En Venezuela la informalidad comenzó cuando el primer gobierno democrático, en los años 59-64, instrumentó la reforma agraria, y como esta falló comenzaron a venir los campesinos a las grandes ciudades a buscar empleo, unos encontraron trabajo en ciertos ministerios (porteros, choferes, etc). Otros, salieron a las calles a vender objetos, bisutería e integraron los barrios y rápidamente los dirigentes políticos de AD y Copei los buscaron como una cantera electoral, al solucionar ciertos problemas puntuales como agua, luz eléctrica, escaleras etc.
Luego, se presentó el proceso de industrialización mediante fuertes protecciones arancelarias y para-arancelarias y paradójicamente se tuvo que traer personal especializado del exterior (torneros, soldadores, y mecánicos) porque el trabajador venezolano no estaba capacitado.
La economía informal se ha transformado en el gran “talón de Aquiles” de la economía latinoamericana al no contribuir con la seguridad social, impuestos, y ganar bajos sueldos y baja productividad. En 1986 un libro atrajo las miradas y la atención sobre el problema de la informalidad en América Latina. En efecto, El otro sendero, escrito por Hernando de Soto, en Perú, descubre o desentraña que la enorme informalidad que rodea a la sociedad peruana, tiene sus orígenes en la maraña de regulaciones, leyes, decretos administrativos, etc, etc. Esta selva de disposiciones legales y sublegales (decretos del Poder Ejecutivo) ha acabado por impulsar la corrupción, y la estructuración de una informalidad que ha salvado del hambre y de una mayor miseria al pueblo peruano.
De acuerdo con un informe económico del Banco Interamericano de Desarrollo, cerca de 58% de los trabajadores en la región detenta un empleo informal, en comparación con menos de 20% en las economías avanzadas y cerca de 50% en algunos países en Asia. La región –además– tiene el segundo promedio más alto de informalidad en el mundo, apenas por debajo del África Subsahariana, donde alcanza 90%. En América Latina y el Caribe, 80% de los trabajadores en el decil más pobre son informales, y en algunos casos (Guatemala, Honduras y Haití) más de 80% de todos los trabajadores son informales. Después de que pase la crisis de la pandemia, es muy posible que la mayor parte de la recuperación del empleo se produzca en los empleos informales, lo cual agudizará los niveles ya elevados de informalidad. Según los redactores de aquel informe existirían tres grandes motivos que explican la alta informalidad en América Latina y el Caribe. En primer lugar, el bajo nivel y calidad del capital humano entre los pobres ha hecho difícil que los menos capacitados ingresen en los mercados de trabajo formal. En segundo lugar, los impuestos sobre la nómina, con un promedio de 28%, (negritas nuestras) desalientan la contratación formal. Y, en tercer lugar, para superar la falta de protección social en el sector informal, hay gobiernos bien intencionados que crearon una red paralela de protección social para los trabajadores informales; estos programas incluyen Progresa en México, y Bolsa Familia en Brasil. Han mermado la pobreza y la desigualdad, pero funcionaron como una especie de subsidio a la informalidad, dado que el beneficio se acaba cuando se obtiene un empleo formal.
Sea como sea, decimos nosotros: hay otro gran factor que produce la informalidad que son las políticas de sobrevaloración de los signos monetarios que han obstaculizado y siguen obstaculizando una mayor producción exportadora, desvinculada de las materias primas.
Dresser Pereira, economista brasileño, ya ha realizado estudios en este sentido. La sobrevaloración hace más dependientes a estos países de la exportación de materias primas como productos agrícolas (café, plátanos, arroz, y metales y combustibles). Esta situación aunada con las barreras arancelarias y para-arancelarias dentro de América Latina reduce aún más artificialmente los mercados y la productividad de las economías, minimizando la creación de trabajos de sólida productividad.
Por otra parte, según el índice de libertad económica confeccionado por la Fundación Heritage, solo Chile tiene un lugar (rango) regular entre los países con mayor libertad económica en el mundo (19), Perú tiene el puesto 50, México el 65, Ecuador el 149 ¡Brasil el 143!, Bolivia el 172, Guatemala el 75, El Salvador 94 y Colombia 49.
Aquí tenemos algunos datos puntuales sobre el Perú tomados del extensísimo informe de la Fundación Heritage que apoya a su índice:
La ley peruana reconoce los derechos de propiedad, pero el sistema judicial es lento para escuchar casos y emitir decisiones. La corrupción está muy extendida y afecta a toda la sociedad y a todos los niveles de gobierno, especialmente la contratación pública. Aunque el presidente Vizcarra logró aprobar tres reformas destinadas a frenar la corrupción tanto en el Poder Legislativo como en el Judicial, posteriormente fue acusado y destituido por el Congreso. De acuerdo al Banco Mundial las transferencias y subsidios para costear la electricidad, combustibles y otros productos y servicios, alcanzaban el 45% del Presupuesto Fiscal. También en Perú, el arancel promedio es el 18% y tiene 183 medidas para-arancelarias.
De modo que no es la economía libre de mercado la que rige al Perú sino una especie de economía mixta. También Ecuador que se ha beneficiado de una dolarización que le ha ayudado a combatir la inflación y a evitar fuga de capitales, presenta los siguientes puntos negativos. En efecto, para Ecuador también nos revela la Fundación Hermitage lo siguiente:
La corrupción socava la protección de los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos. La independencia del poder judicial se ha fortalecido en los últimos años a pesar de las continuas deficiencias sistémicas. A finales de 2019, un tribunal confirmó la condena de un exvicepresidente involucrado en el escándalo de Odebrecht. La corrupción sigue siendo omnipresente, pero el puntaje y la clasificación de Ecuador mejoraron significativamente en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional.
La libertad comercial de Ecuador ha disminuido a niveles cercanos a los de las economías reprimidas. El aumento de los costos de creación de empresas dificulta el espíritu empresarial. El Consejo Nacional de Salarios y el Ministerio de Relaciones Laborales establecen anualmente niveles mínimos de compensación para el sector privado. Para ayudar a reducir su relación deuda / PIB, el gobierno está reduciendo gradualmente los costosos subsidios a los combustibles y reduciendo otros subsidios no focalizados.