No cabe dudas de que los requisitos para postular a la Presidencia del la República dejan mucho que desear. El debate sobre el tema es arduo. Es difícil de entender cómo es posible que muchos trabajos soliciten estudios y un curriculum impecable para acceder a ellos, mientras que para ser jefe del Estado solo se requiera ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años y gozar del derecho de sufragio; como indica el artículo 110 de nuestra Constitución Política.
Sin embargo, más allá de los requisitos, considero que deberíamos precisar un poco más en los impedimentos. La Ley Orgánica de Elecciones -gracias a la Ley 30717 que la modificó- establece que no pueden ser candidatos a la Presidencia de la República, desde hace unos años, las personas que han sido condenadas como autoras de delitos como terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, corrupción, peculado y colusión. Estas no podrán ser candidatos en las elecciones generales. Aun cuando estas sean “rehabilitadas”.
Es posible que a la mayoría del pueblo le guste esta ley. Capaz algún comunista imposibilitado a aspirar a la presidencia por haber cometido uno de estos delitos querría que la deroguen -después de con mucha frustración haber tenido que poner al “prosor” como su candidato-, pero dejemos que siga ahí.
Sin embargo, considero que la ley soslayó un delito que, hoy en día, nos puede ir generando un problema: el homicidio -con todos sus tipos-. Es que si, aunque suene inaudito, un homicida, como el hermano de nuestro expresidente Humala, puede ser candidato, y, por ende, puede anhelar con la indecorosa y tosca idea de ser el presidente del Perú. Craso error por parte de nuestros legisladores que no previnieron un supuesto de este tipo.
Hay que ser honestos. Después de lo visto en los últimos años, no considero para nada irrealizable una segunda vuelta con el homicida autor del “Andahuaylazo” contra el opositor de turno. Tras ver como un iliterato llega a la presidencia, con un partido como Perú Libre lleno de militantes del Movadef y un presidente condenado por corrupción, ningún escenario nos debería sorprender.
No por nada, con un ego supino, Antauro salió a amedrentar al Poder Legislativo, exclamando que de ser propuesta y aceptada una ley que le impida postular a la presidencia, se aparecería en las puertas del Congreso con medio millón –número más que hiperbólico y difícil de creer- de reservistas, para atentar contra el Estado de Derecho.
A pesar del amedrentamiento, el Congreso no solo debe tener el tema en su lista de prioridades, dado que, más allá de una posibilidad de ver a Antauro en las elecciones, es alarmante que en nuestro Estado se permita la posibilidad de que un homicida luego de “rehabilitarse” pueda dormir en Palacio siendo mantenido por todo el pueblo peruano. Por más que exista la resocialización del reo, no podemos tener tanta fragilidad en nuestro sistema que se permita que personas de ese tipo de calibre puedan llegar a asumir cargos públicos de esta envergadura.
Artí culopublicado en el diario El Reporte de Perú