también como parte en el proceso de negociación México-Barbados, junto a los demás factores democráticos que participaron en la primaria, tiene igualmente la obligación de honrar lo acordado en Barbados, a pesar del incumplimiento reiterado de la contraparte; el legítimo derecho a exigir la plena garantía de los derechos civiles y políticos de todos, incluyendo el respeto al mandato del proceso primario del 22 de octubre de 2023; y asimismo la responsabilidad de conciliar, de manera urgente, un candidato o candidata presidencial que pueda efectivamente participar en la elección planteada y movilizar a su electorado.
4) El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la Plataforma Unitaria de Venezuela, la diversidad de actores políticos y sociales, así como todos los ciudadanos y ciudadanas estamos llamados a promover un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas, con respeto a la ciudadanía, la autoridad electoral, los actores políticos, la Constitución y las leyes del país.
5) La comunidad internacional debe mantener su compromiso de coadyuvar a abrir oportunidades para la transformación del conflicto político, a través de la vía electoral y el diálogo, contribuyendo a construir incentivos para avanzar hacia una negociación integral y estructural que ofrezca garantías a todas las partes, para que el conflicto se administre en el marco del Estado de Derecho y, sobre todo, considerando a quienes más han sufrido por la prolongación del conflicto y sus consecuencias sociales y económicas. Las señales que debe enviar la comunidad internacional deben ir en la dirección de apoyar a Venezuela a reintegrarse a sus circuitos económicos y geográficos naturales, reinstitucionalizar las relaciones diplomáticas y destrabar el diálogo político y social con todos los sectores del país.
6) En ese sentido, es necesario que se preserve la ruta de flexibilización de participación de Venezuela en el mercado energético internacional y se evite que su reversión, en medio de la campaña presidencial, no sólo tenga impactos negativos en la calidad de vida de la población, sino que complique aún más las posibilidades de continuar las negociaciones que nos permitan las mejores condiciones competitivas para el próximo proceso electoral y el tránsito de más largo plazo hacia la reinstitucionalización y el reencuentro nacional con la edificación de un Acuerdo Integral de Convivencia Política y Social.
Los venezolanos y venezolanas tenemos derecho a la libre determinación, a transitar la ruta electoral, entendiendo que el voto es hoy la principal herramienta, pacífica y democrática, para expresar los deseos de transformación política, social y económica de las grandes mayorías y representa la oportunidad de mediar en la construcción de los mecanismos de resolución de la crisis. Esto requiere un compromiso de todos con progresos sólidos, sustanciales e irreversibles que prioricen el respeto y la garantía de los derechos de todos, pues “no se trata solo de elegir gobernantes sino de democratizar la sociedad y de incorporar a todos los sectores de la población al progreso social”.
Caracas, 12 de abril de 2024
Siguen 647 firmas.
Comento de la siguiente manera:
Concuerdo plenamente con el punto 1. Sobre el punto 2 hago notar que allí se habla de respeto para los candidatos inscritos pero no se hace referencia alguna de apoyo a los derechos de las candidatas María Corina Machado y Corina Yoris, negados por el régimen. Es en el punto 3 donde se le asigna a la Plataforma Unitaria el deber de defender la candidatura de la ganadora de las primarias de octubre, sin que los firmantes del comunicado expresen mucho entusiasmo propio. Concordamos con el punto 4. El punto 5 suena irreprochable, aunque podría interpretarse como un llamado a la coexistencia con el régimen, al hablar de ofrecer garantías a todas las partes mediante una negociación integral y estructural.
Considero el punto 6 inaceptable.
El punto 6 dice textualmente: “Es necesario que se preserve la ruta de flexibilización de participación de Venezuela en el mercado energético internacional y se evite que su reversión, en medio de la campaña presidencial, no sólo tenga impactos negativos en la calidad de vida de la población, sino que complique aún más las posibilidades de continuar las negociaciones que nos permitan las mejores condiciones competitivas para el próximo proceso electoral y el tránsito de más largo plazo hacia la reinstitucionalización y el reencuentro nacional con la edificación de un Acuerdo Integral de Convivencia Política y Social”.
Este es el punto donde, a pesar de la cautela en el uso del lenguaje, se le ve la cola al saurio. Aquí se pide la no reanudación de las sanciones petroleras a fin de poder continuar las negociaciones con el régimen y para no perjudicar las condiciones de vida de la población. Si esto es dicho con la mejor intención posible, creo necesario decir que los firmantes muestran una total ignorancia de la realidad política venezolana. Aquí se habla de no aplicar sanciones para incentivar al régimen a continuar negociaciones, ignorando que la cosa es al revés, que las sanciones serían la respuesta necesaria a la violación del diálogo por parte del régimen. ¿Hasta cuándo seguir dándole al régimen el beneficio de la duda, cuando han abusado de esta actitud una y otra vez? De igual manera, parece mentira que se siga pensando que las sanciones son la causa de las privaciones del pueblo venezolano, cuando es público y notorio que Tareck el Aissami y su pandilla se apropiaron de miles de millones de dólares de la nación ante las narices cómplices de buena parte del régimen y que los ingresos del régimen podrían satisfacer las necesidades básicas del pueblo si se administrasen honestamente. Nos preguntamos cuántos de los 647 firmantes del comunicado de la UCAB han reflexionado sobre esto antes de poner su firma para apuntalar el régimen forajido.
Lo dicho en este punto revela una ingenuidad rayana en la estupidez o, peor aún, una expresión de apoyo al régimen. Es debido a este punto que La Gran Aldea define al comunicado como el producto de un cabildeo de factores interesados en mantener al régimen libre de hacer sus barrabasadas, siempre y cuando fluya la actividad petrolera sin trabas. ¿Quiénes son ellos? La Gran Aldea menciona los siguientes: las empresas petroleras como Chevron y Pdvsa y sus mensajeros, los alacranes de la seudo-oposición, los empresarios prostituidos al régimen, así como algunos venezolanos que poseen bonos de Pdvsa y juegan a la protección de sus intereses (algunos de ellos miembros de la pandilla chavista/madurista).
Lo que estamos viendo en Venezuela es, con buenas o malas intenciones, la pérdida de la brújula moral, sin la cual una sociedad se va inevitablemente al foso. La necesidad de esa brújula moral no parece estar clara para algunos de los asistentes a la reunión de la UCAB.
Michael Penfold, uno de ellos, nos dice:
“Lo cierto es que el debate (venezolano), tal como está planteado, es inútil y solo va a profundizar frustraciones y ahondar en más divisiones y conflictos. La razón por lo cual eso está ocurriendo, es porque toda la discusión se ha dado en el plano cuasi moral (quiénes son los buenos y los malos). Esto impide enfrentarlo desde el plano de la ética política. (subrayados míos).
Nos preguntamos:
¿Es que hay una ética política diferente a la ética pura y simple?