El vocablo armas generalmente se asocia a instrumentos destinados a causar lesiones físicas o la muerte, en el peor de los casos cuando se trata de los seres humanos. Y siendo ellas requeridas para hacer la guerra o para cometer crímenes, ninguno de estos dos vocablos son gratos a nuestros oídos.
Bien sabemos que hay diversidad de armas, unas físicas o materiales, como son las de fuego y las denominadas armas blancas, también las de guerra, y dentro de estas últimas las de gas. Afortunadamente, los seres humanos tenemos el privilegio de poseer las armas más poderosas, las intangibles, armas del intelecto. A las citadas en primer lugar las denominamos convencionales o clásicas, destinadas más a la agresión que a la defensa. En cambio, las intangibles, netamente intelectuales conducen a crear, a lograr y ampliar la cultura, la civilización y el progreso en todos los aspectos del quehacer humano.
Pero, las más poderosas armas con que contamos los seres humanos son, en orden jerárquico, la educación, la salud, el trabajo, el arte, la tranquilidad de conciencia por no haber hecho mal al prójimo y también el conocimiento de las ciencias. Con ellas, diríamos, con ideas creativas y emprendedoras se accede a diálogos constructivos, se debate civilizadamente y por esos caminos trazados y recorridos santamente se accede a la mejor manera de solucionar conflictos sin acudir a otros menesteres censurables.
Necesariamente, el hombre tiene que valerse de su intelecto para todo cuanto considere positivo, como lo es la educación y todo cuanto han creado los seres humanos. Su inagotable facultad inventiva le acompaña siempre. Con esa arma intangible el hombre ha hecho la ciencia y la filosofía, ha creado el arte y ha escrito la historia. Ha inventado tecnologías, máquinas y herramientas con todo lo cual ha hecho posible el desarrollo industrial y comunicacional. Algo imposible de lograr con cañones y municiones.
Volviendo a las armas materiales, corresponde al Estado establecer las normas reguladoras del uso de ellas. En Venezuela la Constitución Nacional en su art. 324 establece: “Solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra”. Por su parte, el Código Penal y otras leyes tipifican los delitos en que suelen incurrir los particulares en cuanto al porte y uso de armas.
Adicionalmente, el art. 68 de la misma Constitución consagra el derecho que tienen los ciudadanos a manifestar pacíficamente y sin armas, y prohíbe, expresamente, el uso de substancias tóxicas por parte de las autoridades en el control de las manifestaciones.
Por cuanto las guerras constituyen páginas horribles de un odioso pasado histórico, los gobiernos de los distintos países deberían, en bien de la humanidad, abstenerse de distraer sus recursos económicos en la adquisición de material bélico. Y, en su lugar, emplearlos en la formación de recursos humanos y potenciar así las armas intelectuales, la mayor riqueza que puede atesorar el hombre.